Acorralada y sin margen de maniobra, Gloria Ruiz acude a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
La vicegobernadora, suspendida de sus funciones, interpuso un recurso ante el máximo tribunal en lo que podría ser su última herramienta legal.
La vicegobernadora Gloria Ruiz -actualmente suspendida-, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para ser restituida en el cargo. El instrumento, que ingresó este martes, busca adelantarse a la decisión de la comisión que la evalúa por inhabilidad moral.
El escándalo legislativo que la involucra promete tener una resolución anticipada esta semana, pero la novedad de estas horas fue una maniobra de sus abogados. El recurso de amparo que ingresó hoy podría ser el último intento luego de la Justicia Federal declare su incompetencia territorial ante la denuncia realizada a diputados y funcionarios.
A priori, parece complejo que el amparo corra mejor suerte ante la Corte Suprema, debido a que no es el tribunal competente para entender, originariamente, en la acción interpuesta, porque se trata de una cuestión de derecho público provincial. Es decir, el proceso debería iniciarse y concluirse ante los tribunales locales, o sería necesaria la intermediación de un recurso extraordinario federal, algo excepcional que no ha ocurrido por el momento.
Para alcanzar el tratamiento -al menos- de la CSJN, la presentación de Ruiz debe probar una "lesión de garantías constitucionales". La vicegobernadora, denuncia la votación que determinó su suspensión como un acto “arbitrario e ilegal”.
Doble notificación a Gloria Ruiz para que ejerza su defensa
Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales (A) de la Legislatura de Neuquén citó el viernes, a las 14, a la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz, para que responda al informe de la comisión investigadora sobre supuestas irregularidades en el ejercicio de funciones como presidenta de la Cámara.
Al mismo tiempo, se realizó una segunda notificación por escribano, con el traslado del informe y firmada por el presidente de la Comisión A, el diputado Ernesto Novoa, que se envió al domicilio particular de Ruiz.
Es decir, se la notificó por dos medios: uno a través de la mesa de entradas de La Legislatura y el otro de modo personal.
A partir de ahora, Ruiz tiene tres días para hacer su descargo, prorrogable por otros tres más. Puede presentarse de manera personal o hacerlo a través de su abogado con un escrito. La decisión que tome los diputados la van a conocer el mismo viernes, salvo que la suspendida vicegobernadora decida antes de esa fecha comunicar que extiende a seis días el plazo para su defensa.
Cumplidos estos pasos, el informe para declarar o no la “inhabilidad moral” de Ruiz llegará al recinto, para lo cual se deberá convocar a una sesión especial que decidirá si se la destituye del cargo.
Las presuntas irregularidades
En el informe de la comisión investigadora se indica que se “ha detectado una alarmante cantidad de hechos que comprometen tanto la integridad del sistema administrativo de la Honorable Legislatura del Neuquén (HLN) como la confianza pública en nuestras instituciones”.
Entre otras irregularidades, se mencionó el uso indebido de fondos públicos, con transferencias y pagos a cuentas personales de funcionarios cercanos, “sin justificación documental adecuada, teniendo de un lado a la vicegobernadora girando los fondos y del otro a su hermano (Pablo) recibiéndolos”. La suma de estas transferencias de la Legislatura fueron en total de $51.853.244.
A su vez, se constató la designación de familiares directos de Ruiz en cargos estratégicos, “sin la acreditación de la idoneidad requerida para el desempeño de los mismos, dentro de la estructura de la Legislatura, muchas veces a través de intermediarios o contratos encubiertos, lo que no solo iría en contra de principios éticos básicos, sino que también facilitaría un control centralizado de áreas clave para la gestión de recursos públicos”.
Se identificó la posible utilización de fondos públicos para beneficio propio, en lo que tiene que ver con el pago de servicios de imagen para Gloria Ruiz a título personal, en su calidad de vicegobernadora de la provincia.
Además, se observó que “la práctica habitual" de la administración de Gloria habría consistido “en contratar bienes y servicios sin observar los procedimientos legales previstos a tal fin, sin licitación pública ni comparativas de precios, muchas veces utilizando justificaciones ajenas a las normativas legales”. Como también la obstrucción al control externo de parte de la presidencia de la Legislatura, relacionado esto con la “negativa sistemática a permitir auditorías del Tribunal de Cuentas, mediante trabas administrativas y falta de acceso a información crítica”.
Todas las supuestas irregularidades, presentes en el informe de la comisión investigadora, se basaron en la información solicitada al Ministerio Público Fiscal, al BPN, a las áreas contables y de tesorería de Legislatura, al Tribunal de Cuentas, a Fiscalía de Estado y al Registro del Automotor.
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