Planes sociales: Fiscalía de Estado avanza en "recuperar" el dinero de la estafa

El escándalo por la estafa con planes sociales en Neuquén sigue sumando capítulos. En la Justicia Penal se discuten acuerdos y penas, para que los imputados puedan zafar de la cárcel, pero desde la Fiscalía de Estado se presentó una acción procesal administrativa para recuperar el dinero del fraude.

La movida se presentó en la Oficina Procesal Administrativa N°1, bajo el expediente 20469/2024, con el objetivo de recuperar $153.377.900 más intereses y costas, de acuerdo a lo que pudo saber LMNeuquén de fuentes cercanas al fiscal de Estado, Raúl Gaitán.

La demanda de la Provincia del Neuquén recae sobre 22 imputados, que incluyen a aquellos que firmaron acuerdos de responsabilidad con el Ministerio Público Fiscal.

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El fiscal de Estado Raúl Gaitán y el equipo están desde hace un año realizando investigaciones que pusieron a disposición del Ministerio Público Fiscal. Una de ellas es por la causa de la estafa con planes sociales.

Sebastian Fariña Petersen

Entre los demandados están Néstor Pablo Sanz, Marcos Ariel Osuna, Ricardo Nicolás Soiza y Abel Di Luca, señalados como los principales responsables del desvío de fondos.

El reclamo se formuló en forma solidaria, lo que significa que la provincia puede exigir la totalidad del monto a cualquiera de los co-demandados.

Sin embargo, el tribunal rechazó las medidas cautelares solicitadas, al considerar que los derechos invocados ya estaban asegurados con las medidas dispuestas en la causa penal.

Planes sociales: ampliaciones y desistimientos

Desde la presentación original, la Fiscalía de Estado realizó dos ampliaciones de la demanda. Una fue el pasado 21 de noviembre cuando se incorporó a cuatro personas que suscribieron acuerdos de responsabilidad la Fiscalía: Pamela Alejandra Rivera, Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández y Gisel Roxana Tarifeño.

En tanto que el 21 de febrero se amplió nuevamente la demanda e ingresaron Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras y Pamela Alejandra Cea. En la misma presentación, se desistió de la acción contra Marines Elizabeth Huaiquipán, quien fue sobreseída en el fuero penal.

Otro frente judicial para recuperar la plata

Además de la acción administrativa, la Fiscalía de Estado inició una demanda civil en el Juzgado Civil N°1 contra Adrián Alfredo Meza Lizama, quien alquilaba vehículos al Ministerio de Desarrollo Social y cobraba con cheques de los planes sociales. En este caso, el reclamo es de $4.982.500 más intereses y costas.

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Una audiencia para recovar la prisión domiciliaria de uno de los imputados pro las estafas con planes sociales.

Claudio Espinoza

Si bien el proceso tiene carácter reservado, se confirmó que el 27 de febrero Meza Lizama depositó el monto reclamado en una cuenta del Ministerio de Desarrollo Social, lo que podría influir en el avance del proceso.

A pesar de ello, el expediente sigue en trámite y ya se activaron medidas cautelares para embargar un automotor del demandado.

El gobernador Rolando Figueroa llevó el caso de los planes sociales como agua para su molino, pese a que a aún no se sabe qué penas tendrán los imputados. “Queremos presos a quienes les robaron la plata a los más humildes y queremos que devuelvan lo robado”, repitió en su discurso ante la Legislatura el 1 de marzo.

La frase, “devuelvan lo robado”, que se hizo muy popular durante la oposición a los gobiernos del kirchnerismo postura que recae en los oídos de los jueces, que intentan alcanzar acuerdos judiciales. Es una frase que se percibe como un cambio de época, donde el cuerpo social pide que los políticos vayan presos. Una narrativa, por momentos, fantasiosa.

Entre quienes buscan un acuerdo penal están Rodolfo Andrés López y Adrián Alfredo Meza Lizama. Ambos aceptaron declararse culpables y recibir tres años de prisión en suspenso más tareas comunitarias. Es una salida alternativa para evitar el juicio oral.

Sin embargo, los jueces Carina Álvarez en 2024 y Cristian Piana en febrero de 2025 rechazaron la homologación por considerar la pena demasiado baja y porque no incluía la devolución del dinero.

Ahora, un tercer juez deberá resolver si se mantiene el acuerdo o si se anula nuevamente. Hay algunas diferencias entre el Colegio de Jueces y el Tribunal de Impugnación que aumentan la incertidumbre sobre el desenlace del caso.

La polémica por las penas y la sensación de injusticia

El juez Andrés Repetto, al analizar el caso, comparó esta situación con otra reciente, en la que tres personas fueron condenadas a prisión efectiva por robar cobre de un transformador. “Aquí estamos ante una asociación ilícita que sustrajo millones del Estado, pero sus integrantes no pisarán la cárcel. Esto genera una sensación de injusticia”, advirtió.