Conmovedor testimonio tras la condena por Aguada San Roque: "Es un mimo para el alma"

La Justicia decidió hasta cinco años de prisión efectiva para los culpables de la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque donde murieron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi. Sus familiares, junto a docentes de ATEN, celebraron la resolución que -consideraron- marca un precedente en el funcionamiento y resguardo de las obras públicas de Neuquén.

"Esta sentencia es un alivio. Es que lo que pasó fue magnánimo e incluso podría haber sido mucho más grave, o sea, no solamente con tres vidas perdidas, sino muchísimas más. Me siento agradecida porque al final la Justicia está escuchando las necesidades y las realidades de la gente", expresó tras la sentencia, Marcela Altube, esposa del gasista fallecido, Nicolás Francés.

La mujer se mostró muy conmovida por la resolución judicial, aunque igualmente reclamó que también debería haber sido declarado responsable el ex subsecretario de Obras Públicas de la Provincia, Roberto Deza. "Él era el jefe de la banda y tendría que dar respuestas", afirmó.

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Anahi Cárdena

Altube, recordó que los culpables dijeron durante el juicio que hacía 40 años se dedicaban a la obra pública y que lo dijeron con orgullo cuando quedó demostrada su "negligencia".

"No es raro que cada inicio de clases, cuando empiezan los primeros fríos, estalla una caldera. Siempre hay problemas con la calefacción y estamos a expensas de gente como esta que no hizo bien su trabajo", aseguró

La viuda contó que ella es docente y dijo que tras la tragedia que se llevó la vida de tres personas, entre ellas la de su marido, tendría "pánico" de entrar a un aula. "Pero realmente estoy muy feliz, muy conmovida porque por primera vez la Justicia está escuchando a la gente. No soy ingeniera, no soy arquitecta, pero da miedo sentir que estuvimos a expensas y en las manos de esta gente", afirmó.

Escarmiento

"No soy de las que habla de venganza ni de escarmiento, pero sí esto es como un llamado de atención. Porque no dejan de ser empleados nuestros y se creen que son de la realeza, son intocables. Entonces, al haber sido oídos por la Justicia es un mimo para el alma. Garantía y seguridad que estos personajes no van a estar más generando este tipo de tragedias", dijo Altube a LMNeuquén.

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"En la escuela pública no se puede morir"

Por su parte, Cinta Galetto, secretario general adjunta de ATEN celebró la sentencia judicial porque cuatro de los cinco culpables tendrán prisión efectiva a consecuencia de la "corrupción en la obra pública en la provincia de Neuquén".

"Hubo un sindicato que luchó por tener justicia, nos queda un montón por transitar, pero es la primera vez en la provincia y en el país que hay prisión efectiva a consecuencia de un hecho tan lamentable como este, que no puede volver a ocurrir, en donde existen muertes en una escuela pública, a consecuencia, insisto, de la corrupción en la obra pública", afirmó la gremialista, quien destacó además que es la primera vez que el sindicato lleva adelante una investigación con un equipo de abogados, con pericias y pruebas suficientes para comprobar que "la corrupción mata".

Para la dirigente esta sentencia marca el precedente de que "en la escuela pública no se puede volver a morir". "No es menor que el juez haya dicho que el Estado estuvo ausente. No es menor que un juez haya dicho que se dieron las condiciones para que estas personas continuaran trabajando, como dijo Norma, la mamá de Mónica cuando le tocó dar su testimonio. Acá hay una injusticia antes, durante y después de la muerte de cada uno de los compañeros", sentenció.

Galetto dijo que se sienten felices del logro colectivo e insistió en que la educación pública se defiende. "En la escuela pública no se puede morir y que le quede claro a la provincia del Neuquén que la corrupción en la obra pública mata", concluyó.

Federico Egea, uno de los abogados querellantes, consideró positiva la resolución judicial que demostró "la corrupción en la obra pública". "Más allá de no es la condena que nosotros hemos pedido, estamos satisfechos porque era el objetivo obtener la mayor cantidad de penas de cumplimiento efectivo en un marco de de razonabilidad", consideró.

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El abogado explicó que a los culpables aún les quedan instancias recursivas, y que no deberían ir a prisión hasta que la sentencia no quede firme. Y destacó que esta sentencia busca también generar mayor seguridad en las escuelas. "No sé en cuánto va a impactar, pero es una advertencia para que esto no vuelva a pasar", afirmó.

Dario Kosovsky, otro de los abogados querellantes dijo que "además de las ilegalidades que cometieron estas personas a lo largo de 2 años y medio de obra, como falsificar documentos públicos, simular que iban a una obra que no iban, delegar en personal clandestino la ejecución de la obra, los jueces tuvieron en cuenta que eran parte de una red de cobertura corrupta del poder ejecutivo, enquistada en obras públicas".

"Es muy importante que los jueces hayan visto que estas personas no vieron la dimensión de lo que ocurrió y hasta pareciera ser que se habían burlado de la situación cuando festejaron con brindis su jubilación después de la explosión. Creemos que esto se puede revertir, que el poder ejecutivo tiene que no solamente despedir a los funcionarios que siguen en actividad, sino también sacarle las jubilaciones que les otorgaron como si fuera un privilegio a personas que han cometido delitos", concluyó.

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