Cuba se declara en "economía de guerra" y lanza un nuevo ajuste

La severa crisis económica que sufre Cuba, especialmente por el alza en los precios de los productos de primera necesidad, obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a cambiar su política y aplicar un ajuste presupuestario para adecuarse a lo que denominó “una economía de guerra”.

El nuevo paquete de medidas incluye una reducción de los gastos del Estado, un esquema de precios únicos y regulaciones destinadas, según el gobierno, a “corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante 2024”.

La intención de las autoridades cubanas es tratar de reducir el enorme déficit fiscal que, según estima el propio oficialismo, alcanzará este año el 18,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

El gobierno busca bajar el álto déficit fiscal

La situación se ha vuelto sumamente crítica, con protestas constantes de la gente ante los cortes de luz, la falta de productos de primera necesidad y la suba de precios.

A tal punto llegó la crisis que a fines de febrero pasado el gobierno tuvo que pedir ayuda al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para poder mantener la distribución de leche subsidiada a los niños menores de 7 años.

El gobierno busca poner precios máximos a los productos de primera necesidad.

El gobierno busca poner precios máximos a los productos de primera necesidad.

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En qué consiste el cambio

El Consejo de Ministros decidió lanzar “un nuevo grupo de medidas” que vienen a sumarse al severo plan de ajuste anunciado en diciembre pasado.

A fines de 2023, el primer ministro Manuel Marrero ya había aplicado un ajuste que incluyó el aumento del 400% en los combustibles, incrementos en las tarifas del transporte estatal y la suba de algunos impuestos.

Este es el segundo ajuste económico en el año

En esta nueva etapa, las autoridades evitaron dar precisiones y utilizaron un lenguaje técnico poco claro para explicar su plan. Sí se sabe que van a fomentar la producción de alimentos y tratar de poner en orden las maltrechas empresas estatales.

Según la viceministra Primera de Economía, Mildrey Granadillo de la Torre, habrá "una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal como al no estatal”.

El Consejo de Ministros analizan las nuevas medidas.

El Consejo de Ministros analizan las nuevas medidas.

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Bajo este esquema, las autoridades cubanas están comunicando al sector privado su decisión de poner un tope a los precios de seis productos básicos: pollo, aceite, salchicha, pastas alimentarias, leche en polvo y detergente.

Así intentan bajar la inflación creciente, que en todo el 2023 terminó en un 30%. La economía se contrajo un 2% y la moneda cubana se depreció más del 50% frente al dólar y el euro en el mercado informal.

Díaz-Canel, según el diario oficialista Granma, aseguró en el encuentro de ministros que reducir el déficit presupuestario es una “prioridad”. También abogó por “tener más control sobre los gastos” e, incluso, “cancelar un grupo de ellos que hoy no se pueden ejecutar”.

El mandatario remarcó que las causas de esta compleja situación en la isla están muchas veces “directamente relacionadas con la burocracia y el ineficiente control que estamos realizando desde nuestro sistema institucional”.

Granadillo, por su parte, aseguró que las nuevas medidas buscan “corregir desequilibrios macroeconómicos, incrementar la captación de divisas al país por diferentes vías y conceptos, incentivar la producción nacional, con énfasis en la producción de alimentos, y ordenar el funcionamiento de las formas de gestión no estatal”.

La economía cubana, fuertemente afectada por la crisis.

La economía cubana, fuertemente afectada por la crisis.

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Siguen las protestas

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró 671 protestas y denuncias públicas en la isla durante junio, una cifra que refleja el alto nivel de descontento social y la oposición creciente contra el régimen.

La inflación económica, a la que hay que sumar una persistente crisis de combustibles, escasez de alimentos e insumos médicos, entre otras problemáticas, vienen alimentando el descontento en un país que cada día se asemeja más a una olla de presión a punto de estallar.

El OCC remarca que las protestas y denuncias tuvieron como respuesta los arrestos de decenas de participantes en los cacerolazos; condenas de cinco a siete años de prisión contra cinco activistas por salir con carteles a la calle y subir un video a las redes; acoso contra religiosos, comerciantes privados, artistas, filántropos y otros actores de la sociedad civil.