Una de las normas, que está en condiciones de ser aprobada la semana que viene, se relaciona con endurecer la prisión preventiva.
Tres proyectos sobre seguridad, que cuentan con el aval del gobernador Rolando Figueroa, se encuentran muy avanzados en la Legislatura de Neuquén y uno de ellos podría convertirse en ley la semana que viene.
En primera instancia, se trata del proyecto de “Reiterancia”, cuyos autores son los diputados del PRO Marcelo Bermúdez y Damián Canuto. La norma que se buscará sancionar prevé que un fiscal pueda solicitar la detención preventiva de un imputado cuando exista reiteración delictiva. Es decir, se podrá aplicar si en el proceso en que una persona es llevada a juicio reincide cometiendo otro delito.
Para ello se busca sustituir el artículo 114 del Código Procesal Penal por otro similar que incorpora a las causales de previsión preventiva el que “exista reiterancia delictiva” que se le atribuya al imputado. Sumado a las otras razones por las que se puede requerir la preventiva: Que la medida resulta indispensable por presumir que el imputado no se someterá al procedimiento (peligro de fuga), que obstaculizará la investigación (peligro de entorpecimiento) o que pueda poner en riesgo la integridad de la víctima o de su familia.
A su vez, el texto de la ley especifica que “quedará excluida de esta causal las imputaciones que remitan a la comisión de delitos culposos, o cuando provenga de hechos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión, o en el ejercicio de peticionar a las autoridades y que no hayan provocado lesiones a las personas o daños a la propiedad”.
Microtráfico de drogas
El otro proyecto que avanza en la Legislatura (impulsado, entre otros, por los diputados aliados Claudio Domínguez del MPN y Francisco Lepore de Avanzar), es el de una ley de reforma del Código Procesal Penal, que incorpora artículos relacionados con el combate al microtráfico de drogas. Uno de esos artículos prevé la protección para denunciantes de este tipo de delitos, donde se establece que estas podrán realizarse de manera anónima.
La norma que se buscará aprobar prevé que podrán efectuarse “por teléfono, comunicándose a un 0800 habilitado para ello; a través de un servicio web oficial; dejando la información en un buzón; o personalmente ante el fiscal o la policía”.
También que “no será necesario firmar, aclarar, ni aportar datos que permitan individualizar al denunciante” y que el relato, en lo posible, “deberá contener el lugar donde se presume que se realiza la comercialización o tráfico de estupefacientes; las personas identificadas que lo hacen, indicando de ser factible nombre y apellido o apodo con el que es conocido, descripción física o señas o rasgos particulares; y los horarios y/o la modalidad en que se realiza”. El proyecto comenzará a analizarse en comisión esta semana.
Ley para la Policía
El tercer proyecto, que fue enviado por el propio Poder Ejecutivo para su tratamiento, tiene que ver con la nueva Ley Orgánica de la Policía, cuyo texto está en la Comisión I de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales. El objetivo de los diputados será sacar despacho este martes para luego girar el proyecto a la Comisión A de Asuntos Constitucionales y Justicia. Y se estima que a hacia fines del mes que viene podría tener tratamiento en sesión.
Entre otras cuestiones, esta norma modifica el régimen de licencias, prevé cambios en la carrera de la policía, además de la creación de nuevas superintendencias y coordinaciones regionales para descentralizar funciones y especializar áreas.
Un elemento importante de la Ley es que también incorpora la perspectiva de derechos humanos, de género, diversidad y discapacidad, a la vez que crea un régimen específico para el Personal Civil sin estado policial, equiparando parte de sus obligaciones al personal uniformado, con la exigencia de test psicofísicos y antidrogas.
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