Las organizaciones sociales salieron a recaudar fondos y amenazan con nuevas medidas

Las organizaciones sociales de Neuquén comenzaron una campaña de recaudación de fondos para afrontar los costos judiciales que afrontan tras los allanamientos ordenados por la Fiscalía, que los investiga por presunta administración fraudulenta y el desvío de fondos para desocupados a la compra de camionetas y terrenos. Aseguraron que sufren una persecución y que necesitan aportes de dinero para pagar los costos del sistema judicial.

"Si bien entendemos que es una pelea política, tenemos la necesidad de defendernos en la justicia de este sistema, lo que implica una serie de costos que como organizaciones sociales no podemos asumir. Por todo esto es que solicitamos a los sindicatos, organizaciones políticas, de DDHH, etcétera, que puedan colaborar con los gastos que implica esta persecución", señalaron desde el Polo Obrero en un comunicado.

En la misma publicación, dejaron los datos bancarios para recibir transferencias de dinero y así sostener un proceso judicial en el que denunciaron varias irregularidades e intenciones de persecución política, sobre todo contra las mujeres referentes de las organizaciones de desempleados.

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"El gobierno provincial de Neuquén, de la mano del Ministro Lucas Castelli viene desarrollando un ataque a las organizaciones sociales en consonancia con el gobierno de Milei. El día 12 de Julio, diez compañeras fueron allanadas en sus hogares, violando los protocolos de allanamientos y violentando a las infancias de esas casas. En un intento de amedrentarnos y frenar nuestra lucha, el gobierno recurre a la justicia para perseguirnos", afirmaron.

Amenazan con medidas de fuerza

Más allá de la recaudación de fondos en el marco del proceso judicial, las organizaciones sociales siguen movilizadas para expresar su repudio a las políticas que se implementaron a nivel provincial y nacional y que, según indicaron, terminaron por incrementar la pobreza en Neuquén.

"Los datos del crecimiento de la pobreza y la indigencia son la confirmación más contundente de las denuncias y la justeza de la lucha de las organizaciones sociales. Es que en la provincia de Vaca Muerta, la indigencia alcanzó el 11,6 y la pobreza el 40,4 %. La Motosierra de Milei fue utilizada por Figueroa con el recorte del 24% de las negociaciones salariales de estatales, docentes y el desguace de la asistencia social. La obra pública sigue demorada, hecho que quedó demostrado por la propia movilización del sindicato Uocra. Según esta entidad, se espera la creación de 2.000 puestos de trabajo", afirmaron en un comunicado.

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Omar Novoa

"En este escenario, las organizaciones venimos reclamando la urgente inversión pública en los barrios populares como una gran fuente de creación de empleo. Sin embargo, el gobierno apuesta a que Vaca Muerta “derrame” y esto no sucede. Asimismo, el programa Incentivo a la Empleabilidad, a cargo de Lucas Castelli, se ha revelado como un fracaso a los fines de crear empleo y su monto es indignante con $39.000", expresaron.

Ante los reclamos de las organizaciones por la incorporación de compañeros desocupados en las obras públicas provinciales, el comunicado señala: "el gobierno se ha comprometido que en el transcurso de la semana entrante presente un cronograma y planificación de obras para que los cientos de compañeros/as que vienen esperando puedan hacerlo. De no ser así, las organizaciones preparamos una gran acción de lucha la próxima semana".

Qué pasó en los allanamientos

El pasado 12 de julio, la Policía inició un megaoperativo con 14 allanamientos simultáneos a oficinas y casas de familia vinculadas a organizaciones sociales de Neuquén, que incluían al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Libres del Sur y la cooperativa Viento Sur. La Justicia acusaba a los referentes sociales de haber desviado dinero que el gobierno de la Provincia había entregado para planes de capacitación, y haber cobrado un porcentaje de lo que recibía cada beneficiario.

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Sebastián Fariña Petersen

A su vez, indicaron que se registraron ventas de pollos con alimentos que eran donados a comedores y merenderos comunitarios, y que las organizaciones habían comprado terrenos en San Martín de los Andes y Junín de los Andes, además de camionetas, con fondos que no podían justificar. Se trata de aportes recibidos entre enero y diciembre de 2023, sumando un total de 1180 millones de pesos, en el marco del programa de capacitaciones laborales.

La defensa de las organizaciones sociales

Desde las organizaciones se defendieron y aseguraron que la investigación respondía a una clara intención de criminalizar la protesta social, lo que también desnudaba la falta de objetividad de la Fiscalía en relación al Poder Ejecutivo.

En una conferencia de prensa posterior a los allanamientos, el referente del FOL, Diego Mauro, aseguró: "estamos a disposición para contestar todo lo que tengamos que contestar" porque "lo que no queremos hacer es alimentar el tema del show, porque me hace recordar cuando tuvimos que salir a discutir que no compramos los chorizos".

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Claudio Espinoza

"Además de rendir las transferencias que hemos hecho a todo el universo de compañeros y compañeras, de todas las herramientas y maquinaria que se ha comprado, le mandamos todas las fotos donde se han realizado obras. O sea las capacitaciones además de que se hicieron, las transformamos en trabajo", insistió.

También desmintió la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) respecto al supuesto cobro de porcentajes de los planes de los beneficiarios, quienes a su vez rendía a alguien de mayor jerarquía dentro de la organización. "Acá no se extorsiona a nadie", afirmó.