Auditorías a pensiones por discapacidad: el Gobierno pone en el foco más de 1 millón de casos

El Gobierno inició un proceso de auditoría sobre más de un millón de pensiones no contributivas por discapacidad laboral, tras detectar irregularidades en su asignación. La medida, coordinada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el PAMI, busca garantizar que los recursos lleguen únicamente a quienes cumplan con los criterios legales.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el sistema presentaba fallas estructurales, como beneficiarios fallecidos que seguían cobrando o diagnósticos médicos inconsistentes.

En conferencia de prensa, Adorni detalló que el proceso incluirá el envío de cartas documento a los titulares de las pensiones, quienes deberán someterse a evaluaciones médicas presenciales. "En una prueba piloto en Buenos Aires, solo el 31,6% de los citados se presentó. De ellos, muchos no acreditaron su condición", explicó. La estrategia se implementará de manera escalonada, priorizando regiones con altos índices de irregularidades, como Chaco y Salta.

Alarmas en las pensiones por discapacidad

Durante 2023, el cruce de datos entre el Programa Incluir Salud y el Renaper reveló situaciones graves: 150 personas fallecidas seguían figurando como activas en el sistema, con pagos a prestadores que superaban los $1350 millones. Además, se identificaron casos como el de una mujer que recibía la pensión por una amputación inexistente o beneficiarios con diagnósticos tan leves como "pie plano".

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El Gobierno analizará las pensiones por discapacidad.

En Salta, se descubrió que instituciones obligaban a firmar recibos por servicios nunca brindados, bajo amenaza de retirar el beneficio. "Esto no es solo ineficiencia, es un escándalo", afirmaron fuentes del Ministerio de Salud. La auditoría también apunta a prestadores de salud y educación: se estima que entre el 60% y 70% incumplían sus obligaciones contractuales, según datos oficiales.

Metodología de revisión en tres fases

1. Notificación y evaluación médica: A partir de febrero, los beneficiarios recibirán cartas documento con turnos asignados para evaluaciones clínicas realizadas por médicos del PAMI. Quienes no se presenten o no acrediten su discapacidad enfrentarán la suspensión inmediata. La documentación requerida incluye certificados médicos oficiales, historias clínicas actualizadas y estudios complementarios.

2. Análisis de casos por parte de la ANDIS: Profesionales de la agencia revisarán cada expediente para verificar el cumplimiento de requisitos: incapacidad laboral igual o superior al 66%, ausencia de otros ingresos y residencia en el país, entre otros. Se priorizarán las pensiones otorgadas durante el gobierno anterior, especialmente en provincias como Formosa y Corrientes, donde se registraron asignaciones desproporcionadas.

3. Resolución final y ajustes al sistema: Tras analizar los resultados, se emitirán dictámenes individuales. Los casos fraudulentos serán dados de baja, mientras que los validados mantendrán el beneficio. Adicionalmente, se reformularán los mecanismos de control para evitar futuras irregularidades. "Cada peso debe llegar a quien realmente lo necesite", subrayaron desde el equipo del ministro Mario Lugones.

Impacto y proyecciones

En pruebas previas, los resultados fueron contundentes: en Chaco, solo el 13,6% de los 2344 beneficiarios auditados cumplía con los requisitos. A nivel nacional, se proyecta que miles de pensiones serán suspendidas, liberando recursos para reinvertir en el sistema. Además, se fortalecerá la supervisión de prestadores, tras identificarse facturaciones por servicios fantasma.

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Se darán de baja 200 mil pensiones por discapacidad tras la decisión del Gobierno.

El Ministerio de Salud recalca que este proceso no busca recortar derechos, sino ordenar un sistema que representa el cuarto gasto más importante del Estado. "La transparencia beneficiará a todos, especialmente a los más vulnerables", concluyó Adorni. Mientras avanza la auditoría, las autoridades anticipan que los ajustes sentarán un precedente para futuras políticas sociales basadas en la eficiencia y la rendición de cuentas.