Estafa con planes sociales: Ricardo Soiza obtuvo la prisión domiciliaria

La jueza de Garantías, Carina Álvarez, otorgó la prisión domiciliaria a Ricardo Soiza, exdirector de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, acusado de liderar la asociación ilícita en el marco de la causa que investiga la estafa con planes sociales en Neuquén.

La resolución se tomó este martes antes del mediodía. El último pedido de la defensa de Soiza para la prisión domiciliaria -realizado el mes pasado- estuvo fundamentado en la edad, ya que cumplió 70 años. Sin embargo, ahora se puso mayor énfasis en su estado de salud y esto fue considerado por la jueza, que avaló el pedido.

Álravez basó su decisión en cuatro dictámenes de profesionales de la salud que confirmaron el deterioro físico y psicológico de Soiza. Así, dio lugar al pedido para que continúe privado de la libertad en su domicilio, al tiempo que le ordenó la prohibición de tomar contacto con los testigos y la vigilancia de la Policía con cuatro rondines diarios. Soiza permanece detenido desde el 10 de julio de 2023.

"La jueza realizó un profundo análisis de informes médicos y psicológicos presentados por parte de la defensa y de la fiscalía en el día de ayer, en el que se manifiesta un agravamiento en el estado de salud de Soiza y en el que se destaca que la situación de encierro puede agravar el mismo", informó el TSJ en un comunicado, donde sumaron que también se tuvo en cuenta que "tratados internacionales de derechos humanos -a los cuales Argentina se encuentra adherido- establecen consideraciones especiales con respecto a las personas mayores de edad privadas de la libertad".

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Sebastián Fariña Petersen

El fiscal jefe Pablo Vignaroli había pedido mantener la prisión preventiva, a partir de que distintos informes que solicitó la fiscalía indicaron que los cuidados o tratamientos médicos que requiere el imputado podían ser suministrados en la comisaría en la que estaba alojado.

En la misma audiencia, el abogado Alfredo Cury, quien se encuentra como imputado en la causa y lleva adelante su propia defensa, argumentando diversos motivos, solicitó una ampliación de seis meses en la investigación, que vence el próximo 29 de octubre. La jueza hizo lugar a una ampliación de quince días del período de investigación a fin de que la defensa realice las tareas de investigación que hacen a su propia teoría del caso.

Estafa con planes sociales: sobreseídos y primeros condenados

El fiscal del caso de Delitos Económicos, Juan Narvaez, y el fiscal jefe Pablo Vignaroli solicitaron las primeras condenas a ocho de las personas acusadas, en el marco de la causa que investiga la estafa con planes sociales, por integrar la asociación ilícita.

Fue mediante una serie de acuerdos presentados entre el viernes y este lunes ante una jueza de garantías, y apunta a resolver antes del juicio la situación de quienes tuvieron participaciones de menor responsabilidad en la causa. La resolución se conocerá el miércoles, cuando la jueza se expida en audiencia pública.

La teoría del caso de la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.

Ricardo Soiza audiencia planes sociales

Claudio Espinoza

Con el fin de permitir que el juicio se realice sobre quienes tuvieron la mayor responsabilidad en las maniobras desplegadas y en la organización y conducción de la asociación ilícita, Narvaez solicitó el sobreseimiento de otras seis personas acusadas que tuvieron participaciones menores pero que, además, aportaron información necesaria para la investigación. Fue mediante la aplicación del criterio de oportunidad que tuvo el aval de la jueza Carina Álvarez, una solución que prevé el Código Procesal Penal de Neuquén y que permitirá que sean testigos en el juicio.

A todas las personas acusadas en la causa se les imputa el delito de asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de crédito sin autorización del titular, 9.303 hechos en concurso real, en calidad de coautores. La diferencia en las imputaciones tiene que ver con la función en la asociación y la escala en la participación: con cinco niveles en una estructura piramidal, las personas sobreseídas ocuparon los lugares más bajos y cumplieron órdenes de los jefes, quienes organizaron y coordinaron las estafas desde la cúspide de esa pirámide.

Las personas sobreseídas son Marcela Soledad Albornoz; Cristian Javier Vergara; María Inés Elizabeth Huaiquipán; Analía Griselda Scherer; Paola Gabriela Zeballos; y Lucía Mariel Soto.

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En tanto, las personas condenadas mediante acuerdos son Meza Lizama Adrián Alfredo; Rodolfo Andrés López; Valeria Noemí Honorio; Pamela Alejandra Cea; Roxana Gesel Tarifeño; Pamela Alejandra Rivera; Gustavo Roberto Mercado; y Carolina Hernández, quienes en la asociación ilícita tenían como tarea extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregarlo a los imputados Néstor Pablo Sanz o Marcos Ariel Osuna, quienes lo rendían a Ricardo Soiza.

Sólo uno de los imputados, Julio Norberto Arteaga, desplegó otro tipo de conducta, al haber cobrado el alquiler de autos por fuera de lo que indica la ley de administración financiera y mediante cheques que se nutrían del dinero destinado al subsidio por desempleo.

En todos los casos, las condenas acordadas son por 3 años de prisión condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta y la realización de entre 8 y 12 horas de trabajos comunitarios mensuales, durante el mismo período.