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Archivaron polémica causa que puso en jaque a una organización social: el motivo

Se trata del escándalo que ventiló el manejo de planes sociales por parte de una organización administrada por mujeres que asisten con comida a familias vulnerables de Neuquén.

En julio de 2024, un mega operativo con 14 allanamientos golpeó de lleno a una organización por el manejo de planes sociales. La fiscalía investigaba una presunta defraudación al Estado y acusó a cuatro mujeres, entre ellas, Gladys Aballay.

El procedimiento se ganó el repudio de las organizaciones por "violento" y en declaraciones públicas Aballay reclamó por la detención de sus compañeras. "No tenemos camionetas ni terrenos, solo ayudamos a la gente", sostuvo la referente social.

Luego, del escándalo mediático a las pruebas, se cayó la acusación y los hechos le dieron la razón. El lunes, la misma fiscalía -de Delitos Económicos- que las había acusado, decidió archivar el caso ¿Qué pasó?

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Consultado al respecto, el abogado que asistió a las imputadas, Federico Egea, fue categórico: "Lo planteamos todo el tiempo: se probó que los hechos no existieron, nunca pasaron. Ni fraude ni extorsión".

En diálogo con LMNeuquén, recordó que la causa pasó por tres controles de investigación que demostraron lo que decía la parte. "La fiscalía no pudo probar irregularidad ni coerción El problema es que, durante estos ocho meses, expuso a un montón de mujeres a situaciones claramente estigmatizantes y con declaraciones mediáticas falsas, por lo que terminaron bastante afectadas, en su buen nombre y honor".

Recordemos que sufrieron allanamientos en sus domicilios, secuestros de teléfonos celulares, vehículos, computadoras y documentación; y algunas resultaron detenidas.

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Las imputadas, reconocidas como Gladys Aballay, Marisol López, Romina Pacheco y Graciela Leuno, trabajan para Manos Solidarias, una asociación civil que atiende a familias carencias de la ciudad de Neuquén. "Siguen trabajando haciendo lo que hicieron siempre, de manera transparente y con una gran vocación de servicio". comentó Egea.

El letrado contó que en el devenir de la investigación quedó acreditado que el dinero recibido para planes sociales se rindió oportunamente. Además, indicó, quedó demostrado que no pedían contribuciones obligatorias para acceder a estos planes. "Ni fraude ni extorsión, nunca pasó", insistió.

Piden el sobreseimiento

El fiscal Juan Manuel Narváez archivó la causa y notificó a los imputados el lunes. No obstante, la defensa insistirá con el sobreseimiento de las acusadas. "El archivo no cierra la causa de forma definitiva. Está bien, pero corresponde que la sobreseen", adelantó Egea.

Por tal motivo, hará el planteo en una audiencia fijada para el próximo 31 de marzo.

Mientras tanto, las mujeres están a la espera de que les devuelvan todo los elementos que les secuestró la Policía por orden judicial, entre autos, celulares, notebooks y documentación. "Padecimientos tuvieron un montón. Todavía no terminan de devolverles todo", cerró su abogado.

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La denuncia fue del ministro de Trabajo

La causa que ahora se archivó había iniciado a partir de la denuncia que realizó en su momento el ministro de Trabajo, Lucas Castelli.

En su respaldo, el fiscal jefe Pablo Vignaroli ofreció declaraciones radiales donde aseguraba que Aballay era la encargada de "tomar asistencia" a los integrantes de la organización para que asistan de manera obligatoria a marchas y cortes de ruta, según constató en grupos de Whatsapp que aparecen en los celulares secuestrados durante los operativos. Aclaró que aquellos que no concurrían perdían su premio: un bolsón de comida.

Sin embargo, la documentación que acreditó la organización echó por tierra esa acusación.

Aballay consideró que la denuncia del ministro Castelli sólo buscaba amedrentar a las personas de barrios vulnerables, que exponen la grave situación que se vive en los barrios.

"El único que robó plata y le sacaba plata a la gente era Soiza, era gente del MPN y no las organizaciones.", afirmó, en referencia a la estafa con planes sociales.

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