Juan Grabois se comunicó con la intendenta de Catriel luego del escándalo y las amenazas: ¿Qué le dijo?
El referente popular aseguró que se comunicó con Daniela Salzotto tras las amenazas que recibió por parte del presidente del Concejo Deliberante de su ciudad.
El referente nacional peronista, Juan Grabois, manifestó su apoyo a la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, tras las amenazas de muerte que recibió. A través de su cuenta de X, Grabois informó que se comunicó con la jefa comunal para transmitirle su solidaridad y respaldo.
En su publicación, destacó que la medida impulsada por Salzotto para que los integrantes del poder legislativo se sometan a un narcotest es "justa, necesaria y valiente". Además, anunció que buscará impulsar la iniciativa a nivel nacional, ampliándola a los altos funcionarios policiales, judiciales y ejecutivos.
El hecho que motivó la reacción de Grabois ocurrió en el edificio municipal de Catriel, donde el presidente del Concejo Deliberante, Alberto Ariaudo, fue denunciado por la intendenta por amenazas y agresiones. Según testigos, Ariaudo ingresó al municipio increpando a Salzotto y tuvo un enfrentamiento con un funcionario del área de prensa. Durante la discusión, habría exhibido un arma de fuego mientras profería amenazas. "Gritaba ‘los voy a matar a todos’", relataron testigos.
El incidente fue registrado por las cámaras de seguridad del municipio, lo que derivó en un pedido de detención para Ariaudo. La policía acudió a la sede del Concejo Deliberante para buscarlo, pero no logró ubicarlo.
Funcionarios municipales indicaron que las amenazas contra Salzotto no son un hecho aislado y que la situación se venía agravando en el último año. La decisión de la intendenta de implementar pruebas de consumo de drogas y alcohol a funcionarios habría sido uno de los detonantes del conflicto.
El presidente del Concejo Deliberante quedó imputado
En la mañana del sábado, se realizó la audiencia solicitada por la fiscalía descentralizada de Catriel donde se formularon cargos al Presidente del Concejo Deliberante de la localidad, Alberto Ariaudo, y se solicitaron medidas cautelares en pos de proteger la institucionalidad local, a la víctima y a los testigos.
Según la acusación fiscal, ocurrieron seis hechos. El primero habría sucedido el pasado “8 de marzo cuando Alberto Alfredo Ariaudo habría enviado un mensaje de WhatsApp y habría amenazado al Asesor Técnico del municipio, con el propósito de obligarlo a abandonar su lugar de trabajo en la ciudad de Catriel, lo cual le causó temor”.
El segundo fue el viernes, cuando el imputado habría amenazado a la Intendenta Daniela Salzotto enviándole un WhatsApp, cuestión que le intimidó a la jefa comunal.
“El tercer hecho cuando el Presidente se habría hecho presente en la sede del Concejo Deliberante, portando un arma de fuego, tipo revólver, de uso civil, sin la debida autorización legal. La habría exhibido ante una cámara de seguridad interna, buscando intimidar a la Intendente”, explicó la fiscal.
El imputado habría concretado el cuarto hecho enviando un mensaje de WhatsApp al Secretario de Prensa de la Municipalidad, causándole temor. En relación con el quinto, Ariaudo se habría hecho presente en el municipio y tras haber amenazado por teléfono, intentó pegarle al encargado del área de Comunicación.
Le exhibió el arma a dos personas
El último hecho fue inmediato al anterior, ya que habría portado en el patio frontal del edificio Municipal un arma de fuego, tipo revólver, de uso civil, sin la debida autorización legal, la cual se las habría exhibido a dos personas.
La calificación legal por la cual la fiscalía formuló cargos es la de “coacción agravada por haber tenido el propósito de obligar a una persona a abandonar su trabajo”, según los Artículos 149 ter. inc. 2 acap b, en función del Artículo 149 bis (respecto del hecho 1). “Amenazas reiteradas” conforme al Artículo 149 bis, en función del art. 55 (hechos 2, 4 y 5), “portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada”, según los Artículos 189 bis, inc. 2do. 3er párrafo (hechos 3 y 6), todo en concurso real conforme el 55 del Código Penal, informó el MPF.
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