Acusan a exfuncionarios por el millonario avión de la gestión de Arabela Carreras

No hubo informes técnicos rigurosos que respaldaran el gasto. Por el contrario, y de una manera mucho menos profesional, los costos fueron estimados en función del dinero disponible del Estado. Esa es la acusación por abuso de autoridad contra tres exfuncionarios que compraron un avión por 4,2 millones de dólares, cuando los precios del mercado eran mucho menores.

José María Apud, Gonzalo Regueira y José María Scheverin son los exintegrantes de la gestión de Arabela Carreras que empezaron a defenderse este lunes por la mañana en Viedma, para evitar llegar a un juicio y a eventuales condenas por la licitación realizada a principios del 2021.

En la audiencia realizada en la capital provincial, el fiscal Juan Pedro Peralta les atribuyó “haber sido quienes entre el 5 de abril del 2021 y el 13 de abril del 2022 omitieron cumplir con el artículo 47 de la Constitución Provincial, en cuanto establece el principio de eficiencia para la administración pública provincia”, además de haber pasado por alto el artículo 86 de la Ley 3186, que dispone que las contrataciones del sector público provincial tienen como objeto permitir un aprovisionamiento eficiente de los bienes y servicio, y distintos artículos del Reglamento de Bienes de Servicios del Estado.

De acuerdo con la descripción de los hechos realizada por el representante del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, las irregularidades tuvieron un punto de partida en la conducta de Scheverin, que era director de Aeronáutica de la Provincia y no habría cumplido “con las normas que específicamente disponen que la estimación oficial del costo se realice mediante un informe técnico”.

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“Suscribió y aportó el informe de costo de adquisición de aeronave, a sabiendas de que el mismo carecía de rigor técnico, fundamentación, evaluación razonada de los costos y documentación respaldatoria que determinase que los valores se correspondían con valores de mercado”, precisó Peralta.

Por su parte, la acusación contra Regueira y Apud -que eran secretario de Administración y secretario General de la Gobernación, respectivamente- se centró en que “incumplieron con los parámetros de eficiencia, menor costo y defensa de la hacienda pública al aprobar e impulsar el trámite de la licitación, estimando el costo en un promedio de 3 millones de dólares”.

El fiscal fue enfático al remarcar que ese promedio surgió del informe de Scheverin, que no estimó los valores mínimos y máximos de una aeronave de esas características a partir de informes técnicos “sino porque era la suma de dinero disponible” dentro del presupuesto estatal.

“Además asintieron y confirmaron los importes consignados por Scheverin para el resto de los ítems”, agregó el representante del Ministerio Público. De acuerdo con la acusación, Regueira “condujo, impulsó y gestionó el avance del trámite de compra”, en tanto que Apud “emitió los actos administrativos pertinentes” hasta concretar la compra.

La defensa de los acusados por la compra del avión

Los tres imputados se presentaron en la audiencia de esta mañana con sus respectivos abogados defensores, quienes aseguraron que no había dolo en el proceder de sus defendidos, insistiendo en que la compra del avión se trató de una “decisión política”, que tuvo a estos exfuncionarios sólo como ejecutores del trámite administrativo.

En ese sentido, las defensas mencionaron las intervenciones en el proceso de otros exintegrantes del gabinete de Arabela Carreras, entre ellos los exministros de Salud, Fabián Zgaib; de Obras Públicas, Carlos Valeri, además de los responsables de la Fiscalía de Estado y de los órganos de control, que nunca cuestionaron el procedimiento de compra.

Finalmente, el juez Adrián Dvorzak consideró que se cumplían los requisitos mínimos para la formulación de cargos, por lo tanto, abrió paso a la segunda instancia del proceso, en el que las partes deberán producir prueba para un eventual juicio, que determine si existió responsabilidad o no de los acusados sobre el delito investigado.

Hay que recordar que la causa penal por la compra del avión se inició con una denuncia presentada por el exlegislador provincial del Frente de Todos, Pablo Barreno.