Alerta por inminente desalojo a la comunidad mapuche Quintriqueo en Villa La Angostura

La comunidad mapuche Quintriqueo (Lof Kinxikew) presentó un recurso urgente ante la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes para frenar el desalojo de su territorio en Villa La Angostura, luego de que el juez subrogante Diego Bonorino rechazara la apelación que habían presentado y ordenara seguir con la ejecución.

Lo hizo a pesar de que el caso está en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de que el Estado argentino ya reconoció oficialmente la ocupación tradicional y ancestral de la comunidad sobre ese territorio. Se espera una intervención de Gendarmería Nacional, es por eso que hay alarma en la comunidad.

El conflicto es por la ocupación de tierras hace más de una década en la zona de Bahía Huemul, a unos 35 Km distantes de Angostura, por parte de la comunidad mapuche Quintriqueo. Es una causa donde María Cristina Broers reclama la posesión de la tierra, con una escritura.

Luis Virgilio Sánchez, abogado del Lof Kinxikew, explicó a LMNeuquén que lo que se presentó fue un recurso de reposición con apelación en subsidio, y que en ese escrito se notificó formalmente que la Corte Suprema tiene a estudio una queja en el expediente judicial. No obstante, hay alarma en la comunidad, ya que la justicia puede desalojar el predio.

Desalojo mapuche: juez se la agarró con el abogado

Pero Bonorino no hizo lugar a ello. En el fallo del 14 de abril, rechazó la apelación, minimizó el nuevo hecho del reconocimiento estatal y acusó al abogado de confundir al juzgado y a la ciudadanía, con una amenaza directa de denunciarlo ante el Colegio de Abogados de Neuquén, por supuestas faltas éticas.

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Villa La Angostura tiene muchos conflictos abiertos con las comunidades mapuche y tierras privadas.

Algo para tener en cuenta y que para la defensa de los Quintriqueo no es una casualidad. El mismo día del fallo del juez Bonorino, en forma paralela, el juez Eduardo Daniel Egea absolvió a Damián Olivero, lonko de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao, y a Jovita Cayupán, acusados de tentativa de robo y ocupación violenta de tierras. El fallo descartó la acusación de terrorismo y enmarcó el caso dentro de un conflicto social y territorial.

“Este juez viene tratando de desalojar a la comunidad desde 2018 y no pudo por nuestras presentaciones. Ahora me acusa de poco ético porque no puede avanzar. Dice que lo confundo. Si logro confundir a un juez, evidentemente estoy haciendo bien mi trabajo, porque defiendo los intereses de mis clientes”, dijo Sánchez en un mensaje contundente.

El trasfondo del conflicto tiene tela para cortar. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) emitió en diciembre de 2023 la resolución 332/23, donde declara que el Lof Kinxikew tiene ocupación actual, tradicional y pública sobre el territorio que ahora se pretende desalojar.

Pero el tema es que la resolución, firmada por el Estado nacional, es posterior a la orden de desalojo emitida en 2022 y configura un hecho nuevo, según el apoderado de la comunidad mapuche. Aun así, Bonorino no hizo lugar al hecho, con el argumento que ese reconocimiento no tiene valor porque “llega tarde”.

En su recurso de queja, el abogado afirmó que el juez “subvirtió el procedimiento” y “violó el derecho de defensa”, al rechazar la apelación sin analizar siquiera si correspondía tramitarla.

En ese sentido, señaló que se trata de una resolución “interlocutoria con efectos definitivos” porque pone en marcha un desalojo violento con uso de fuerza pública sobre familias, niños y adultos mayores mapuches.

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La comunidad Quintriqueo en Villa La Angostura.

“No se trata de una cuestión formal. Es un desalojo que puede tener consecuencias gravísimas y que incluso compromete al Estado argentino a nivel internacional. La Corte aún no se expidió, no puede ejecutarse una orden, así como si nada. El juez se dedica más a atacar al abogado que a resolver con criterio jurídico”, agregó.

En su fallo, Bonorino dedicó varios párrafos a descalificar personalmente al abogado, acusándolo de “confundir” al tribunal, de realizar presentaciones dilatorias y de perjudicar a la justicia.

¿Cómo sigue la causa?

Incluso lo apercibió para que no reincida, y amenazó con llevarlo ante el tribunal de ética profesional. “Es grave institucionalmente que un juez intente disciplinar a un abogado por ejercer la defensa de su cliente. No le gusta que no lo dejen desalojar, entonces ataca a quien lo impide”, escribió Sánchez en el recurso que ahora deberá resolver la Cámara.

El conflicto viene desde hace varios años. La comunidad vive en ese territorio desde hace décadas. En 2016 se dictó una sentencia que no reconoció la aplicación de la Ley 26.160. Sin embargo, desde entonces pasaron muchas cosas. Se avanzó con el relevamiento territorial, se formalizó la personería jurídica del lof, y se oficializó su ocupación tradicional con un acto del Estado argentino.

El dato más complejo es que el juez niega todo eso y se escuda en que la Ley 26.160 fue derogada en diciembre de 2024, pero para la defensa de la comunidad, no se anulan los derechos indígenas reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Ahora será la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes la que deberá resolver si frena o no el desalojo que se cierne sobre estas horas. El escrito ya está presentado, con duros cuestionamientos a Bonorino por excederse en sus funciones, hostigar al defensor de la comunidad y negarse a revisar hechos nuevos que pueden cambiar el rumbo del caso.

Hay una alerta de un operativo de desalojo sobre familias mapuches en un lote cercano a Villa La Angostura, y podría ser el principio de otras causas de reivindicación de tierras y desalojos en pausa.