Los detalles del apriete de la Uocra a obreros de una construcción de Centenario

A pocas horas de que saliera a la luz el violento hecho protagonizado por tres gremialistas de la UOCRA, se conoció que la fiscalía ya acusó a tres de los cinco involucrados identificados. El fiscal ordenó prohibiciones de acercamiento y contacto para los imputados, a quienes calificó de “matones” y “patoteros”. Exigían millones de pesos a las víctimas para dejarlos trabajar.

El jueves en una audiencia en Ciudad Judicial, el fiscal del caso Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat formularon cargos a tres personas: Francisco Víctor Ojeda, Alfredo Jesús Álvarez y Enzo Francisco Cares. Otras dos que son investigadas por su participación en el mismo hecho aun no fueron citadas. Ellos cinco habrían participado de las agresiones y exigencia de dinero a los trabajadores.

Narvaez precisó que todo ocurrió el pasado miércoles 23 de abril en horas del mediodía, pero que telefónicamente, uno de los imputados había realizado la misma exigencia en días previos.

La teoría del caso que planteó Narvaez es que en un primer momento, uno de los imputados a los que aún no se le formularon cargos, identificado como "L.A.M", se presentó en la obra del galpón y le manifestó a una de las personas que trabajaba en el lugar que “tendrían que haber arreglado con ellos”. La referencia fue a un primer contacto telefónico que había mantenido uno de los imputados el día lunes 14 de abril, en el que se presentó como personal de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y les exigió $4.000.000 para dejarlos trabajar.

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Sin embargo, la víctima le respondió que no le iba a pagar nada, y "L.A.M" se retiró del lugar. Dos horas más tarde, regresó junto a un cómplice, "L.A", a bordo de un automóvil marca Chevrolet corsa de color verde claro; y otras tres personas que llegaron en una camioneta: Ojeda, Álvarez y Cares.

Narvaez relató que “Ojeda, quien vestía una remera de la UOCRA, es quien dirigía a las personas”, y dijo al llegar al lugar y descender de los vehículos, “el imputado 'L.A.M' rompió una cinta de peligro que estaba colocada en el lugar, delimitando la obra, y todos ingresaron”.

“Ojeda se acercó a los trabajadores y comenzó a recriminarles de que ellos no podían trabajar allí, que debían 'arreglar' con ellos para poder continuar con la obra, exigiendo de esa manera hacer algo contra su voluntad de manera intimidatoria”, relató el fiscal.

Las víctimas volvieron a negarse, por lo que Ojeda le dijo al resto que bajaran “todo de la camioneta” por si llegaban “los otros” y agregó “en la mochila está todo”. Esta última frase, sostuvo el fiscal de Delitos Económicos, generó temor en las víctimas, en relación al posible uso de armas de fuego para amedrentarlos. Por eso llamaron a la Policía, que arribó en pocos minutos y demoró a las tres personas que habían llegado a bordo de la camioneta: Ojeda, Álvarez y Cares.

Las víctimas tienen temor

Por todo esto, Narvaez les formuló cargos a ellos tres por el delito de extorsión, en grado de tentativa y en carácter de coautores, y pidió dos meses para realizar la investigación.

Explicó que a los otros dos imputados ("L.A.M" y "L.A") se les atribuye haber participado en el mismo hecho y advirtió que las víctimas son personas “que no están afiliadas al gremio, que son monotributistas y que provienen de otras provincias”.

UOCRA intento de extorsión

Centenario Digital

El representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que las víctimas sienten temor luego de lo ocurrido y que pretenden terminar el trabajo que estaban realizando, por lo que pidió protegerlas respecto del accionar de “matones” y “patoteros”.

“Esta conducta desplegada, más allá de que es un delito en sí mismo, representa un riesgo de entorpecimiento de la investigación y de que algo le suceda a las víctimas”, explicó, y solicitó a la jueza Carina Álvarez que imponga a los acusados restricciones de acercamiento y de contacto a las víctimas.

Tras escuchar a las partes, la jueza hizo lugar a la formulación de cargos y a las medidas cautelares por seis meses. Además, fijó el plazo de la investigación en dos meses.

En los próximos días, se evaluará la situación de los imputados restantes y se avanzará respecto de su participación.

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