Votos divididos por la Ley de Tierras: cómo fueron las posturas de los cinco diputados neuquinos
Mondaca, Muñoz y Riesco apoyaron la ley de Milei. Todero la rechazó, pero votó el tope a extranjeros. Maureira, de La Neuquinidad, votó en contra de todo.
Los cinco diputados nacionales por Neuquén se dividieron en la votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero el dato más llamativo lo dejó el capítulo que restituye la Ley de Tierras Rurales, que volverá a tratarse en el Senado de la Nación. Habilita la compra de tierras a extranjeros, pero con el límite que viene desde 2011.
Como se aprobó con más de dos tercios, ahora el proyecto pasa al Senado y solo podría rechazar la restitución con una mayoría igual.
Soledad Mondaca, Gabriela Muñoz y Gastón Riesco, de La Libertad Avanza, votaron a favor del proyecto en general y también de la restitución. Pablo Todero, de Unión por la Patria, rechazó el proyecto en general, pero acompañó la vuelta de los límites a la compra de tierras por extranjeros, que estaba establecida en un 15% en la original.
En tanto que Karina Maureira, la diputada de La Neuquinidad, el espacio del gobernador Rolando Figueroa, votó en contra de las dos cosas. Fue uno de los cuatro votos negativos de todo el país contra la restitución, que se aprobó por 239 a 4.
Después de la sesión, Maureira difundió un comunicado donde expresa que había votado "en contra de la extranjerización de tierras", en sintonía con esa postura del gobernador.
La defensa del territorio y de los recursos neuquinos es una de las banderas políticas de Figueroa. El gobernador rechazó en varias oportunidades las iniciativas que facilitan la venta de tierras a extranjeros y sostuvo que la provincia debe resguardar sus recursos estratégicos.
Los otros tres votos en contra de la restitución fueron los de las tucumanas Gladys Medina y Elia Fernández, que integran el bloque alineado con el gobernador Osvaldo Jaldo, y el del salteño Pablo Outes. Se abstuvieron los cuatro diputados del Frente de Izquierda, Mónica Frade (Coalición Cívica) y Marcela Pagano (Coherencia). En la votación general, el proyecto salió por 124 a 119 gracias a seis abstenciones, cinco de ellas del cordobesismo, y ahora vuelve al Senado.
Qué es la Ley de Tierras
La Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad de las Tierras Rurales se sancionó en 2011. Establece que los extranjeros no pueden tener más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento.
Dentro de ese porcentaje, una misma nacionalidad no puede superar el 30%. Además, un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente, y la ley restringe la compra de tierras en zonas de seguridad de frontera y de inmuebles que contengan o linden con cuerpos de agua de envergadura.
Para Neuquén no es un tema abstracto. La provincia tiene una extensa franja limítrofe con Chile, lagos y ríos que abastecen a toda la región y una creciente presión inmobiliaria e inversora a partir del desarrollo de Vaca Muerta.
Cómo se llegó a la restitución
El artículo 154 del DNU 70/23, firmado por Javier Milei en el inicio de su gestión, derogó la Ley de Tierras por completo. La Cámara Federal de La Plata lo declaró inconstitucional, pero la Corte Suprema revocó ese fallo y el artículo volvió a tener efecto. Así, la ley quedó otra vez sin vigencia.
El proyecto original de Propiedad Privada, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, buscaba esa apertura. En el Senado, Patricia Bullrich propuso un tope intermedio del 25%, pero no reunió los votos y el capítulo se cayó.
En Diputados, ante el riesgo de que la oposición tumbara todo el DNU 70/23, el oficialismo retrocedió y aceptó incluir dos artículos: uno que deja sin efecto el artículo 154 y otro que garantiza "la plena vigencia" de la Ley de Tierras. La norma la había impulsado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y la terminaron reponiendo los libertarios.
La restitución tuvo una sola objeción de fondo. La diputada Vanesa Siley (UxP) pidió que el texto dijera "derogar" en lugar de "dejar sin efecto" el artículo del DNU, y el oficialismo se negó. Algunos sectores ven en esa diferencia una puerta abierta para que más adelante vuelva la venta sin límites.
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