El intendente confirmó a LMNeuquén el trámite para restituir las tierras al Municipio. Para los Paichil Antriao, Javier Murer se subió a la nueva ola de Javier Milei.
La playa del lago Correntoso es pública, pero si alguien quiere acampar o usar las parrillas tiene que pagarle a la comunidad Paichil Antriao.
El conflicto por el camping mapuche del lago Correntoso, en Villa La Angostura, entró en una escalada sin fin. El intendente Javier Muerer apoyó un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) que ordena el desalojo del lugar, y la comunidad mapuche Paichil Antriao presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Sin embargo, la feria judicial congeló cualquier movimiento, y dejó al municipio en una posición latente. ¿Qué opciones legales hay sobre la mesa? ¿Y cuáles son los argumentos que frenan esta situación? Las negociaciones fracasaron y la política se metió de lleno en la villa en torno a la historia de este lugar.
"Pasé la orden a nuestro Departamento de Legales para que inicie los trámites correspondientes para la restauración del predio al Municipio", dijo el intendente Murer, en diálogo con LMNeuquén. Es decir, que la mecánica del desalojo sería inminente, luego del levantamiento de la feria.
El caso lleva más de una década. La comunidad Paichil Antriao sostiene que el camping, que no es más que un pedazo de tierra en los alrededores de la playa del lago Correntoso, es parte de sus tierras ancestrales, protegidas por la Ley 26.160, que impide desalojos en territorios indígenas hasta que se complete un relevamiento territorial.
Esa ley fue vetada hace uno meses por el presidente Javier Milei, y habilitó el avance de la comuna, para reivindicar esas tierras fiscales.
Camping mapuche: personería y tierras
La comunidad está inscripta en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), desde el 5 de junio de 2007, mediante la resolución 1220, tiene el relevamiento completo, pero aún no está la firma. Todo estaba por resolverse durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, pero el cambio a Milei frenó el proceso que buscaba la comunidad: tener el documento que avala que son dueños originarios de esas tierras.
Según Luis Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad, “el relevamiento está terminado, pero falta la firma del INAI para oficializarlo. Quieren desalojar antes de que el INAI diga que es ocupación tradicional y ancestral”.
Por otro lado, el municipio reclama el espacio como parte de un juicio de reivindicación iniciado en 2013. El TSJ había resuelto, en abril de 2024, reconocer a la Municipalidad de Villa La Angostura la posesión de una fracción de tierra que la comunidad Paichil Antriao utilizaba como “concesionario” del camping municipal. En ese sector también está la toma de captación de agua de la ciudad.
Sánchez planteó que el apuro por ejecutar el fallo responde a una coyuntura política, que en estos tiempos, con el cambio de época que propone el presidente Javier Milei, favorece a la Municipalidad de Villa La Angostura.
“Con el cambio de gobierno y un contexto de avance contra los derechos indígenas, buscan desalojar antes de que el INAI confirme la titularidad comunitaria. Si lo hacen después, incluso ganando el juicio, el municipio tendría que restituir las tierras”, sostuvo.
El abogado también cuestionó la imparcialidad del TSJ, y aludió a posibles presiones políticas: “Busamia (vocal del TSJ) comenzó a hablar del fallo en los medios antes de dictarlo. Lo recusé, pero salió justo cuando la comunidad había terminado el relevamiento. Esto es claramente político”.
¿Qué pasará ahora?
El intendente, tras mostrarse dubitativo, finalmente optó por acatar el fallo del TSJ. Sin embargo, según Sánchez, “no está claro si es boconeo mediático o si realmente llevará adelante el desalojo”, pese a que el intendente confirmó a este diario que está promoviendo la restitución del camping. La comunidad, por su parte, está preparada para resistir.
Un punto crucial es que la queja presentada ante la Corte Suprema no suspende la ejecución de la sentencia del TSJ. Esto significa que, legalmente, el Municipio puede avanzar con el desalojo, incluso sin un fallo firme.
Pero Sánchez advirtió sobre esta situación: “Si ejecutan la sentencia y después la Corte nos da la razón, el Municipio tendrá que asumir las consecuencias”.
Las opciones sobre la mesa
El conflicto tiene tres escenarios posibles, más allá de que el intendente dijo que promoverá el desalojo o la restitución de esas tierras, tal cual el fallo del TSJ. Una es el desalojo inmediato, donde la comuna podría avanzar, asumiendo los riesgos legales y políticos si la Corte finalmente falla a favor de la comunidad.
Otra opción es esperar a la Corte Suprema, y aunque esto implica una demora considerable, evitaría posibles costos económicos y reputacionales para el Municipio.
También hay una salida política, un acuerdo entre las partes, aunque poco probable, que podría evitar la confrontación directa. Precisamente esta es la opción que le critican al Murer, los concejales opositores de Juntos por la Libertad (Lilia Vidal) y José Dino (Juntos por el Cambio).
“Esto no es blanco o negro”, concluyó Sánchez. “Hay que mirar el bosque. La comunidad está decidida a resistir porque esto no se trata solo de un espacio físico, sino de su identidad y derechos”.
El próximo movimiento dependerá de cuánto peso decidan asumir las autoridades municipales en esta compleja partida. Mientras tanto, el reloj de la política y la Justicia sigue corriendo para ambas partes.
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