Declaró como testigo y dijo que las contrataciones de empleados eran responsabilidad de su ex ministra, principal acusada en la causa. Pocas precisiones.
Mariano Arcioni en 2019, cuando era gobernador de Chubut y designó a la principal acusada al frente del Ministerio de Familia.
Este martes el ex gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, declaró de manera online y en carácter de testigo en el juicio oral por la causa conocida como Ñoquis Calientes, en la que una ex diputada provincial y ministra suya está siendo acusada de contratar personal que nunca fue a trabajar y en algunos casos, ni siquiera vivía en la provincia.
Ante reiteradas preguntas del abogado de la ex ministra, que fue quien convocó a Arcioni como testigo, el ex gobernador respondió con evasivas y en general manifestó “no recordar” aspectos vinculados con designaciones, cuestiones operativas y de gestión, según consignaron en la página web del Ministerio Público Fiscal de Chubut.
Durante parte de la gestión del ex mandatario, la principal imputada en la causa, Cecilia Torres Otarola, formó parte de su equipo de gobierno como ministra de Familia. Además, la acusada era diputada provincial, función en la que también está sospechada de haber contratado ñoquis.
Durante la gestión de Arcioni, se apartó del entonces oficialista Partido Justicialista para conformar un monobloque. En el ministerio de Familia estuvo hasta fines de 2020. Pese a que era fuertemente cuestionada por contratos laborales poco claros, el gobernador la sostuvo en el cargo hasta ese momento.
La participación de Arcioni como testigo en el juicio, convocado por la defensora de la ex ministra, responde a que fue él quien nombró a Torres Otarola en su Gabinete.
El Tribunal le concedió el beneficio de participar a distancia en la audiencia en virtud de que actualmente es Parlamentario del Mercosur, más allá de que ese organismo no se reunió una sola vez en este 2024.
“Eran de su responsabilidad”
En el único momento en el que el ex gobernador se mostró algo más preciso fue cuando tuvo que recordar conversaciones con Torres Otarola para coordinar su designación como Ministra de Familia.
En esa parte de su declaración dejó bien claro que -si bien él la había puesto en funciones- los nombramientos de los colaboradores y equipos de trabajo de esa cartera “eran de responsabilidad” de la ministra, desligándose de la presunta designación de trabajadores ñoqui.
“No me consta”, dijo cuando le exhibieron una circular del 4 de febrero del 2020 firmada por el entonces Secretario General de Gobierno, Carlos Relly, en la que se establecía que todas las adscripciones y asignaciones deben ser dirigidas a la privada del Gobernador para su autorización.
Arcioni dijo que ni siquiera recordaba dónde se encontraba físicamente el edificio del Ministerio de Familia y que durante la pandemia, cuando Torres Otarola ejerció el cargo, “se trabajaba mucho de manera virtual”.
El defensor de la ex ministra le pidió también que repasara las funciones que se realizaban en la Casa del Chubut, y Arcioni mencionó varias dependencias, pero no destacó acciones ni oficinas vinculadas con el Ministerio de Familia.
“No recuerdo qué actividad se podría realizar en la Casa del Chubut relacionada con el área de desarrollo social”, dijo ante las insistentes preguntas de la defensora de otra de las imputadas.
La exposición del ex gobernador no superó la media hora y el fiscal optó por no hacerle preguntas.
El juicio en Chubut
En el juicio por la causa “Ñoquis Calientes”, que se inició la semana pasada tras varias dilaciones, juzghan a siete exfuncionarios y empleados públicos de la provincia de Chubut acusados de corrupción.
Torres Otarola está sospechada de contratar “ñoquis” con cargos de asesores en la Legislatura provincial, a quienes les exigía parte de su sueldo como retorno por el empleo en el que cobraban sin trabajar.
Durante su gestión como ministra de la Familia, además, también habría designado en cargos de alto rango a personas cercanas a ella que ni siquiera vivían en la zona (en general residían en la Capital Federal) y tampoco realizaban tareas o contraprestación para el Estado provincial.
En el arranque del juicio, empleados administrativos de la Legislatura de Chubut declararon para ratificar distintos informes y declaraciones realizadas previamente a pedido de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública que investigó el caso, dando cuenta de las resoluciones en las que se desingaron a los asesores de la entonces diputada provincial, contrataciones, montos, términos de los contratos, obligaciones a cumplir por los contratados y los controles del cumplimiento de las tareas que debió realizar Torres Otarola.
Una empleada de la Tesorería de la Legislatura provincial dio cuenta del pago de los contratos a los imputados, con los montos depositados y en qué cuentas, y otro trabajador ratificó que el manejo de los gastos de bloque eran de disposición discrecional por cada legislador “a manera de acción social”, sin obligación o necesidad de ser rendidos. Otra testigo de la fiscalía reconoció las facturas que se conformaron, montos y firmas para el pago de los contratos a los asesores imputados en la causa.
Más tarde, Martín Sandoval, exdirector en el Ministerio de Familia de Chubut, que también prestó testimonio en el Juicio, hizo declaraciones públicas resonantes.
El ex funcionario de Torres Otarola fue quien posteriormente la denunció acusándola de corrupción. “Surge a partir de mi salida, con un par de situaciones que estaba viendo de compras irregulares, justamente por la pandemia”, aseguró.
Sandoval insistió en que muchas de las personas contratadas ni siquiera vivían en Chubut, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de los procesos de contratación. En declaraciones realizadas a Canal 12, expresó: “Había una falla de todo el sistema que permitió que esto se llevara adelante”.
Al frente de la acusación contra Torres Otarola está el fiscal general Omar Rodríguez, en compañía de la fiscal Analía Acuña, mientras que la defensa técnica de los imputados está a cargo de los abogados Romano Cominetti y Florencia Barba.
El tribunal es presidido por la jueza Marcela Pérez Bogado e integrado también por los jueces penales Carlos Richieri y José Luis Ennis.
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