Acordó suministrar insumos para los comedores gestionados por Libres del Sur. En representación de la organización firmó una dirigente imputada por extorsión.
Los comedores comunitarios gestionados por Libres del Sur en Neuquén apalancarán su funcionamiento con alimentos suministrados por el Estado provincial. El gobierno de Rolando Figueroa firmó un convenio que respalda la entrega de insumos a la organización política investigada por irregularidades en el manejo de subsidios destinados a sus comedores.
En representación de la agrupación firmó la dirigente Gladys Aballay, una de las imputadas por la Justicia en el expediente que investiga las denuncias de irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a planes ejecutados con la intermediación de organizaciones sociales. En representación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral firmó la Coordinadora General de Gestión, Claudia Braceras.
Libres del Sur difundió el acuerdo con el gobierno en un comunicado de prensa.
Consideró ese hecho como "un importante avance hacia la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables". Puntualizó que el convenio "asegura la entrega de recursos alimenticios a los comedores comunitarios gestionados por Libres del Sur en la región de Confluencia".
La agrupación liderada en Neuquén por Jesús Escobar, candidato presidencial del espacio en las últimas elecciones, sostuvo que el acuerdo con el gobierno "busca garantizar que los comedores comunitarios continúen funcionando de manera regular, brindando alimentos a miles de personas que dependen de este servicio para satisfacer una necesidad básica".
Aballay consideró que el convenio representa “un reconocimiento al trabajo que diariamente Libres del Sur realiza en toda la provincia, acompañando a los más necesitados, y sobre todo al esfuerzo de muchísimas mujeres que están al frente de los comedores, brindando una tarea solidaria, impulsadas sólo por su generosidad y espíritu comunitario".
Asimismo, Aballay destacó la importancia de que este acuerdo permita "regularizar el imprescindible flujo de recursos que permite que los comedores funcionen, y que miles de niños y familias puedan tener un plato de comida".
El comunicado de la agrupación concluyó: "Desde Libres del Sur y el Ministerio de Trabajo se comprometieron a dar seguimiento y cumplimiento a los términos de este convenio, con la expectativa de que represente un paso concreto hacia la mejora de las condiciones de vida de quienes más lo necesitan".
Relación en recomposición
Con la firma de este convenio se recompuso la relación entre Libres del Sur y gobierno, que había sido dañada por las derivaciones de una denuncia relacionada con el manejo de fondos sociales. La causa se activó por una denuncia del fiscal de Estado de la provincia, Raúl Gaitán.
El 12 de julio se desarrolló un megaoperativo con 14 allanamientos simultáneos en locaciones vinculadas con dos organizaciones sociales y una cooperativa. Fueron demoradas diez personas, entre ellas la dirigente de Libres, Gladys Aballay, quienes recobraron la libertad una vez que fueron encausadas y notificadas de los términos de la investigación en la que quedaron involucradas.
El fiscal Pablo Vignaroli le adjudicó a Aballay ser la encargada de "tomar asistencia" a los integrantes de la organización para que asistan de manera obligatoria a marchas y cortes de ruta. Ese comportamiento, según el fiscal, constituye el delito de extorsión.
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