La universidad pública y el límite a Milei

El gobierno de Javier Milei ha logrado, en lo que va de su mandato, avanzar sobre diferentes temas que resultan sensibles para una buena parte de la sociedad argentina. Y, pese a no contar con mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Nación, pudo cumplir el objetivo de sacar normativas importantes en consideración del propio Ejecutivo, por caso la Ley Bases; y hasta lograr la ratificación de un veto, como ocurrió con la movilidad jubilatoria. Sin embargo, se encontró con una barrera casi infranqueable: la universidad pública. Le ocurrió en abril, cuando, ante la no actualización de partidas presupuestarias sufrió la primera gran movilización en su contra. Y ahora, con una marcha de similares características en rechazo al veto de la ley de financiamiento para las casas de altos estudios de todo el país.

Ni los discursos de Milei, de sus voceros, como tampoco de la campaña de desprestigio que se quiso instalar en redes sociales pudo contra la defensa que, desde diferentes sectores políticos y sociales, se hizo de la universidad. Y hay razones para explicar este fenómeno que van más allá del contexto y la coyuntura, y que tienen que ver con una idiosincrasia de la Argentina que se originó con la reforma de 1918 y que fue creciendo a lo largo de la historia.

De ahí se entiende que, en la masiva movilización del miércoles, junto con la comunidad universitaria, hayan confluido sectores con perfiles ideológicos que en otras circunstancias no lo hubiesen hecho.

javier milei campana Wall Street

/ Foto Seth Wenig - AP

Relato versus realidad

El gobierno libertario quiso imponer, como ya lo había intentado hacer en abril, una serie de argumentos falaces con relación a cómo se financian y administran las universidades nacionales.

Para no abordar el problema de fondo (la no asignación actualizada de partidas) se volvió a lanzar la idea de que deben ser “auditadas”, poniendo un manto de sospecha respecto a la administración de los fondos que se les asignan.

La primera falacia pasa por el hecho de que todas las universidades nacionales del país ya son auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Ningún rectorado o facultad puede hacer uso discrecional de recursos. Todo se debe rendir en tiempo y forma, de la misma manera que lo hacen los equipos de investigación.

La segunda falacia en este camino de desacreditar y ensuciar el rol de las universidades públicas argentinas es desconocer, adrede, sus autonomías, consagradas por la Constitución Nacional. Esto determina, en entre otras cosas, que los informes que elabora de sus auditorías la AGN deban ser remitidos, para su análisis, al Congreso de la Nación.

Marcha universidades Buenos Aires

Infobae

Ataque

De fondo, el ataque de parte del gobierno del presidente Javier Milei es ideológico y va en sentido opuesto al espíritu de igualdad de oportunidades que la universidad como institución educativa ofreció a lo largo de la historia en la Argentina, contribuyendo, además, a la interminable generación de científicos e intelectuales brillantes, surgidos de esas casas de altos estudios.

Ese talento y generación de conocimiento de alto nivel se multiplica en los institutos y centros de investigación en todo el país como el Conicet, que son el germen de lo mejor de la ciencia y la tecnología.

Todo fruto de esas universidades nacionales, cuyo prestigio está reconocido a nivel continental y mundial, pero que, paradójicamente, el actual gobierno de la Argentina y sus voceros desacreditan, con una mezcla de ignorancia supina y una gran cuota de cinismo.

La comunidad universitaria y buena parte del pueblo argentino ya le puso un doble freno a esta avanzada en las calles. Ahora, le toca el turno al Congreso Nacional.