Histórico fallo por la explosión en Aguada San Roque: uno por uno, los cinco culpables y los delitos

La Justicia consideró que hay cinco culpables por la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque, ocurrida el 29 de junio del 2021, que provocó las muertes de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi. Todos responsables de estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. A uno de ellos se le suma el delito de falsificación de documento. En tanto, el exsubsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, fue absuelto.

La decisión se tomó de forma unánime por parte de los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo. Durante la lectura del resumen de los argumentos, Pombo señaló que, a partir de los testimonios y las pruebas recolectadas, se comprobó la irregularidad en las contrataciones de Eduardo Afione y el gasista fallecido Nicolás Francés. Puntualizó que “la obra no estaba terminada a esa fecha, según los compromisos de la empresa en la licitación”, siendo los trabajos pendientes la obra de gas, calefactores y las gestiones para su habilitación.

Pombo también se refirió a la intención de la defensa por cargar la responsabilidad contra la directora del establecimiento, Martha Baez. “Sin embargo, entendimos que lo acreditado del juicio fue distinto. Pudimos comprobar que el accionar fue acorde a la realidad que atravesaba. La directora cumplió con las resoluciones del CPE que ordenaban el regreso a la presencialidad”, argumentó y dijo que su presencia en el lugar fue responsabilidad de Obras Públicas y la empresa contratista, al tiempo que “no le comunicaron que la escuela continuaba en obra y no se podía ingresar”.

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Diego Bulgheroni, representante técnico de Arte Construcciones

Fue declarado culpable de Estrago culposo agravado en concurso real y partícipe necesario de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Según los jueces, "omitió llevar adelante un plan de seguridad y tampoco colocó señalética, ni carteles, ni vallados que dieran cuenta que la escuela seguía en obra y que, por ende, indicaran la prohibición de ingreso de personas ajenas a la obra. Esta omisión dio lugar a que existieran docentes y alumnos adentro del establecimiento".

Otra omisión, argumentó Pombo, fueron las subcontrataciones irregulares de Afione y Francés, y dijo que era su responsabilidad controlar e informar a la administración de la obra. "No se trata de una irregularidad administrativa: esto permitió que trabajasen en la obra personas de las que no se podría corroborar la idoneidad", marcó. En este sentido, dijo que Francés era "gasista matriculado de segunda categoría, no habilitado para realizar esas tareas".

"Tales incumplimientos se vieron agravados, por tanto no dio aviso a YPF Gas de las obras y tampoco exigió que lo haga el gasista irregularmente contratado", precisó y dijo que "generó un aumento del riesgo permitido, que en este caso se concretó en el siniestro de Aguada San Roque".

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Héctor Villanueva, socio gerente de la empresa Arte Construcciones

Fue declarado culpable de Estrago culposo agravado en concurso real y partícipe necesario de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Fue quien subscribió el contrato con la subsecretaría de Obras Públicas y tomó a su cargo la responsabilidad de llevar adelante la obra de la escuela. La "omisión relevante", puntualizó Pombo, fue el "haber llevado adelante la subcontratación irregular de Afione y Francés, quien carecía de habilitación para desarrollar la obra de gas".

Además, destacó que estaba al tanto de la obra. A modo de ejemplo, mencionó que recibió fotos de los avances de obra enviados por parte de Afione a través de WhatsApp. Sin embargo, "nada hizo para cumplir con las exigencias del pliego en cuanto a las instalaciones de gas" y mencionó que no dio aviso a YPF Gas, al tiempo que contrató un gasista no habilitado.

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Sergio Percat, inspector de Obra

Fue acusado por Estrago culposo agravado en concurso real; coautor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; y falsificación ideológica de documento público.

Le pidió fotos del avance de obra a Afione, ya que "tenía que hacer el certificado". A partir de ese deficitario control de obra, no pudo supervisar la forma en la que se encontraba señalizada ni que personas ajenas a la obra ingresaran al establecimiento, ni que se haya contratado a un gasista que no contaba con la capacidad técnica necesaria. Tampoco dio aviso a YPF Gas. "No supervisó ni controló las obras que se estaban ejecutando, no concurrió a la obra los días en los que suscribió varios certificados del avance de la obra", manifestó Pompo.

"El 12 de marzo, cuando firmó el acta, la obra no se encontraba terminada. Falsificó la información que introdujo y se trataba de un documento público. Realizó un relevamiento y control de la obra, que esos trabajos se encontraban con un grado de avance. Ambas cuestiones no eran ciertas. Percat no concurrió a la obra, ya que su teléfono no impactó en las antenas de Aguada San Roque", afirmó Pombo.

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Raúl Capdevila, director provincial de Obras Contratadas

Carlos Córdoba, director de Obras Contratadas

Acusados por Estrago culposo agravado en concurso real y coautores de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Ambos tenían a su cargo el control e inspección de la obra y ambos conocían que, a la fecha del siniestro, la obra no estaba finalizada, consideraron los jueces. Esto surge de las conversaciones de WhatsApp. "Conocieron que la directora se encontraba en la escuela y nada hicieron para impedir su ingreso. A su vez, conocían de la existencia de personas subcontratadas que no habían sido informadas en el expediente administrativo. Capdevila conocía que trabajaba Afione al punto que podía contactarse con él. Las omisiones y la falta de control de los inspectores de la obra quedó evidenciada de forma patente en el audio", en el que una mujer advertía las irregularidades al equipo de Obras Públicas.

"Deliberadamente, omitieron controlar la obra y, a pesar de que conocían que no estaba terminada, permitieron el avance de los certificados que así lo acreditaban. Esta conducta implicaba una ausencia absoluta de control en la obra, lo que generó un riesgo más allá lo permitido que al final desencadenó la explosión de la escuela con el resultado de muerte", argumentó Pombo.

Respecto al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, Pombo inició su argumentó asegurando que "existen elementos suficientes para considerar a Percat, Cordoba y Capdevila coautores" del delito, mientras que entendió partícipes necesarios a Bulgheroni y Villanueva. "Comprometieron al Estado en la suma de 820 mil pesos. Se abonó por trabajos que no se habían concluido conforme el pliego de bases y condiciones", afirmó.

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