Joel Cano había renunciado a su cargo en Nuevo México tras la detención de un venezolano al que señalan como supuesto miembro de esa pandilla.
El presunto miembro del Tren de Aragua vivía en una vivienda que el juez compartía con su esposa y su hija.
Cercado por un contexto adverso, Joel Cano renunció en marzo pasado al cargo de juez que desempeñó durante 15 años en Nuevo México, Estados Unidos. Un mes después, recibió una dura condena por parte de la Justicia, por albergar en una de sus propiedades a un presunto miembro de la peligrosa pandilla Tren de Aragua.
La dimisión la presentó luego de que las autoridades allanaran una vivienda de Las Cruces, en aquel mismo estado, y arrestaran allí al ciudadano venezolano Christian Ortega-López, de 23 años y quien no tenía la documentación en regla para estar en el país norteamericano.
No está claro cuándo formalizó esa decisión de renunciar a su puesto en el Tribunal de Magistrados del Condado de Doña Ana. Según Fox News Digital, su nota está fechada el 3 de marzo, aunque el portavoz de la Oficina Administrativa de los Tribunales (AOC) remarcó el Tribunal Supremo y el Tribunal del Tercer Distrito Judicial la recibieron recién el 31 de marzo.
Lo concreto es que la puso a disposición luego de aquel procedimiento en el que las autoridades hallaron en aquella casa a Ortega-López, quien había ingresado al país en forma ilegal en diciembre de 2023 por Eagle Pass, en Texas, y se encontraba bajo la lupa de la Seguridad Nacional de Las Cruces, tras ser puesto en libertad condicional.
Cómo llegó el presunto miembro de la pandilla a la casa del juez
López-Ortega vivía en una pequeña edificación cercana a la vivienda principal tras entablar una especie de amistad con la esposa y la hija del juez, luego de efectuar unos trabajos de construcción y después de ser desalojado del departamento donde vivía con otras cinco personas en El Paso.
Si bien había informado a la Justicia sobre su nueva dirección, el joven quedó en la mira del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) por las sospechas de que era “miembro de una banda criminal", el grupo criminal transnacional Tren de Aragua considerado como organización terrorista por Estados Unidos. Además, lo seguían porque "residía con otros extranjeros ilegales" y "estaba en posesión de armas de fuego”.
Por esto último, además de por su entrada ilegal al país, fue detenido Ortega-López. Fotografías publicadas en las redes sociales lo muestran sosteniendo armas en espacios que coinciden con el interio de la casa del juez.
Según el Albuquerque Journal, era la hija del juez, April, quien le permitía a López-Ortega portar y disparar varias armas de fuego, incluyendo rifles y una pistola, algo que la ley federal estadounidense les prohíbe a los inmigrantes sin documentos.
Se presunta vinculación con el Tren de Aragua proviene de tatuajes y ropa con emblemas específicos de esa organización criminal, además de comunicaciones que al parecer efectuó con otros presuntos miembros. El documento de la Justucia da a entender que ocultó esa relación a los dueños de la casa.
El Fiscal Federal interino de Nuevo México ordenó que el ciudadano venezolano detenido continúe en prisión preventiva hasta su juicio, donde podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión si es declarado culpable.
La dura condena de la Justicia para el juez
Un portavoz de la Oficina Administrativa de los Tribunales (AOC) confirmó la dura condena que el Tribunal Supremo de Nuevo México le impuso a Joel Cano.
El exmagistrado "no puede volver a ocupar un cargo judicial, ser candidato a un cargo judicial y no puede ejercer ninguna autoridad judicial en el estado, incluido oficiar bodas", detalló Fox News Digital, que accedió al documento.
De todas maneras, de momento, ni el juez al que relacionan con el Partido Demócrata ni su esposa fueron acusados formalmente por ningún delito, aunque la investigación permanece abierta bajo supervisión del Departamento de Justicia y agentes de Seguridad Nacional porque debe determinarse, por ejemplo, sí hubo complicidad por parte de los residentes del hogar.
“Exigimos una verdadera rendición de cuentas por la conexión del juez Cano con un criminal vinculado a una pandilla y total transparencia sobre cómo se está aplicando la ley a nuestro poder judicial, igual que al resto de nosotros. Ya basta”, exigió Amy Barela, líder de la bancada Republicana en Nuevo México.
Por su parte, Elon Musk, todavía integrante del gobierno del Gobierno de Donald Trump, de ese signo político, se refirió a la noticia del juez Cano con una contundente frase.
“Otro caso de corrupción judicial”, escribió el magnate que reducirá su tiempo de trabajo como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental, más conocido como DOGE (por sus siglas en inglés), tras la caída de las acciones de Tesla, una de sus empresas.
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