Un Gobierno negacionista en Democracia

El nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976 volvió a servir, al igual que ocurrió el año pasado, para otro acto de provocación de parte del gobierno nacional, bajo el argumento falaz de agregar la palabra “completa”, a la consigna histórica de memoria, verdad y justicia.

Para peor, se hizo a través de un video en el que aparece un personaje hasta hace poco tiempo ignoto, como Agustín Laje, que el año pasado, en una entrevista con el portal “La Derecha Diario”, calificó a las Madres de Plaza de Mayo como “viejas de mierda, hijas de puta”, que “cuando con toda justicia les mataron a esas basuras humanas (por los hijos) salieron a llorar derechos humanos”.

La gravedad institucional de lo expuesto por el Gobierno, además del modo y el vocero elegido, se basa en que lo ocurrido en el período 1976-1983 en Argentina se trató de delitos de lesa humanidad, calificados de esta manera por el derecho internacional. Y fue así porque la Argentina adhirió al Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que establece en su artículo 7 que los crímenes de lesa humanidad son aquellos que se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

La “memoria completa” que se promueve busca mezclar las atrocidades cometidas por la dictadura cívico militar con los delitos de los grupos armados de la guerrilla en la etapa previa al golpe, cuando son los propios tratados internacionales los que marcan la diferencia, al señalar que, en el caso de los militares, utilizaron el poder de un Estado que actuó como terrorista y por lo cual aún hoy esos delitos (imprescriptibles) se siguen juzgando.

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Maria Isabel Sanchez

Desaparición y muerte

Este discurso de “memoria completa” lo que persigue, en realidad, es relativizar las atrocidades cometidas por la dictadura, desde el número de desaparecidos hasta la justificación del accionar de las Fuerzas Armadas bajo el argumento de que se “combatió” en un escenario de “guerra” contra la “subversión”.

Los hechos cronológicos y fácticos demuestran que el 24 de marzo de 1976 los grupos armados se encontraban con muy poco o nulo poder de fuego y que habían sido desarticulados por el accionar de la Triple A en la etapa previa al golpe. En dictadura sólo se registraron algunos episodios aislados y muchas de las acciones de los grupos de tareas de las fuerzas de seguridad fueron disfrazadas como enfrentamientos armados cuando en realidad se trató de asesinatos.

Por otra parte, la mayoría de las víctimas de la salvaje represión clandestina no fueron integrantes de grupos guerrilleros sino estudiantes universitarios (y hasta secundarios), delegados sindicales, militantes de diferentes partidos políticos y hasta gente que no tenía actividad política alguna.

Un repaso por el alegato del fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las juntas militares de 1985 deja muy claro esto último, además de precisar el plan sistemático de exterminio implementado por el gobierno de facto, que incluyó violaciones, vejaciones de todo tipo, operativos en los que se arrojaron prisioneros que aún estaban con vida desde aviones al mar, secuestros de bebés y perversiones inimaginables.

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“Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan ´hechos políticos’ o ´contingencias del combate’ . Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral”, señaló Strassera en un fragmento de la brillante exposición que realizó antes de pronunciar el recordado “señores jueces, Nunca Más”.

Lo hizo para desacreditar las argumentaciones que utilizaron los abogados defensores de los militares en ese histórico juicio, las cuales, paradójicamente, se asemejan a la de los voceros del actual gobierno nacional.

Memoria, verdad y justicia “completa” sería conocer dónde están los cuerpos de los desaparecidos sobre los que aún hoy se desconoce su paradero, del mismo modo que la identidad de los cientos de bebés (hoy adultos), hijos de desaparecidos, que todavía buscan las abuelas y familiares.

La desclasificación de archivos de inteligencia de la dictadura, anunciada en las últimas horas, podría servir para este propósito, pero no lo será en manos de un gobierno que, lejos de buscar la verdad, intenta bajarle el precio a la etapa más sangrienta y oscura de la Argentina.