Una deuda multimillonaria y sospechas de droga: que hay detrás del sabotaje al EPEN

A medida que avanza la investigación sobre el sabotaje al Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) crecen las sospechas y dudas sobre los motivos que tenían los responsables. Gustavo Parnisari, uno de ellos, Jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Chos Malal, ya confesó su responsabilidad, pero saltó una sospechosa deuda millonaria.

Además, en su casa encontraron elementos claves que podrían conducir a descubrir otros delitos, como microtráfico de drogas. "Que no diga una palabra a nadie", le había indicado tras los primeros allanamientos, con mucha preocupación a otro investigado, a través de llamadas y le había preguntado si a él "le cayó la Policía". Su empleado del corralón, ya había sido acusado el pasado 8 de marzo por hechos similares: "que ninguno hable nada porque apenas salga el C.C. que se comunique, así vemos qué le dijeron".

Las conversaciones donde el sospechoso insistía con la negativa a abrir celulares, y donde aseguraba que mantendría escondido otro teléfono en el caso de ser allanado, fueron fundamentos referidos por la fiscal Natalia Rivera para pedir el allanamiento que se concretó el 3 de abril. Además de pedir de manera urgente secuestrar cadenas, sogas; requisa vehicular a un Peugot 208 color blanco, calzado compatible con huellas fijadas en los lugares del hecho por criminalística; lo central era incautar dispositivos de telefonía celular y recabar los patrones de acceso.

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EPEN

Deuda en dólares e indicios de drogas: qué dijo el fiscal en jefe

La fiscalía estableció que tanto para el sabotaje a las líneas de alta tensión del EPEN realizado el 20 de febrero, como el 5 de marzo, hubo un conjunto de participantes. A través de la apertura de los celulares secuestrados, podrían avanzar para conocer la dinámica y detalles sobre las complicidades necesarias.

Consultado sobre los motivos que movilizaron a Gustavo Parnisari, Jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Chos Malal, a realizar los dos sabotajes al EPEN, Fernando Fuentes, fiscal jefe que supervisa la causa, informó a LMNeuquén los datos llamativos que surgieron en los allanamientos.

"Llevaron a los perros de antinarcóticos que marcaron varios lugares, un camión, y después sectores del domicilio de la casa de la persona imputada (Parnisari)" y aseguró: "ahí ha habido estupefacientes que, obviamente, ya no estaban cuando fuimos, si no, lo hubiésemos secuestrado y hubiésemos hecho una causa por eso, pero por ahí ha pasado droga para decirlo llanamente".

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Además, Fuentes, indicó que como parte de la investigación pudieron acreditar que Parnisari tiene una deuda importante con entidades bancarias: "Son deudas que superan los 100 mil dólares, deudas en función de cheques que él libraba y no rendía".

Un dato que, sumado a la presencia de drogas, podría indicar el delito de microtráfico: si se confirma como indicio, también tendrían que saber qué información se oculta en los dispositivos electrónicos que no quisieron abrir los imputados. Para relacionar la venta de estupefacientes, adentro de los celulares tendría que estar la prueba de tráfico, algo que por el momento no tiene fecha, porque la tarea de apertura quedó en manos de la DAFI. De todas maneras, Fuentes señaló que investigan otros elementos que no puede revelar todavía.

Por los otros tres imputados la investigación continúa abierta: "ahí no tenemos ninguna propuesta hecha por parte de la defensa ni se ha avanzado tampoco en nuestra parte", aseguró Fuentes y agregó: "lo que estamos haciendo es continuar con la investigación y esperando principalmente la apertura de celulares, que tenemos más de 30 teléfonos secuestrados y necesitamos saber su contenido". En conclusión, si no surge una propuesta de salida alternativa como Parnisari, hay que esperar a que se haga el juicio.

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El corralón de Parnisari

Gustavo Parnisari, de solo 29 años, y profesión empresario, se constituyó como titular de la sociedad anónima Caimayen Servicios, abocado a la venta de materiales de Construcción es el corralón del 19 de septiembre de 2023, figurando en el Boletín Oficial del 27 de octubre del 2023. El objeto de la misma: venta por menor y mayor de materiales para la construcción, transporte de cargas, fletes y acarreos, auxilios y remolques, incluye servicios de transporte de carga refrigerada y transporte pesado, alquiler y venta de vehículos y maquinarias.

De acuerdo al registro de su actividad en ARCA (ex AFIP), que figura en la página Cuit Online, figura como empleador, ya registrado desde 2015 en la venta de materiales de construcción, así como luego en la venta de equipos de uso doméstico en comercios especializados al por menor y mayor, reparación de vehículos, y desde 2021 servicios de emergencias y traslados, salud humana y servicios sociales.

Uno de los empleados del corralón de Gustavo Parnisari, Claudio Correa, fue uno de los primeros acusados por la fiscal del caso, Natalia Rivera, que le atribuyó cometer el sabotaje del 20 de febrero entre las 21.30 y 22.40 aproximadamente.

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Rivera indicó que Correa arrojó una cadena de 13 metros de largo con un alternador en un extremo, sobre la línea de alta tensión a la altura de las calles Miguel Güemes entre Mitre y Plan Madres Solteras en Chos Malal. Lo hizo acompañado por otra persona. De este modo, provocó la suspensión del suministro eléctrico hacia el paraje El Alamito, Tricao Malal y el departamento Minas, que fue restablecido alrededor de tres horas después.

El segundo hecho que le atribuyeron al empleado de Parnisari, fue el 5 de marzo, alrededor de las 22.40, en la línea de alta tensión ubicada en el camino a Aguada Chacaico. Otra vez, el acusado arrojó una cadena de 13 metros de largo que en un extremo tenía una soga atada, y provocó la interrupción del servicio eléctrico en la zona norte, que fue restablecido 18 horas después.

Luego, de atribuirle el delito de daño calificado, en concurso ideal con corte de suministro eléctrico, Correa quedó en libertad por decisión de la jueza de garantías Bibiana Ojeda.

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EPEN

Qué implica el acuerdo de responsabilidad para la pena

Por su parte, luego de llegar a un acuerdo de responsabilidad, y evitar un juicio, Gustavo Parnisari, aguarda en libertad que la Oficina Judicial fije la fecha de la audiencia de determinación de la pena por el delito que asumió en calidad de coautor de daño calificado, en concurso ideal con dos sabotajes de línea eléctrica.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios tendrá prohibido salir de Chos Malal; prohibido de contacto con los otros imputados en el caso, incluido otro integrante del cuerpo de Bomberos, Nicolás Máximo López y prohibido el contacto con testigos de la causa por cualquier medio y el deber de fijar domicilio y no modificarlo.

La fiscalía tiene cinco días a partir del 9 de abril, cuando fue la audiencia, para presentar las pruebas. Fuentes advirtió a LMNeuquén que el haber asumido su responsabilidad en el sabotaje que produjo un apagón de tres horas, y otro de 18 horas, no le jugó a favor en cuanto a pena: "nosotros habitualmente lo valoramos a los fines de evitar revictimizaciones, pero en este caso realmente no se da, porque la víctima somos todos".

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De todas maneras, indicó que acordaron con la defensa que la pena máxima sea de seis meses a tres años, cuando en el caso del delito específico podría haber llegado a cuatro años.

Además, consideró que lo favoreció en términos de la medida cautelar, porque lo habían encerrado hasta el 18 de mayo: "él va a esperar su condena en libertad, cuando tenía 1 mes de preventiva por delante".

En este sentido, advirtió: "como la asunción de responsabilidad trae aparejado la posibilidad de una aplicación de pena en suspenso, es lo que se acordó con la defensa, el beneficio que obtuvo por haber asumido la responsabilidad es el cese de la prisión preventiva".