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La Mañana Alberto Fernández

Alberto Fernández denunció a Fabiola Yañez por "falso testimonio" y negó los cargos

El ex presidente está imputado por lesiones agravadas, violencia de género y coacción contra la ex primera dama. Podría recibir hasta 18 años de prisión.

El ex presidente Alberto Fernández arribo está mañana a los tribunales federales de Retiro para ser indagado en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez, una acusación que surgió luego de algunas pruebas presentadas durante la causa de los Seguros, otra situación judicial en la que el ex mandatario se ve envuelto.

El ex mandatario, que estaba convocado para las 11 pero adelantó su cita ante el juez federal Julián Ercolini a las 10.10 en el juzgado del cuarto piso de Comodoro Py 2002, entregó un escrito de descargo y se negó a contestar preguntas.

En ese texto, Fernández denunció a Yañez por "falso testimonio agravado por haber sido hecho en causa penal", al tiempo que volvió a negar las acusaciones.

De esta manera, Fernández se retiró a las 11.30 sin formular declaraciones a la prensa, en medio de un estricto operativo de seguridad.

La indagatoria se cumplió en una secretaría del juzgado con la presencia de Ercolini y el fiscal del caso, Ramiro González. El ex presidente hizo una breve exposición en la cual explicó por qué no respondería preguntas, reiteró que recusó tanto al fiscal como al juez y que, según su punto de vista, el juzgado no es "competente" para llevar el caso.

Qué pasó durante la audiencia de Alberto Fernández

El trámite duró unos 40 minutos, en el transcurso de los cuales se le leyeron al ex presidente tramos de la imputación en su contra.

Ahora, el juez Ercolini quedó en condiciones de definir si lo procesa, dicta falta de mérito o sobresee.

Fernández está imputado por "lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones".

Se trata de delitos que, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena.

La indagatoria se concretó después de dos postergaciones el año pasado a raíz de diferentes recursos que presentó la defensa del ex mandatario.

Un pedido que no prosperó

El ex presidente se presentó ayer en los tribunales federales de Retiro para participar de una audiencia ante la Cámara Federal porteña a la que exige apartar al juez federal Julián Ercolini de la causa de los Seguros.

La audiencia se realizaró ante el camarista Roberto Boico de la sala dos del tribunal de apelaciones y el ex presidente expuso junto a su abogada Mariana Barbitta los motivos por los cuales considera que el juez del caso tiene una "enemistad manifiesta" hacia su persona y debería ser apartado del caso.

Juez Federal Julián Ercolini.jpg

El magistrado Ercolini denegó la petición del exmandatario Alberto Fernández de postergar su declaración indagatoria programada para el 4 de febrero en la causa por presunta violencia de género contra Marcela Yáñez. En su resolución judicial, el juez fue contundente: "No corresponde modificar la fecha establecida para la audiencia".

Por qué se investiga a Alberto Fernández

Paralelamente, avanza otra causa judicial que investiga presuntas irregularidades en contrataciones públicas durante el gobierno anterior. El eje del caso es el decreto 823/2021 –firmado por Fernández en diciembre de 2021–, que establecía la contratación obligatoria de pólizas estatales exclusivamente a través de Nación Seguros.

La fiscalía sostiene que esta medida habría permitido un esquema de intermediación privilegiada para actores privados, evitando procesos licitatorios y generando opacidad en el manejo de fondos públicos entre 2019 y 2023. Entre los investigados figuran el exdirector de la aseguradora estatal Alberto Pagliano y otros funcionarios, señalados por posible desvío de recursos mediante adjudicaciones directas.

Ercolini, a cargo de ambas causas, consideró que existen elementos probatorios suficientes para avanzar con las actuaciones judiciales. Cabe destacar que el actual gobierno de Javier Milei derogó este mecanismo mediante el decreto 747/2024 en enero pasado, calificando el sistema anterior como "discrecional y lesivo para las arcas públicas".

El caso mantiene en vilo al entorno político por su alcance institucional y las implicancias jurídicas que podrían afectar a altos exfuncionarios de la administración anterior.

NOTA EN DESARROLLO.-

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