Estatales, ¡saquen una hoja!: lo que puede dejar el examen de idoneidad

La implementación del Sistema de Evaluación Pública (SEP), que busca medir la calidad de los empleados estatales para conservar su puesto, reavivó una vieja polémica que parece repetirse cada vez que hay un examen, y que traza un abismo entre la posición de pura meritocracia y la que se enfoca en la igualdad de oportunidades.

Pese a las resistencias, 9 mil empleados públicos con contratos temporales ya se sometieron a la evaluación, y la aprobaron en un 95%. El resultado envalentonó al gremio a reclamar por el pase a planta permanente porque sus buenas notas se leen más como una proeza que como un simple deber cumplido.

Es claro que no se puede hablar de mérito puro con exámenes que desconocen realidades sociales disímiles, y que las exigencias de desempeño deben ser siempre respaldadas por una garantía de acceso a la capacitación.

Pero es imposible mejorar algo sin diagnósticos previos. Y sólo esos datos -tan equívocos e inexactos como cualquier estadística- pueden ser la llave para trazar estrategias de mejora. ¿Cómo planear a dónde ir si no sabemos dónde estamos parados?

El presente dispar para los estatales

Más allá de la dicotomía entre ajuste cruel o necesaria austeridad, más allá de emitir juicios sobre la reducción de 35 mil empleados en el Estado, que puede ser imperfecta y haber hecho pagar a justos por pecadores, la acción de rendir cuentas debería ser interpretada más como una rutina útil que como un gesto de persecución.

Censo de empleados públicos en Chubut.

Los estatales tendrán una nueva instancia de "seguimiento".

Con notas mejores o peores, el mero hecho de someterse a una evaluación, de estar dispuesto a ser medido para mejorar, es un examen siempre aprobado para la institucionalidad. No hay institución más fuerte que la que se atreve a mostrar sus fallas, con transparencia, y que admite que es perfectible.

Todos los exámenes estandarizados son injustos. Pero pueden ser el primer paso para legitimar a la función pública levantando la idoneidad como primer estandarte. Y un poco más allá, donde termina el nepotismo, los favores y los privilegios que se disfrazan de derechos adquiridos, se puede ajustar más el lápiz para entender que el debate del empleo público no pasa por una cuestión de tamaño sino de eficiencia.

La existencia de un examen puede ser ese ojo del amo que engorda al ganado, el panóptico que disciplina pero que empuja al mayor esmero. Y también una reivindicación de los estatales frente a un sector privado que siempre los subestima y los encasilla como un refugio de comodidad que pagan los contribuyentes.