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Alta tensión en Corea del Sur: acusaciones y Ley Marcial

El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol declara una ley marcial tras acusar a la oposición de paralizar al Gobierno y simpatizar con Corea del Norte.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, implementó una ley marcial de emergencia, un paso que provocó una gran controversia tanto a nivel nacional como internacional. En su declaración, Yoon acusó a la oposición política de intentar socavar al Gobierno, controlando el parlamento, simpatizando con Corea del Norte y bloqueando la actividad administrativa del Ejecutivo.

En una conferencia de prensa televisada, el mandatario prometió "erradicar las fuerzas pro-coreanas" y proteger la constitución del país. La medida, que prohíbe las actividades parlamentarias y de los partidos políticos, ha sido rechazada por los líderes de la oposición, quienes la consideran un ataque a la democracia y a la constitución.

El discurso de Yoon fue recibido con gran preocupación. En su mensaje, el presidente dejó claro que la ley marcial tiene como objetivo restablecer el orden y eliminar lo que calificó de "fuerzas antiestatales". Sin embargo, los detalles sobre cómo afectarán estas medidas a la democracia surcoreana aún no se precisaron.

La agencia estatal Yonhap informó que los militares han prohibido actividades parlamentarias y de los partidos políticos, lo que ha dejado claro el nivel de control que se busca imponer. A pesar de la declaración, Yoon aseguró que la política exterior del país no cambiará y que Corea del Sur seguirá cumpliendo con sus compromisos internacionales.

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El presidente Yoon Suk Yeol declara la ley marcial en Corea del Sur

El presidente Yoon Suk Yeol declara la ley marcial en Corea del Sur

El anuncio se produce en un momento crítico para Yoon, cuyo índice de aprobación cayó de manera sostenida en los últimos meses. Desde su llegada al poder en 2022, el presidente ha tenido dificultades para avanzar con su agenda debido a la oposición del parlamento, que ahora está bajo control de sus rivales políticos. La confrontación más reciente involucra el recorte de 3.000 millones de dólares en el presupuesto propuesto por Yoon para 2025, una medida que el Gobierno ha calificado como un intento de frenar la capacidad del Ejecutivo para llevar a cabo sus políticas.

La crisis interna y el futuro del presidente

La crisis interna también se intensificó con las recientes destituciones de funcionarios clave, como el presidente de la Junta de Auditoría y el fiscal jefe, decisiones que Yoon interpretó como parte de un "complot de insurgencia". En su opinión, estos actos representan un desafío directo al orden constitucional y la estabilidad del Estado. Además, el rechazo de Yoon a las investigaciones independientes sobre los escándalos que involucran a su esposa y otros altos funcionarios ha avivado aún más las tensiones con la oposición.

El anuncio de Yoon también causó malestar dentro de su propio partido. Han Dong-hoon, líder del Partido del Poder Popular, calificó la medida de "incorrecta" y exigió su levantamiento en el parlamento. Esto refleja las profundas divisiones dentro del entorno político surcoreano. Aunque la ley marcial tiene el respaldo de parte del Gobierno, algunos miembros del Partido del Poder Popular también han mostrado reservas, lo que indica que la situación podría generar nuevas fracturas en el poder político del presidente.

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A pesar de la división interna, Yoon mantuvo un mensaje de firmeza en su discurso. Aseguró que su Gobierno está dispuesto a tomar las medidas necesarias para restaurar la normalidad en el país, aunque reconoció que esta ley marcial podría generar inconvenientes para los ciudadanos que apoyan el orden constitucional. En su intervención, hizo un llamado al pueblo surcoreano, pidiendo su confianza y prometiendo que su vida estaría dedicada a proteger la República de Corea libre.

El futuro inmediato de Yoon Suk Yeol dependerá de cómo logre gestionar tanto la crisis interna como la reacción internacional ante la aplicación de esta ley marcial. Si bien se ha comprometido a erradicar lo que considera amenazas al Estado, el impacto de sus decisiones sobre la democracia, el equilibrio de poder y las relaciones internacionales de Corea del Sur permanece incierto.

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