La situación desesperante que atraviesa un matrimonio y su pequeño de cinco años se conoció en las últimas horas.
Un terreno que fue escenario de un brutal femicidio hace más de una década se convirtió en el epicentro de una disputa judicial. Una familia que compró y pagó por el lote está a punto de ser desalojada, ya que la Justicia ha fallado a favor de los hijos de la víctima del crimen, quienes reclaman la propiedad como herederos.
En el medio de este conflicto, una mujer que invirtió todos sus recursos en construir su hogar se enfrenta a la angustia de perderlo todo sin recibir ninguna compensación.
La lucha legal se desarrolla en el oeste de la ciudad de Neuquén, sobre la calle Casimiro Gómez, a pocos metros de 1° de Enero. Allí, Antonella y Hugo residen desde hace seis años, convencidos de que su propiedad estaba asegurada. Su boleto de compra-venta expedido por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) les daba la tranquilidad de que el terreno era legítimamente suyo. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cambió su realidad y ahora, en cuestión de días, podrían quedar en la calle.
Un hogar en disputa
Antonella recuerda cómo comenzó la historia con este terreno. “Nosotros compramos el terreno hace seis años mediante un acuerdo con un familiar. No lo firmamos ante escribano, pero confiábamos en la legalidad de la operación. Nos mudamos y, a los tres meses de empezar a construir, nos llegó una carta de desalojo. Nos decían que había una persona que reclamaba la propiedad”, relató en diálogo con LU5.
Desde ese momento, iniciaron un proceso para regularizar la situación. “Nos defendimos con un abogado y fuimos al IPVU para hacer todos los papeles a nuestro nombre. Después de mucho trámite, el IPVU nos vendió el terreno oficialmente hace dos años. Desde entonces, estamos pagando las cuotas y tenemos todas las boletas al día. Pero ahora nos dicen que nos tenemos que ir”, explicó Antonella con angustia.
Su abogado le advirtió que en apenas 10 días podría llegarle la orden de desalojo. Lo que más la desconcierta es que el TSJ parece no considerar que el IPVU le vendió legalmente el terreno. “Yo tengo todos los papeles, luz, gas, agua, Rentas, municipalidad, todo a mi nombre. Pero ahora me sacan todo sin siquiera revisar mi situación”, lamentó.
La decisión judicial también afecta a su hijo de cinco años. “Esta es su casa, acá vive desde que nació. Ahora nos quieren echar sin darnos una solución”, afirmó.
El fallo del TSJ reconoce los derechos de los hijos de la víctima del femicidio que ocurrió en el terreno en 2013, quienes ya son adultos, pero ignora la situación de la familia que hoy reside en el lugar. “A ellos les reconocen el derecho al terreno porque su mamá fue asesinada, pero a mi hijo nadie lo considera. Él también tiene derecho a una vivienda”, reclamó Antonella.
El femicidio que marcó el destino del terreno
El terreno que hoy se disputa fue el escenario de un crimen en 2013. Mónica Arambuena fue asesinada allí por su pareja, Jaime Alfredo Orellana, dejando huérfanos a sus cuatro hijos.
La historia de Mónica es otra de las tantas en las que las denuncias por violencia de género no fueron suficientes para evitar un desenlace fatal. Vecinos y conocidos relataron que la mujer había buscado ayuda en reiteradas oportunidades, pero la justicia no tomó las medidas necesarias para protegerla.
El 22 de febrero de 2013, la violencia escaló a su punto máximo. Esa noche, Mónica y Orellana discutieron en la precaria vivienda que compartían en el barrio Belén. Ambos habían consumido alcohol cuando la pelea se tornó más agresiva. Frente a dos de sus hijos, de 11 y 13 años, Orellana tomó un cuchillo y la apuñaló en el corazón.
La escena fue desgarradora. La mujer agonizaba en el piso del comedor mientras sus hijos presenciaban el horror. Los gritos alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Mónica aún con vida, pero no pudieron salvarla. Fue trasladada al hospital Heller y luego al Castro Rendón, donde finalmente falleció alrededor de la 1:30 de la madrugada.
Mientras tanto, el femicida intentó escapar. Caminó descalzo y con las manos ensangrentadas hasta que fue interceptado por la policía a unos 300 metros de la vivienda. “Me mandé una macana”, dijo al ser detenido. Su hijo de 13 años, en un acto desesperado, lo persiguió y le arrojó piedras en un intento de detenerlo.
Orellana fue condenado en 2014 a 14 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo (Femicidio), aunque la pena fue reducida debido a cursos educativos que realizó en la cárcel. En 2025, podrá recuperar su libertad.
Una venta sin explicaciones y una decisión judicial tardía
A pesar de que la tragedia ocurrida en el terreno era conocida, el IPVU vendió el lote a Antonella y Hugo sin advertirles sobre el conflicto legal. “Nosotros no sabíamos nada cuando compramos. Antes de hacer la compra, fui al IPVU y pregunté si el terreno estaba a nombre de alguien, si tenía problemas. Me dijeron que no aparecía a nombre de nadie, que podíamos avanzar. Ahora resulta que sí tenía problemas, pero nadie nos lo advirtió”, explicó Antonella.
No fue hasta que se inició el proceso judicial que supieron que el terreno estaba vinculado a un femicidio y que los hijos de la víctima lo reclamaban como herencia.
Lo más grave es que el fallo del TSJ llega más de diez años después del crimen, cuando ya hay otra familia asentada en el terreno. “Esto lo tendrían que haber resuelto hace mucho tiempo. No ahora, cuando ya hay otra familia viviendo aquí”, argumentó Antonella.
Por su parte, el IPVU no ha dado respuestas sobre por qué vendió un terreno en disputa. “Fui a hablar con Enzo López, el abogado del IPVU, y me dijo que me quede tranquila, que con mi compra-venta puedo defenderme. Pero eso no me sirve si la Justicia ya falló en contra”, contó.
La cuenta regresiva para el desalojo
Antonella y Hugo enfrentan una cuenta regresiva angustiante. Saben que en cualquier momento la orden de desalojo podría llegar y con ella, la pérdida de su hogar. “No sé a dónde voy a ir con mi hijo. La Justicia falló a favor de los hijos de la víctima, pero a mí nadie me responde por todo lo que hice acá”, expresó.
Mientras el IPVU y la Justicia no se ponen de acuerdo, una familia entera está a punto de perderlo todo.
El caso de Mónica Arambuena no solo es una muestra de la violencia de género que muchas mujeres sufren a diario, sino también de la desprotección en la que quedan sus hijos tras su muerte. Ahora, el terreno donde ocurrió el femicidio vuelve a ser escenario de otra injusticia: el desalojo de una familia que compró su hogar creyendo que todo estaba en regla.
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