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Aprueban ley para que la policía de Neuquén pueda usar las pistolas Taser

Deberán estar homologadas por Nación y los agentes tendrán que capacitarse para poder utilizarlas.

La Legislatura aprobó este miércoles en sesión un proyecto de ley que autoriza a la Policía de la provincia de Neuquén la utilización de las denominadas armas o dispositivos menos letales, conocidas como pistolas Taser.

La norma, cuya autoría es del diputado del PRO-NCN, Marcelo Bermúdez, fue sancionada con 25 votos positivos y siete negativos de Lorena Parrilli (Unión por la Patria) Ludmila Gaitán, Paola Cabeza, Daniela Rucci y Gerardo Gutiérrez (MPN), y los dos representantes del Frente de Izquierda, Gabriela Suppicich y Tomás Blanco.

La iniciativa establece que el uso de estos dispositivos debe darse en el ejercicio de tareas de prevención, detección y cese del delito. Y que se autorizarán las armas “debidamente homologadas por una autoridad nacional pertinente”, y que sean utilizadas “por otra fuerza de seguridad en el territorio nacional”.

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También prevé que la Policía de la Provincia del Neuquén debe “aplicar los protocolos nacionales e internacionales para la capacitación y uso de armas o dispositivos menos letales, así como las orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos en su empleo para el mantenimiento del orden”.

A su vez, los efectivos policiales tienen que recibir "capacitación especializada, como requisito esencial para la autorización del uso de armas o dispositivos menos letales” y que “la Policía de la Provincia debe instrumentar un registro donde consten los datos personales del capacitado, de su instructor, las fechas de capacitación y sus actualizaciones”.

Debate

Al defender el proyecto, Marcelo Bermúdez explicó que la intención es poder dotar al cuerpo policial de un arma menos letal que proteja “tanto al uniformado que interviene para prevenir un delito, la integridad física de terceros involucrados, la propia víctima y el delincuente que pretende llevar a cabo un acto delictivo”.

Reivindicó el hecho de que a la fecha la policía provincial sólo puede portar un arma reglamentaria 9 milímetros y que, por las consecuencias legales y laborales que puede ocasionar su uso, muchas veces el agente evita utilizarla al intentar detener a un delincuente.

Añadió que esta decisión de no utilizar el arma reglamentaria puede derivar en un daño físico para el policía, tal como ocurrió recientemente en un caso en la ciudad de Cutral Co. “Con el uso de un arma menos letal, esta situación se evitaba”, advirtió.

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Bermúdez recordó que los uniformados que la utilicen deberán dejar un registro fílmico de su accionar y consideró inoportuno cuestionar que se trata de un tipo de dispositivo que se pueda utilizar para persuadir un reclamo en la vía pública.

Desde DC-Comunidad, el diputado Ernesto Novoa señaló que ese tipo de armamento son dispositivos que “tutelan la vida”, en tanto evitan muertes y lesionados, y resaltó que en el territorio provincial casi todas las fuerzas de seguridad nacional cuentan con la autorización para utilizarlos y la policía de la provincia no.

Apoyo y cuestionamientos

Del bloque de UxP que votó en forma dividida, Darío Martínez defendió el apoyo al proyecto al evaluar que “cualquier arma menos letal que pueda utilizar la policía siempre va a ser mejor”, mientras que Lorena Parrilli consideró que se trata de una ley “amplia, desdibujada y poco clara” y cuestionó que el debate se haya realizado sin datos y sin los actores involucrados. Graficó que el 90% de los casos en los que se utilizan ese tipo de armas fue contra personas que no estaban armadas y aseguró que van a ser las oportunidades, y no la “sensación”, lo que va a resolver la situación de inseguridad.

Desde el bloque de legisladores del MPN, que también votó dividido, Ludmila Gaitán objetó que el Ministerio de Seguridad no se pronunció a favor de la implementación de armas no letales y calificó de “amplio y arbitrario”. Mientras que Gerardo Gutiérrez advirtió la falta de información respecto al desembolso que la provincia deberá realizar para la adquisición del equipamiento, el proceso de capacitación y la cantidad de uniformados que podrán portar este tipo de armas, además de sostener que en toda la normativa no se hace mención a un marco sancionatorio que castigue por su uso indebido.

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