Una herencia declarada vacante por la Justicia dejó al Consejo de Educación como dueño de más de 27 hectáreas en Valentina Sur, hoy en disputa.
El sector oeste de la calle Crouzielles donde está la disputa del lote de 28 hectáreas.
Entre las calles Crouzeilles, Punta Indio y Carhué, en pleno barrio Valentina Norte de Neuquén capital, hay casi 28 hectáreas de tierras que durante años cambiaron de mano en mano sin que casi nadie supiera que, en rigor, no le pertenecían a nadie. Casas a medio construir, carteles de "propiedad privada" clavados en terrenos fraccionados hace apenas unos meses, un arco que marca el límite de un lote y una vivienda de la Mutual Policial conviven hoy sobre una tierra que la Justicia neuquina terminó entregando, casi por descarte y con una ley que lo permite, al Consejo Provincial de Educación (CPE).
Es la historia de una herencia vacante que se convirtió en uno de los conflictos de tierras más enredados de la provincia.
Todo empieza con la muerte de Hugo Tonca, un hombre que no tuvo hijos y cuya vida sentimental terminó siendo, sin proponérselo, el centro de una disputa judicial de más de dos décadas. Tonca había estado casado y se había divorciado tiempo antes de morir; sus últimos años los vivió en concubinato con otra mujer. Una historia muy vieja de la ciudad de Neuquén.
Cuando falleció, la declaratoria de herederos favoreció en un primer momento a quien había sido su esposa. Bajo ese título, la mujer dispuso de las tierras: vendió una fracción a la Mutual Policial de Neuquén, llegó a acuerdos con la concubina del fallecido y cedió otras porciones como pago de honorarios a un número importante de abogados que intervinieron en el expediente. Según las fuentes, aseguran que fueron más de ocho.
Tierras del CPE con herencia vacante: juicios, divorcios y sucesiones
Según pudo reconstruir LM Neuquén a partir de fuentes con conocimiento directo de la causa, buena parte de esos beneficiarios eran personas en situación de vulnerabilidad, y el reparto de tierra como moneda de pago involucró a varios estudios jurídicos.
El affaire se derrumbó cuando otra mujer se presentó en el expediente sucesorio y demostró algo, un hecho nuevo que analizó la justicia. El divorcio de Tonca con su primera esposa era anterior a la muerte, por lo que aquella declaratoria de herederos no tenía sustento.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén terminó anulando todo lo actuado y declarando la vacancia de la herencia. Este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado contra ese fallo, dejando firme y definitiva la decisión del máximo tribunal provincial.
El Estado, heredero de última instancia
La ley de creación del Consejo Provincial de Educación —la N° 242, en su artículo 28— establece que las herencias declaradas vacantes en la provincia pasan automáticamente al patrimonio del organismo. Es un mecanismo poco conocido, pero no excepcional: buena parte de las tierras y departamentos que administra el CPE en distintos puntos de Neuquén llegaron a sus manos por esta misma vía.
En el expediente de Tonca, el Consejo asumió primero el rol de curador de los bienes del causante y, una vez saldadas las deudas de la sucesión, quedará como titular pleno del predio.
Ese rol de curador no es, según resaltan desde el organismo, una simple gestión administrativa transitoria. Según fuentes con acceso a la causa, el Estado posee "un interés directo y definitivo" sobre los bienes vacantes, en tanto y en cuanto, liquidada la herencia, esas tierras pasan de manera inexorable a integrar su patrimonio.
La única excepción reconocida hasta ahora es la fracción de aproximadamente cinco hectáreas que compró la Mutual Policial: el TSJ, mediante un acuerdo de marzo de 2022, validó esa operación y le reconoció la titularidad a la entidad, pese a haber anulado el resto de los actos dispuestos por la falsa heredera. Algo que sonó bastante raro en el ámbito judicial.
Buena fe, usucapión y desalojos: un mapa caso por caso
El problema para el CPE no terminó con el fallo del TSJ. Durante los años en que la mujer figuró como heredera legítima, terceros —particulares y algunas desarrolladoras inmobiliarias— compraron fracciones del predio de buena fe, sin saber que ese título terminaría cayendo.
A eso se sumaron, con el correr del tiempo, nuevas ocupaciones que nada tienen que ver con aquella cadena de ventas y que, según constató personal del organismo en un recorrido reciente por el lugar, siguen creciendo: viviendas en distintas etapas de construcción, fraccionamientos precarios y cartelería que anuncia lotes "en venta" o de "propiedad privada" sobre tierra que jurídicamente nunca dejó de ser fiscal.
Fuentes con acceso al expediente explicaron que la estrategia del CPE pasa por evaluar la situación de cada familia en particular, y no por un desalojo generalizado. Quienes puedan acreditar buena fe, título y una posesión sostenida en el tiempo —lo suficiente como para eventualmente ganar un juicio de usucapión— podrían terminar quedándose con la tierra que ocupan.
Quienes no tengan nada construido ni antecedentes de una posesión real, en cambio, serían desalojados. Con ese objetivo se pidió un relevamiento al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), organismo que además tiene interés propio en una porción de esas tierras: la intención declarada es destinar parte del predio a viviendas para docentes, lo que explica buena parte de la urgencia política detrás del expediente.
Partes disputándose algo ajeno
En paralelo al proceso sucesorio, una porción del predio está en litigio civil y muestra en carne viva las irregularidades que se acumularon durante años. Se trata de un interdicto de recobrar iniciado por la firma HERDPROP S.A.S. contra un particular, en el que el CPE se presentó como tercero para pedir el rechazo de ambas pretensiones.
"Estamos ante dos partes que se disputan algo ajeno", planteó el organismo en su escrito, según pudo confirmar LM Neuquén.
De acuerdo con la presentación judicial, HERDPROP funda su reclamo en una cesión de derechos posesorios otorgada por una persona que, según consta en la causa, tenía un cuadro de salud severo al momento de firmar.
La familia de un particular, por su parte, invoca una posesión pacífica del predio, aunque también reconoce en su propia contestación de demanda antecedentes de denuncias penales por presuntas estafas y cesiones cuestionadas a terceros, hechos que —cabe remarcar— restan probados y sobre los que corresponde mantener la presunción de inocencia hasta tanto exista una resolución judicial firme.
El propio Consejo destacó además que una demanda de usucapión que HERDPROP había iniciado contra el organismo por ese mismo predio terminó, en febrero de este año, con una sentencia de caducidad de instancia, es decir, sin que la empresa lograra acreditar el derecho que reclamaba.
Sobre el inmueble en disputa pesa, desde septiembre de 2023, una prohibición judicial de innovar dictada en el marco del expediente sucesorio, una medida que busca impedir que se sigan alterando la posesión o el estado del predio mientras la Justicia resuelve.
Dos frentes del CPE que tiene que atender
El fallo del TSJ ya está firme tras el rechazo de la Corte Suprema, y el CPE avanza ahora en dos frentes paralelos: el primero es sostener su título sobre el predio en el expediente sucesorio y, caso por caso, los litigios civiles que todavía lo enfrentan con quienes ocupan o reclaman fracciones del terreno.
En el organismo no descartan además avanzar con el amurallamiento del predio para frenar nuevas ocupaciones, en momentos en que crece la presión del IPVU para destinar parte de esas tierras a vivienda docente. Mientras tanto, sobre calle Crouzeilles, entre Punta Indio y Carhué, las construcciones nuevas siguen apareciendo sobre una tierra que, en los papeles, hace tiempo dejó de tener dueño.
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