Los hijos de la mujer fallecida en el lugar reclaman la propiedad como suya, mientras la pareja que reside allí asegura contar con toda la documentación al día.
En un terreno donde hace más de una década ocurrió un femicidio, hoy se libra una batalla: una familia está a punto de ser desalojada a pesar que compró el lote y al día de hoy continúa pagándolo. La Justicia falló en favor de los hijos de la víctima del crimen, quienes reclaman la propiedad como herederos, pero en el medio queda atrapada una mujer que invirtió todo en construir su hogar y ahora enfrenta la angustia de perderlo.
En el oeste de la ciudad de Neuquén, en la calle Casimiro Gómez, a metros de 1° de Enero, en la casa de Antonella y Hugo, una pareja que desde hace seis años reside en el terreno que actualmente es objeto de disputa legal. Con un boleto de compra-venta expedido por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), pensaron que tenían asegurada su propiedad. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) les quitó esa certeza y, en cuestión de días, podrían quedar en la calle.
En diálogo con LU5, Antonella relata cómo comenzó su historia con este terreno. “Nosotros compramos el terreno hace seis años mediante un acuerdo con un familiar. No lo firmamos ante escribano, pero confiábamos en la legalidad de la operación. Nos mudamos y, a los tres meses de empezar a construir, nos llegó una carta de desalojo. Nos decían que había una persona que reclamaba la propiedad”, contó.
A partir de ese momento, buscaron asesoramiento legal. “Nos defendimos con un abogado y fuimos al IPVU para hacer todos los papeles a nuestro nombre. Después de mucho trámite, el IPVU nos vendió el terreno oficialmente hace dos años. Desde entonces, estamos pagando las cuotas y tenemos todas las boletas al día. Pero ahora nos dicen que nos tenemos que ir”, explicó Antonella con angustia.
Su abogado le advirtió que en 10 días podría llegarle la orden de desalojo. Lo que más la desconcierta es que el TSJ parece no tener en cuenta que el IPVU ya le vendió legalmente el terreno. “Yo tengo todos los papeles, luz, gas, agua, Rentas, municipalidad, todo a mi nombre. Pero ahora me sacan todo sin siquiera revisar mi situación”, lamentó.
La situación no solo afecta a Antonella y Hugo, sino también a su hijo de cinco años. “Esta es su casa, acá vive desde que nació. Ahora nos quieren echar sin darnos una solución”, dice.
El fallo del TSJ reconoce los derechos de los hijos de la víctima, quienes ya son adultos, pero deja de lado la situación del niño que hoy vive en la casa. “A ellos les reconocen el derecho al terreno porque su mamá fue asesinada, pero a mi hijo nadie lo considera. Él también tiene derecho a una vivienda”, reclama Antonella.
El femicidio que marcó el destino del terreno
El terreno en cuestión fue el escenario de un crimen en 2013. Mónica Arambuena fue asesinada allí por su pareja, dejando huérfanos a sus cuatro hijos. En aquel momento, el Estado no tomó medidas claras respecto al destino del lote. Sin embargo, años después, y tras haber sido vendido a Antonella por el propio IPVU, la Justicia ha determinado que la propiedad debe ser restituida a los hijos de la víctima.
“Nosotros no sabíamos nada cuando compramos. Antes de hacer la compra, fui al IPVU y pregunté si el terreno estaba a nombre de alguien, si tenía problemas. Me dijeron que no aparecía a nombre de nadie, que podíamos avanzar. Ahora resulta que sí tenía problemas, pero nadie nos lo advirtió”, explicó Antonella.
Fue en el proceso judicial cuando se enteraron de la historia del terreno. “Ahí nos enteramos de que había ocurrido un femicidio y que la mujer asesinada tenía hijos. Nosotros ya habíamos construido la casa cuando supimos todo esto. Pero, ¿qué hacemos ahora? Si el IPVU no nos hubiera vendido, no habríamos invertido dinero ni esfuerzo en esta casa”, dijo con frustración.
Si bien el IPVU tenía la potestad de adjudicar terrenos, en este caso optó por venderlo, sin aclarar la historia previa. “El terreno tenía problemas, pero me lo vendieron igual. Me dijeron que lo siga pagando y construyendo. Ahora, cuando me desalojen, ¿quién me devuelve todo lo que invertí?”, insiste Antonella.
Por otro lado, la Justicia demoró más de una década en reconocer a los hijos de la víctima como herederos del terreno. “Esto lo tendrían que haber resuelto hace mucho tiempo. No ahora, cuando ya hay otra familia viviendo aquí”, argumenta la mujer.
La falta de respuestas del IPVU y la incertidumbre judicial
Uno de los aspectos más desconcertantes del caso es la falta de respuestas de parte del IPVU. Antonella cuenta que cuando intentó buscar explicaciones, le dijeron que no podían hacer nada. “Fui a hablar con Enzo López, el abogado del IPVU, y me dijo que me quede tranquila, que con mi compra-venta puedo defenderme. Pero eso no me sirve si la Justicia ya falló en contra”.
El problema de fondo es que la venta del IPVU y el fallo del TSJ parecen no estar coordinados. “Mi abogado me dice que el TSJ no está enterado de que yo tengo todos los papeles en regla. Pero, ¿por qué el IPVU vendió un terreno con problemas legales? ¿Por qué no nos dijeron nada antes?”, se preguntó Antonella.
La cuenta regresiva para el desalojo
El tiempo se agota y Antonella no sabe qué hacer. “Me siento engañada. No me metí en esta casa, la compré legalmente, hice los trámites, la pagué. Ahora me dicen que me tengo que ir y que no hay nada que hacer”, cuenta con lágrimas en los ojos.
La incertidumbre pesa sobre cada día que pasa. Sabe que la orden de desalojo puede llegar en cualquier momento y que, cuando eso suceda, se quedará sin hogar. “No sé a dónde voy a ir con mi hijo. La Justicia falló a favor de los hijos de la víctima, pero a mí nadie me responde por todo lo que hice acá”, dice.
La historia de Antonella y Hugo es la de muchos que, confiando en el sistema, terminan atrapados en conflictos burocráticos sin respuestas claras. Mientras el IPVU y la Justicia no se ponen de acuerdo y comparten información vital, una familia se enfrenta al peor escenario: perder su hogar sin recibir explicaciones ni soluciones.
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