La jueza Carina Álvarez rechazó los planteos de la defensa y avaló la acusación fiscal. Cinco exfuncionarios serán juzgados como jefes de la asociación ilícita.
La estafa con planes sociales en Neuquén ya tiene fecha de juicio. Tras una audiencia tensa y un cuarto intermedio extendido, la jueza de garantías Carina Álvarez validó la acusación contra 17 personas por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por uso indebido de tarjetas de débito.
Entre los imputados hay cinco exfuncionarios de alto rango del Ministerio de Desarrollo Social, señalados como los jefes de la estructura delictiva.
El fallo de la magistrada coincidió con la postura de la fiscalía, representada por Pablo Vignaroli y Juan Narváez, y desestimó los intentos de las defensas por frenar el avance de la causa. “La fiscalía tiene un caso para ir a juicio”, sostuvo Álvarez, despejando el camino para el debate oral.
Según la investigación, el esquema funcionaba con cinco niveles de responsabilidad, con un núcleo de poder que orquestaba la maniobra desde dentro del ministerio. En la cúpula de la asociación ilícita figuran Ricardo Soiza, Néstor Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengentharler, quienes ocupaban cargos clave en la administración de los planes sociales.
Estafa: cobradores, reclutadores y beneficiarios
Debajo de ellos, la pirámide se completaba con colaboradores, recaudadores, reclutadores y beneficiarios que habrían participado en la ejecución del fraude, el cual involucra 9.303 estafas con fondos públicos.
La fiscalía adelantó que pedirá penas superiores a los tres años de prisión efectiva para los principales acusados. Además, en la próxima audiencia –programada para el 19 de marzo– las partes discutirán la producción de pruebas y los testigos que serán citados al juicio.
Dado el volumen de la causa y la cantidad de imputados, se espera un debate extenso, que podría prolongarse por más de dos meses. Mientras tanto, el escándalo de los planes sociales sigue generando repercusiones en la provincia, dejando en evidencia las fallas del sistema de control sobre los fondos públicos.
- Colaboradores
Uno de los niveles investigados es el de los colaboradores. Irán a juicio Luis María Gallo, quien hasta enero de 2022 fue el director de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, y Laura Carolina Reznick, que fue la sucesora en el cargo y continuadora de la maniobra. También surge la figura de Julieta Oviedo, directora de Tesorería del Ministerio, que tenía un rol crucial en la operativa. Era responsable de ejecutar las acreditaciones bancarias y librar los cheques de manera irregular.
En tanto Julio Norberto Arteaga, auditor de la Contaduría General, facilitaba que el esquema continuara mes a mes al omitir observar las irregularidades en los expedientes y emitir informes de control que daban apariencia de legalidad a las operaciones.
- Reclutadores
Isabel Natalia Montoya, está sindicada por cumplir este rol, gestionaba los datos de los supuestos beneficiarios y entregaba las tarjetas de débito y las claves PIN a los responsables de la extracción del dinero.
- Recaudadores
Aaron Escobar y Valeria Noemí Honorio son algunos de los principales implicados en esta parte de la maniobra, cobrando cheques que no les correspondían y retirando dinero con tarjetas de débito de beneficiarios ficticios. Escobar cobró un total de 61 cheques que sumaban 2.375.600 pesos, mientras que Honorio gestionó 43 cheques por 2.043.900 pesos.
También figura en este nivel Ariel Oscar Krom, quien cobraba cheques fraudulentos. Montos implicados: cobró 20 cheques que ascendían a 968.000 pesos. En tanto, Omar Ulises Rodríguez Quezada cobrador de cheques fraudulentos y extractor de dinero con tarjetas de débito ajenas. Montos implicados: participaba en la extracción de fondos con tarjetas de débito. Por último, está Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras como cobrador de cheques y dinero de tarjetas de débito sin autorización. Montos implicados: participaba en las extracciones de dinero fraudulentas.
- Beneficiados por la maniobra
Para la fiscalía, hay dos beneficiados por la maniobra que irán a juicio. Alfredo Andrés Cury, aceptó fondos del subsidio a pesar de no cumplir con los requisitos. Montos implicados: recibió parte de los fondos desviados. En segundo lugar, Fernando Cardozo Regidor, se benefició de los subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos. Montos implicados: recibió fondos desviados.
Fiscalía de Estado quieren recuperar la plata de la estafa
El escándalo por la estafa con planes sociales en Neuquén sigue sumando capítulos. En la Justicia Penal se discuten acuerdos y penas, para que los imputados puedan zafar de la cárcel, pero desde la Fiscalía de Estado se presentó una acción procesal administrativa para recuperar el dinero del fraude.
La movida se presentó en la Oficina Procesal Administrativa N°1, bajo el expediente 20469/2024, con el objetivo de recuperar $153.377.900 más intereses y costas, de acuerdo a lo que pudo saber LMNeuquén de fuentes cercanas al fiscal de Estado, Raúl Gaitán.
La demanda de la Provincia del Neuquén recae sobre 22 imputados, que incluyen a aquellos que firmaron acuerdos de responsabilidad con el Ministerio Público Fiscal.
Desde la presentación original, la Fiscalía de Estado realizó dos ampliaciones de la demanda. Una fue el pasado 21 de noviembre cuando se incorporó a cuatro personas que suscribieron acuerdos de responsabilidad la Fiscalía: Pamela Alejandra Rivera, Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández y Gisel Roxana Tarifeño.
En tanto que el 21 de febrero se amplió nuevamente la demanda e ingresaron Emmanuel Rodolfo, Victoria Contreras y Pamela Alejandra Cea. En la misma presentación, se desistió de la acción contra Marines Elizabeth Huaiquipán, quien fue sobreseída en el fuero penal.
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