Según el hecho que dio a conocer la fiscalía, el hecho tuvo lugar el pasado 20 de marzo en la Municipalidad y fue seguido de amenazas de muerte.
Un hombre y una mujer fueron acusados por un violento ataque al intendente de Las Coloradas y su pareja en la sede del municipio de la localidad. El intendente fue amenazado, pero su pareja se llevó la peor parte: fue empujada y recibió piñas en su cabeza, rostro y cuerpo, además de las amenazas.
La imputación la realizó el pasado 21 de marzo el asistente letrado Eduardo Dedominichi, en una audiencia realizada en Zapala y en la que además pidió que se impongan medidas cautelares a los imputados para proteger al jefe comunal y su pareja.
De acuerdo a la investigación provisoria, el hecho fue cometido el 20 de marzo de este año entre las 10:30 y las 11:30. El acusado, identificado con sus iniciales como "M.E.A", y la acusada, "J.L.B", fueron hacia la sede del municipio de Las Coloradas.
En el hall de ingreso, "J.L.B" comenzó a increpar a la pareja del intendente, mientras estaba acompañada por "M.E.A", quien llevaba un envase que contenía combustible.
En ese contexto, "J.L.B" se abalanzó sobre la mujer y, mientras ella estaba en cuclillas, la golpeó en la cabeza y la espalda con golpes de puño. Cuando la víctima intentó escapar, la acusada y el acusado la siguieron hasta que cayó sobre un banco luego de ser empujada y ahí, la imputada volvió a golpearla con la rodilla y los puños en distintas partes del cuerpo.
Luego, mientras era socorrida por otras personas, la víctima se dirigió hacia el área del Departamento de Sueldos del municipio, momento en el que el imputado la alcanzó y le dio dos golpes de puño en la cara y le gritó: “Te voy a matar, se les terminó la dinastía, uno por uno los voy a agarrar y los voy a hacer mierda”.
Como consecuencia de las agresiones, la mujer sufrió lesiones de carácter leve, con un mínimo de 21 días de reposo.
Ante esta situación, el intendente Lucrecio Varela intentó trasladar a su pareja desde la sede municipal hacia el hospital local. Fue en ese momento que "M.E.A" interceptó al jefe comunal y lo amenazó: “Te voy a hacer cagar”, le dijo, mientras sostenía el bidón.
Tras tomar conocimiento del hecho, el fiscal jefe Gastón Liotard ordenó la detención del acusado y la acusada hasta el momento de la audiencia.
Medidas para proteger al intendente y su pareja
Tras detallar el hecho, el delito que el asistente letrado atribuyó a ambas personas fue: para el caso de "J.L.B" lesiones leves en calidad de autora; y en el caso de "M.E.A", lesiones leves y amenazas (dos hechos) en concurso real, en calidad de autor.
Asimismo, como medida cautelar, Dedominichi requirió la prohibición de ingresar a Las Coloradas para ambos imputados por un plazo de 60 días, sobre la base de la necesidad de proteger a las víctimas de la agresión.
“Este es un caso de conmoción pública para la localidad”, indicó el funcionario y destacó que “la medida requerida no es de las más gravosas”. También, planteó que el imputado y la imputada estarían en condiciones de cumplir con esta medida, ya que cuentan con familiares en la ciudad de Plaza Huincul, donde podrían permanecer.
Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) destacó que las enfermeras del hospital local tuvieron que intervenir para que la acusada no ingresara al sector donde recibió atención la mujer a la que agredió, presuntamente para continuar atacándola. Utilizó este hecho para argumentar la necesidad de una medida que aleje a la imputada de la localidad.
Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías que intervino en la audiencia, Vanessa Macedo Font, avaló la formulación de cargos.
Sin embargo, sobre el pedido de prohibición de ingreso a Las Coloradas del acusado y la acusada, lo rechazó por considerar que faltaba información sobre la disponibilidad del domicilio ofrecido en Plaza Huincul, así como también sobre la situación laboral de ambos durante los 60 días de duración de la medida.
La magistrada resolvió imponer una prohibición de acercamiento al domicilio de las víctimas y al municipio por un radio de 100 metros de parte del acusado y la acusada; también hacia las víctimas en forma personal; así como de mantener contacto por cualquier vía; todo por un plazo de 60 días.
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