Audiencia clave por la estafa con planes sociales: el listado de sobreseídos y culpables con acuerdos

En una audiencia clave que se lleva adelante esta mañana, en el marco de la causa que investiga la estafa con planes sociales en Neuquén, se espera el sobreseimiento de seis personas, mientras que se pidieron diversos acuerdos de pena a otras nueve.

Se investiga una trama de asociación ilícita que en su momento contabilizó una defraudación al estado provincial por 153 millones de pesos con tarjetas de débito y cheques, por más de 3 mil operaciones de extracciones de dinero ilícitas en cajas de ahorro del Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Se trata de una importante audiencia previa al inicio del juicio, que llevará al banquillo al ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, a quien le fue negada la prisión domiciliaria que había solicitado por tener más de 70 años; Marcos Osuna quien estaba a cargo de la dirección de Gestión de Programas y Pablo Sanz, en Fiscalización, todos señalados como los principales cabecillas de la asociación ilícita. En esta instancia, la audiencia permite salidas alternativas al juicio a quienes tuvieron participaciones menores. Dentro de los acusados de mayor jerarquía también está acusado el excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.

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En el inicio de los fundamentos, el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez recordó que "oportunamente se les achacó haber formado parte de una asociación ilícita desde el 30 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2022. Se sectorizaron roles y niveles, con 5 personas que eran jefes en el nivel uno, luego colaboradores en el nivel 2; y reclutadores en el nivel 3. En el nivel 4 quienes iban al cajero o cobraban los cheques de manera indebida y nivel 5, imputados que obtuvieron beneficios por esa asociación".

Narváez hizo los pedidos para los siguientes imputados:

Sobreseimientos:

1. Marcela Soledad Albornoz

2. Cristian Javier Vergara

3. María Inés Elizabeth Huaiquipán

4. Analía Griselda Scherer

5. Paola Gabriela Zeballos

6. Lucía Mariel Soto

Acuerdos plenos:

1. Meza Lizama Adrián Alfredo

2. Rodolfo Andrés López

3. Valeria Noemí Honorio

4. Pamela Alejandra Cea

5. Roxana Gesel Tarifeño

6. Pamela Alejandra Rivera

7. Gustavo Roberto Mercado

8. Carolina Hernández

9. Julio Norberto Arteaga

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Sebastián Fariña Petersen

Estafa con planes sociales: fundamentos de la Fiscalía

Durante su alocución, Narváez fundamentó el sobreseimiento de Marcela Albornoz al entender que su participación fue "de menor relevancia, respecto de los roles de los imputados que continuarán a una etapa posterior" y señaló que "a ella se le imputó solo reclutar, y ella lo hizo respecto de solo una persona". El funcionario judicial explicó que el interés de la fiscalía es llevar el caso a juicio con los imputados que crearon la asociación, los correspondientes al nivel 1 y 2, esto es, "los organizadores y quienes permitieron que esos organizadores llevaran a cabo la maniobra". En este caso, dijo Narváez, Albornoz "era nivel 3".

En relación al pedido para Cristian Vergara, Analía Scherer, Paola Zeballos y Lucía Soto, el fiscal ponderó la colaboración que brindaron con la investigación. "Ha sido información coherente con la información externa que ha obtenido la fiscalía. Eran cobradores o extractores que llevaban el dinero a Sanz y a Osuna. Explicaron que lo hacían de la manera que indicaba la fiscalía, y señalaron a quienes tomaban las decisiones o daban órdenes, o les daban las tarjetas o los cheques a cobrar", manifestó y admitió que "cometieron conductas, pero por orden de los jefes, por lo que entendemos que su participación es de menor relevancia".

Sobre María Inés Huaiquipan, Narváez mencionó que "cobró solo 17 cheques" y, en la misma línea con lo planteado con anterioridad, destacó su colaboración y la información que brindó sobre las maniobras. "Ella lo que hacía era un rol de secretaria privada a favor de Soiza: trámites. Contó comportamientos de Soiza en la oficina, que no hace a los hechos, pero sí respecto de la conducta de Soiza en su lugar de trabajo, lo que condicionó el accionar de otras personas", señaló.

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Estafa con planes sociales, el punto de partida

La causa comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2022, cuando se realizó la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real, con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena, y fraude a la administración pública.

En noviembre de 2023 hubo una reformulación de cargos, se sumaron otros imputados y se fueron más atrás en el tiempo de los hechos, hasta 2020.

Según la teoría del caso que investiga la fiscalía, el delito alcanza a un grupo de exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.