Juicio Escuelita VIII: falta poco para la sentencia a los ex funcionarios judiciales Duarte y Ortiz

Se aproxima el final del octavo tramo del juicio Escuelita, en el que se juzgan los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar en la región, y que se nombró así en alusión al Centro Clandestino de Detención que funcionó en el predio del Ejército en Lanín y Chaco, de la ciudad de Neuquén.

En este tramo, que comenzó hace exactamente un año, están imputados el ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Víctor Marcelo Ortiz, acusados por su actuación en los trámites de los hábeas corpus y en las denuncias por secuestros e imposición de tormentos respecto de más de 20 víctimas del terrorismo de Estado.

Luego de que, a fines de septiembre, la querella encarnada por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Miguel Palazzani, finalizara su alegato, el lunes pasado fue el turno de las dos organizaciones querellantes, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH).

Se trata de la primera vez que en nuestra región se puede llevar al banquillo a ex funcionarios judiciales, aunque esta sea una afirmación en sentido figurado: ni Duarte ni Ortiz asistieron personalmente a las audiencias, sino que siempre se conectaron virtualmente. El reclamo de la querella para que los imputados se presenten físicamente al juicio atravesó todo el año que lleva el proceso, en el que declararon más de 30 testigos.

El tribunal está integrado por la jueza María Paula Parisi y los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia, mientras que representan a los imputados en carácter de defensores Eduardo Peralta y María Laura Irastorza, por Duarte; y Celia Delgado, Gabriela Labat y Alejandra Vidales, por Ortiz.

SFP Juicio Escuelita (21).JPG

Sebastián Fariña Petersen

Acusación

Los funcionarios judiciales imputados están acusados de ser autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de ser partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político. Duarte también llegó como imputado por prevaricato, delito que comete un juez cuando dicta resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

“En este tramo se pudo probar la complicidad de los funcionarios judiciales en el plan criminal, sin cuyos aportes hubiera sido imposible desplegar el aparato represivo de la forma y con la violencia y profundidad que se hizo en Neuquén y en la región”, afirmó el fiscal Miguel Palazzani en diálogo con LMNeuquén.

En este sentido, Palazzani agregó que “se puede destacar lo que dijimos al comienzo del alegato: todos los lugares de poder efectivo y real en Neuquén fueron ocupados por el Estado Mayor del Comando. Gobernador, intendente, ministro de Salud (y médico de la Escuelita), jefe de la Policía, Juzgado Federal, todos vinieron del Estado Mayor del Comando. Y quien era comandante, Horacio Tomás Liendo, se fue de ministro de Trabajo de Videla. Más clarito imposible”.

Duarte, además, había sido, hasta algunos meses antes de su designación como juez federal, auditor del Ejército. Sin embargo, ambos imputados sostuvieron en sus declaraciones que no sabían entonces lo que estaba ocurriendo y adujeron haber hecho lo que podían en ese momento.

Al respecto, Palazzani señaló en su alegato que “obviamente no tenemos esa ingenuidad y candidez para creer esa versión, cuando (Duarte) estuvo 15 años en el Ejército siendo el asesor legal que dependía del comandante”.

SFP Juicio Escuelita (3).JPG

Sebastián Fariña Petersen

Impunidad

Las tres querellas coincidieron en sus respectivos alegatos en la importancia de dejar demostrado que el accionar de los funcionarios judiciales imputados fue clave para garantizar la impunidad de los crímenes cometidos.

“Faltaba desentrañar el rol de quienes brindaron cobertura jurídica para que cada uno de esos crímenes contra compañeros y compañeras pudiera llevarse adelante y aún perpetuarse en el tiempo, como las desapariciones. No se explica semejante plan sin desentrañar el rol de la Justicia y de sus integrantes que estuvieron en el centro mismo del plan de exterminio”, explicó a LMN Natalia Hormazábal, abogada del CeProDH y representante de Oscar e Inés Ragni en este juicio, junto a la Dra. Mariana Derni.

Inés y Oscar batallaron durante casi 50 años para saber qué hicieron con su hijo, Oscar Alfredo, desaparecido desde el 23 de diciembre de 1976, y fallecieron ambos hace pocos meses sin haber podido llegar al fin de este tramo ni obtener la verdad sobre el paradero de su hijo. “Me animo a decir que no existe otro caso en el país de un matrimonio de dos luchadores emblemáticos, dando pelea tanto tiempo para saber qué hicieron con su hijo y con los 30 mil. Transformaron la lucha de su vida en una causa colectiva, lejos de cualquier victimización y lugar de tragedia individual”, manifestó Hormazábal.

Por su parte, Marcelo Medrano, querellante de APDH junto al abogado Bruno Vadalá, hizo hincapié en que lo que distingue a este tramo es que “podemos dar cuenta del significado y estructura, cuando decimos dictadura cívico-militar. Establecer el rol clave del Poder Judicial en el aparato represivo”. Medrano también expresó a LMN que “la sentencia reflejará lo que las acusaciones afirmamos. No hay exculpación alguna que justifique, bajo ningún punto de vista, el accionar del juez y del fiscal”.

Otro de los puntos que las querellas solicitaron en sus alegatos fue que se dicte el cese de las jubilaciones de privilegio que Duarte y Ortiz reciben desde la vuelta de la democracia. Para graficar, sólo entre enero y abril de 2024, cobraron 60 y 47 millones de pesos respectivamente. Las abogadas del CeProDH durante su alegato sumaron a esto que tanto Oscar como Inés Ragni, al igual que la mayoría de las personas adultas mayores que reclaman justicia por sus familiares, cobraban la jubilación mínima.

En el caso de las penas solicitadas, la Fiscalía pidió para los Duarte y Ortiz 25 años de prisión y la inhabilitación absoluta para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, como reparación simbólica, pidió que se remita una copia de la eventual condena al Colegio de abogados local para que allí se juzgue la idoneidad ética para ejercer la profesión de ambos imputados.

CeProDH, a su vez, solicitó la pena de prisión perpetua y cárcel común y efectiva, mientras que APDH, al igual que la Fiscalía, pidió 25 años de cárcel. Pero no sólo eso: también solicitaron que el Tribunal Oral de Neuquén emita una declaración oficial en la que pida disculpas por el accionar de Duarte y Ortiz.

SFP Juicio escuelita genocidas militares edicion 8 (16).JPG

Sebastián Fariña Petersen

Víctimas y pruebas

En este octavo tramo del juicio Escuelita los imputados están acusados por los casos de Orlando Cancio, Milton Gómez, Teresa Oliva, Enrique Esteban, José Delineo Méndez, Susana Mujica, Darío Altomaro, Alicia Pifarre, Josefa Leppori de Mujica, Miguel Ángel Pincheira, Javier Octavio Seminario Ramos, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y el hijo de ambos nacido en cautiverio, Raúl Esteban Radonich, Oscar Alfredo Ragni, Arlene Seguel, Carlos Chaves, César Dante Giliberto, Mirta Felisa Tronelli, Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola, y Carlos Schedan. De estas víctimas, 15 se encuentran desaparecidas.

Además, durante el proceso, se realizaron tres inspecciones oculares. Una en el lugar donde funcionó en la dictadura el Juzgado Federal; otra en la ex U9, en la que estuvieron detenidas varias de las víctimas, algunas desaparecidas hasta hoy; y también en el lugar en el que funcionó en esa época el Centro Clandestino de Detención La Escuelita, en el predio del Ejército.

Durante las cuatro próximas audiencias que se realizarán durante noviembre, se aguarda que las defensas expongan sus alegatos. Luego, sólo queda esperar la sentencia que podría tener lugar a fin de año.

Luego de este octavo tramo no se puede asegurar que el juicio Escuelita continúe, ya sea por la dificultad para constituir un tribunal y llevar adelante todo el proceso, o bien porque los responsables del Terrorismo de Estado han ido muriendo a lo largo de estos años. No sabemos si, como se dice, es ciega, pero sí podemos dar cuenta de que la Justicia es lenta. Y cincuenta años ya va siendo mucho tiempo.