Javier Murer no anduvo con vueltas y quiere restituir el predio para los turistas. Hay un fallo del TSJ a favor del estado municipal y una queja en la Corte.
El camping del lago Correntoso está ocupado desde 2011 por los Paicghil Aintriao. El pedido de reivindicación ancestral fue rechazado por el TSJ ya que no pudieron acreditar esas pruebas. Foto: Romina Braicovich.
El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, volvió a pedir el desalojo ocupación mapuche en el camping del lago Correntoso. Directamente, solicitó la intervención judicial, para transformar el espacio en un balneario público para los turistas que llegan a la aldea cordillerana.
Es que mientras la disputa con la comunidad mapuche Paichil Antreao sigue en la Justicia, Murer no dejó lugar a dudas sobre el futuro de ese "mal llamado" camping. “La situación está en la Justicia, estamos a la espera de que el expediente se remita al juzgado local y seguir adelante. Tiene que ser restituido de manera inmediata”, afirmó en declaraciones radiales.
El intendente destacó que el municipio pasó un año gestionando el traspaso del predio, pero las negociaciones no prosperaron. “No hubo compromiso de la comunidad para restituir el predio. Mi solicitud es que se proceda al desalojo como corresponde”, insistió.
La versión de Murer es directa, y no tiene contemplaciones: el camping Correntoso ya no debe funcionar como tal. En su lugar, el intendente propone un Parque Recreativo Correntoso, un espacio abierto y accesible tanto para residentes como para turistas.
Desalojo: del camping a parque turístico
“El predio tiene que ser un paseo y un balneario, sin servicios de camping. Es un objetivo para el uso común de Villa La Angostura”, explicó. También subrayó el valor natural del lugar. “Tiene las aguas más cálidas de la región y es lamentable el deterioro que ha sufrido en estos años”, remarcó.
El municipio sostiene que la comunidad Paichil Antriao ocupó el espacio de manera ilegal y que un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ordenó su restitución. Sin embargo, la comunidad asegura que el camping es territorio ancestral y que el proceso judicial aún no está firme. Además, aguardan una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que podría frenar cualquier desalojo.
El proceso de restitución sigue trabado. A fines de 2024, se otorgó un plazo de 30 días para la devolución del predio al municipio, pero la feria judicial postergó la decisión. Ahora, Murer presiona para que la Justicia acelere los tiempos y concrete la recuperación del lugar.
En paralelo, la comunidad Paichil Antriao advierte que defenderá su permanencia en el lugar y que la única solución posible es el diálogo. El conflicto del camping Correntoso sigue en un limbo, con un destino incierto. La pregunta es si la solución llegará en una mesa de negociación o con una orden de desalojo.
La comunidad está inscripta en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), desde el 5 de junio de 2007, mediante la resolución 1220, tiene el relevamiento completo, pero aún no está la firma. Todo estaba por resolverse durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, pero el cambio a Milei frenó el proceso que buscaba la comunidad: tener el documento que avala que son dueños originarios de esas tierras.
Por otro lado, el municipio reclama el espacio como parte de un juicio de reivindicación iniciado en 2013. El TSJ había resuelto, en abril de 2024, reconocer a la Municipalidad de Villa La Angostura la posesión de una fracción de tierra que la comunidad Paichil Antriao utilizaba como “concesionario” del camping municipal. En ese sector también está la toma de captación de agua de la ciudad.
Mapuches, personería y tierras
El fallo fue firmado por los vocales Evaldo Moya y Germán Busamia. Este último hizo una pormenorizada situación sobre la historia del lote en cuestión que los mapuches atribuían la posesión de un lote fiscal.
El conflicto tiene tres escenarios posibles, más allá de que el intendente dijo que promoverá el desalojo o la restitución de esas tierras, tal cual el fallo del TSJ. Una es el desalojo inmediato, donde la comuna podría avanzar, asumiendo los riesgos legales y políticos si la Corte finalmente falla a favor de la comunidad.
Otra opción es esperar a la Corte Suprema, y aunque esto implica una demora considerable, evitaría posibles costos económicos y reputacionales para el Municipio.
También hay una salida política, un acuerdo entre las partes, aunque poco probable, que podría evitar la confrontación directa.
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