Estafa con planes: sumariados pidieron que les paguen los sueldos y Rolando Figueroa lo rechazó

El gobernador Rolando Figueroa rechazó, esta semana, las presentaciones administrativas que realizaron cinco agentes de la administración pública, involucrados en la causa judicial por la que se investiga una mega estafa perpetrada contra la provincia de Neuquén. Es la causa en la que están procesados, entre otros, el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca y el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, quien purgó prisión preventiva y al que -hace algunas semanas- le otorgaron el beneficio de la detención domiciliaria.

El fraude fue perpetrado durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez. El gobierno de Figueroa dispuso la instrucción de sumarios administrativos, que incluyeron la separación preventiva del cargo y la retención de haberes. Lo que estos cinco agentes quieren ahora es que les vuelvan a pagar los sueldos, pese a que son investigados por la Justicia Penal.

Uno de los que reclamó sin éxito (el 29 de septiembre último) es Tomás Siegenthaler, quien cuestionó la decisión del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que lo dejó sin sueldo. Argumentó que “la retención de haberes como medida provisional, violenta la protección del salario, el que reviste carácter alimentario”.

estafa con planes sociales

Asociación ilícita por estafa de planes sociales

El sumario (tanto a él como al resto de los agentes del Estado involucrados en la causa por estafa de planes sociales) se lo habían iniciado el 16 de noviembre de 2023, luego de que la Justicia lo acusara de integrar una presunta “asociación ilícita destinada a quedarse con fondos públicos que, en su destino original, debían atender situaciones de vulnerabilidad (de familias neuquinas) producto de la desocupación”. Los investigadores dieron por acreditado que los delitos los cometieron durante el periodo comprendido entre 2020 y 2022 inclusive.

También fue rechazado el pedido de Aaron Escobar, quien el 7 de agosto de 2024 interpuso reclamo administrativo y lo argumentó en que “la retención de haberes como medida provisional, violenta la protección del salario”. Los argumentos de estos cinco empleados públicos fueron rechazados, este martes, con decretos del gobernador.

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Ese también es el caso de Julieta Mariana Oviedo quien, el 3 de septiembre de 2024, interpuso reclamo administrativo y argumentó prácticamente lo mismo. Lo mismo ocurrió con la presentación de Ariel Oscar Krom del 6 de agosto de 2024, en la que consideró que la suspensión sin goce de haberes es “innecesaria, extemporánea y causa grave perjuicio patrimonial”.

Igualmente rechazada fue la pretensión que -el 7 de agosto de 2024- presentó la agente Marines Elizabeth Huaiquipan, cuyo sumario avanza al igual que el resto.

Ni bien asumió en sus funciones, Figueroa subrayó que llegaba con un plan de austeridad destinado a reforzar las partidas presupuestarias de áreas esenciales (como Educación, Salud y Seguridad) a partir -entre otras acciones- de la eliminación de los gastos innecesarios del Estado. Eso incluyó el despido de ñoquis y las cesantías de procesados, condenados e indisciplinados.

Como se observa en este caso, también incluye la retención de haberes de quienes están sospechados de haber participado de una estafa al Estado y cuyo destino también puede ser el despido.