Viviendas, una mecha encendida y otro ajuste que golpea a las provincias

El veto a ley de Financiamiento para las universidades nacionales apenas encendió una mecha de las consecuencias de los recortes a las políticas públicas estratégicas. La medida tiene un impacto severo para quienes no tienen otra opción que formarse en estudios superiores en forma gratuita.

Sin embargo, durante la semana que termina trascendió otro drástico ajuste que también afectará a los sectores más desfavorecidos, pero también a buena parte de la clase media, que tiene que pagar un alquiler para vivir. Para este año se estima que el gobierno nacional habrá destinado a la construcción de viviendas el 1,6% del presupuesto; aunque lo peor vendrá en 2025, pues se proyectó apenas el 0,61, según en el proyecto presentado en el Congreso.

Precisamente en la última reunión de la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, se indicó que, para el área de Integración Urbana y Vivienda, el proyecto de presupuesto establece un aumento del gasto de solo el 4,3% interanual que, no obstante, está lejos de compensar la caída previa, -24% del período 2023-2025. Ese recorte va en línea con la caída de la función Servicios Sociales, del 17%, en el mismo período. En este apartado, se informó, la caída de la partida de viviendas es del 47% y del 64% en agua potable y alcantarillado.

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En el marco de la comisión, Juan Maquieyra, de TECHO Argentina, advirtió que hay 5 millones de personas viviendo en algunos de los 6.667 barrios populares del país que, en el 60% de los casos, no tiene acceso a la red eléctrica y el 91% tampoco a cloacas, o a agua potable.

La Cámara Argentina de la Construcción, a través de uno de sus directivos, Iván Szczech, por su parte, advirtió que la vivienda “no es tema” en Argentina. “Tenemos cuotas para comprar insumos que ni siquiera necesitamos, pero no así para la vivienda, que no ha sido objeto de preocupación política para la Argentina”, indicó. En su informe, el directivo de la organización empresarial indicó, además, que la industria perdió 120 mil puestos de trabajo directo y otros 80 mil indirectos en los últimos meses a causa del parón de la construcción.

Este panorama de desfinanciamiento de las políticas de vivienda y hábitat no solamente golpea a quienes viven en los barrios populares, sino también a los que alquilan.

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A medida que se acercan los meses finales del año, los expertos anticipan que los aumentos de expensas podrían continuar. Es que los ajustes de sueldos de los encargados y la renovación de contratos de servicios impactarán en este cargo fijo en los próximos meses. Según Nicolás Baccigalupo, CEO de Octopus Proptech, hasta septiembre de 2024, las expensas a nivel nacional tuvieron un aumento promedio del 134%.

Parece una ironía del destino, en estos días se cumplió el sexto aniversario de la sanción de la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana que se aprobó en forma unánime en el Congreso durante el gobierno de Mauricio Macri y que continuó en la gestión de Alberto Fernández.

Esta ley creó herramientas como el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para la integración social y urbana de los barrios populares en Argentina. Esta política ha permitido llevar a cabo más de 1.270 obras, beneficiando a más de 1,3 millones de personas, incluyendo a más de 250.000 mujeres que mejoraron sus hogares a través del programa “Mi Pieza”.

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Probablemente sea una de las pocas políticas públicas sancionadas con tanto consenso y que trascendió de un gobierno a otro de distinto signo político.

Esa herramienta, también está a punto de desaparecer por el efecto de la motosierra.

Panorama en Neuquén

El panorama es preocupante también para las provincias, que deberán ocuparse de las políticas habitacionales, sin esperar nada del gobierno nacional.

En el caso de Neuquén se adoptaron algunas medidas tendientes a transparentar el recupero y el mecanismo de acceso a los planes de vivienda del ADUS/IPVU y, en el caso de algunos municipios ya exploran iniciativas con desarrolladoras privadas.

En los próximos días llegará a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2025, el primero cuya confección estará íntegramente a cargo de la actual administración provincial y que pondrá blanco sobre negro los alcances, reales y factibles, de dar algunas respuestas a un problema cuya magnitud empeora mes a mes.