Al abogado que era presidente de Cormine lo alcanzó la tolerancia cero

La Tolerancia cero que, desde diciembre de 2023, rige en la administración provincial neuquina alcanzó ahora a un abogado que supo ser autoridad de la Corporación Minera del Neuquén (Cormine). Es otro capítulo más de la purga que está llevando adelante el gobierno provincial en los casos vinculados con corrupción.

¿Qué ocurrió? Pese a que no tenía autorización, representó legalmente a la empresa en un juicio, perdió y de todos modos le cobró. El ahora despedido se llama Martín Miguel Irigoyen.

El sábado, 8 de febrero, le enviaron la carta documento y se sumó a la lista de expulsados que integran ñoquis, indisciplinados e incluso sujetos que han caído en la comisión de delitos, y que siguieron cobrando del Estado durante el gobierno de Omar Gutiérrez.

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El abogado fue desvinculado del Cormine. Hacía años que trabajaba y había estado en varias gestiones de gobierno.

Según pudo saberse al respecto, la carta le fue enviada por el vicepresidente de esa compañía, Gabriel Enrique Ranucci, quien redactó literalmente lo siguiente: “Me dirijo a usted a fin de notificarle su despido con justa causa del cargo de gerente general de la empresa”. Irigoyen fue más que gerente. También fue director y presidente de esa corporación.

Abogado y expresidente de Cormine: ¡Afuera!

En su página oficial, la empresa se presenta a sí misma de la siguiente manera: “Nuestro objetivo es promover la minería en Neuquén, mediante una acción estatal complementaria de la actividad privada del sector, permitiendo la creación de nuevas fuentes de trabajo y el desarrollo sustentable de la actividad minera”. Y agrega: “Es una empresa minera estatal fundada en el año 1975”.

El tal Irigoyen parece no haber honrado ese ni otros compromisos. De hecho, en la carta documento lo intimaron “a no realizar ningún acto en representación de la empresa ni en perjuicio de la misma, como contrataciones, retiro de documentación del establecimiento”, etc.

Le endilgaron haber incurrido en una “grave injuria laboral”, “al haber intervenido en el doble carácter de apoderado y patrocinante en los autos caratulados “Acuña María Pascuala y otros C/Corporación Minera del Neuquén (Cormine SEP y otro S/cobro de haberes”. Esa causa es de 2015 y tramitó en la Justicia Laboral.

En Cormine dieron por acreditado que Irigoyen incumplió sus deberes de director, presidente y gerente general de la compañía, al comprometer la defensa judicial de la compañía y acordar con la otra parte el pago de un monto “superior al de la condena firme”. Encima le cobró honorarios a la empresa, pese a que no estaba autorizado a representarla.

El panorama para el despedido oscurece, ya que lo que podría seguir es una presentación en la Justicia Civil (para intentar recuperar lo que cobró) y una denuncia en la Justicia Penal, para que lo investigue por la presunta comisión del delito de defraudación contra la administración pública.

Estatales despedidos

El gobierno provincial continúa con la política de "tolerancia cero" frente a los trabajadores estatales que incurren en ausencias injustificadas, indisciplinas, inconductas y hasta delitos. Este viernes se conocieron otros dos despidos: un enfermero que presentó un certificado médico trucho y un subcomisario que robó 300 mil pesos durante un allanamiento.

El enfermero fue identificado como Ramón Hernández, un licenciado en Enfermería que se desempeñaba en Hospital Cutral Co - Plaza Huincul y al que le comprobaron la falsificación de un certificado médico, con sello y firma de una médica del mismo hospital.

En diciembre de 2022, la doctora realizó la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal (MPF). Allí, expuso que una compañera de trabajo le informó sobre la existencia de ese certificado que consistía en una licencia médica para un trabajador de una empresa tercerizada que le brindaba servicios al centro asistencial. Acorralado por las pruebas en su contra, Hernández asumió su responsabilidad en el delito que incluyó, por supuesto, la falsificación de firma.