400 días de licencia en 4 años: empleada judicial cipoleña tenía dos empleos públicos más en Neuquén

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro resolvió la cesantía de una empleada judicial de la Cuarta Circunscripción con funciones en Cipolletti, al constatarse que trabajaba simultáneamente en otros dos organismos públicos en la provincia de Neuquén, algo que el reglamento del Poder Judicial y del empleado Público lo prohíbe.

La persona en cuestión había trabajado en Cipolletti en la oficina judicial y en la defensoría penal. Entre 2019 y 2023 registraba más de 400 días de licencias. Sus otros empleos: en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la obra social de los Petroleros Privados.

La agente, identificada con las iniciales P.P., fue sancionada tras un sumario administrativo que concluyó que su conducta violó las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública. El expediente también será remitido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para determinar si existió perjuicio económico al erario público provincial, lo que abre la posibilidad de que tenga que afrontar además una causa penal.

Licencias excesivas y traslado a otra provincia

El caso se descubrió a través de controles internos luego de que se detectara que la mujer había usufructuado más de 400 días de licencia en un lapso de poco más de cuatro años. En 2019 registró más de 100 días de licencia, y tras la llegada de la pandemia se trasladó a San Martín de los Andes, desde donde continuó desempeñando tareas laborales. En 2022 tomó 180 días de licencia extraordinaria sin goce de haberes, que luego intentó extender, aunque su solicitud fue denegada. No obstante, en 2023 volvió a tomar licencia por enfermedad de tratamiento prolongado, acumulando otros 255 días, y al año siguiente sumó más de 150 días adicionales, nuevamente sin goce de sueldo.

Empleos paralelos y descargo

La investigación determinó que la agente figuraba como empleada activa en tres organismos distintos según los registros de AFIP y ANSES. Esta situación, de acuerdo con la normativa vigente, constituye una clara incompatibilidad. El artículo 19 de la Ley L 3550 establece que es incompatible con la función pública desempeñarse al mismo tiempo en más de un cargo o empleo público remunerado, sin importar la jurisdicción.

En su descargo, la empleada no negó los hechos y sostuvo que desconocía que incurría en una infracción. También explicó que su situación se originó por cuestiones de salud propias y de familiares, motivo por el cual pidió licencias extensas en sus diferentes lugares de trabajo.

Decisión del STJ y posibles consecuencias penales

El fallo del STJ destacó que “la conducta exhibida por la agente se encuentra alejada de lo esperable de una empleada judicial” y que la incompatibilidad laboral implica una infracción grave a los principios de honestidad y buena fe que rigen el empleo público. La sanción de cesantía tiene carácter expulsivo y apunta, según el fallo, a “resguardar la confianza pública en la integridad del Poder Judicial”.

Además, se resolvió dar intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia para que analice si de la conducta se deriva un perjuicio patrimonial para el Estado rionegrino. De comprobarse esa situación, la Fiscalía podría avanzar en la formulación de cargos penales.