¿Quién controla la plata de la política en Neuquén?

En la provincia de Neuquén, según datos oficiales, hay 24 partidos políticos reconocidos por la Justicia Federal. Todos, al menos así lo marcan las leyes vigentes, tienen una obligación central: rendir cuentas de la plata que reciben y gastan. Lo antes dicho no es un mero trámite administrativo. Corresponde a un principio constitucional, es una exigencia democrática y una herramienta de transparencia.

No es una formalidad burocrática, sino que se trata de una de las obligaciones más importantes que tienen los partidos políticos en una democracia seria. Al menos así lo exige la Constitución Nacional en su artículo 38, lo desarrollan las leyes 26.215 y 27.504 y lo afirma con claridad la Cámara Nacional Electoral, cuando indica: “El régimen patrimonial de los partidos políticos […] requiere un control estricto del origen y destino de los fondos […], porque su financiamiento con fondos públicos o privados implica deberes de transparencia que hacen a la calidad democrática”. Sin embargo, la mayoría no cumple.

¿Qué está pasando en Neuquén?

Durante 2023, la Justicia Electoral Federal sancionó con “pérdida del derecho a recibir aportes del Estado” a casi todos los partidos políticos neuquinos por “no presentar sus balances, o por presentarlos sin demostrar de manera clara el origen y destino de los fondos”.

Lo antes dicho confirma que el problema no es aislado ni accidental. Es estructural. “El sistema de rendición de cuentas exige altos estándares de trazabilidad, pero muchas agrupaciones no los alcanzan”, nos comenta un abogado entendido en la materia.

Consultado por los motivos, dijo que “los partidos no presentan a tiempo sus informes, no conservan o no exhiben la documentación respaldatoria, o usan mecanismos opacos o triangulados que impiden identificar a los aportantes reales y los gastos que realizan”.

El MPN tendrá su interna el próximo domingo. La sede de Olascoaga centralizará la información del comicio. (Omar Novoa)

El caso del Movimiento Popular Neuquino

De acuerdo a información oficial, el MPN es el caso más emblemático de Neuquén. Las estadísticas indican que desde el año 2013 hasta el 2022, todos sus balances fueron desaprobados.

Se le repreguntó a este abogado entendido en la materia sobre por qué la rendición de cuentas era tan importante. “Porque lo exige la Constitución Nacional en su artículo 38, y porque es la base del principio republicano: publicidad y control de los actos de gobierno, y también de la política que los promueve”, señaló.

Y agregó: “la Cámara Nacional Electoral, en fallo reciente, fue contundente, cuando sentenció que el régimen patrimonial de los partidos es uno de los puntos más importantes de su ordenamiento legal. La publicidad de aportes y gastos permite conocer con qué sectores se identifican los partidos y candidatos”.

Y que, en esos considerandos, argumenta que “el secreto sobre el financiamiento político viola el principio democrático, permite el ingreso de dinero ilícito y rompe la igualdad entre los ciudadanos”.

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Un problema nacional

Lo citado no es un tema local o técnico. Es un problema nacional, profundo, que se refleja en casos como:

• Cuadernos de las coimas, causa abierta en el año 2018, cuyo juicio se haría en noviembre de este año: se investigan aportes empresariales, al gobierno de Cristina Kirchner, durante su último mandato, a cambio de obra pública.
• Chocolate Rigau, ex subdirector de personal de la cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires: irá a juicio por “defraudación con fondos públicos y asociación ilícita” por haber operado espuriamente con 48 tarjetas, de débito, de empleados falsos.
• Planes sociales en Neuquén, la causa está a punto de ser elevada a juicio y la justicia acusó a un ex ministro y cuatro funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social como “presuntos jefes de una asociación ilícita”. También se procederá al enjuiciamiento de otras 10 personas como actores principales de la estafa que consistió en descuentos irregulares, a cientos de beneficiarios de tarjetas sociales, con destino político.
• Condena a Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos: desvío de fondos estatales para su campaña.

¿El hilo conductor de todas estas causas judiciales? Dinero que entra sin control y financia política sin trazabilidad ni responsabilidad.

¿Y ahora qué?

La política no puede financiarse más en las sombras. Se necesita un sistema exigente, pero accesible para los partidos más chicos. Transparencia en serio: sin triangulaciones, sin aportantes fantasmas. Sanciones reales, no simbólicas.

Información abierta y pública, como exige la ley 27.275, de Derecho de acceso a la Información Pública. También hace falta una inquebrantable voluntad política de cumplir la ley, no de esquivarla.

Porque al final del día, ¿quién controla la plata de la política?

Si no lo hace el Estado, ni la controlan los propios partidos, lo hace quien la pone bajo la mesa. Y eso debilita la creencia en la democracia y el sistema político.