De qué se trata la intervención federal que pidió Javier Milei: ¿renunciará Kicillof?

El presidente Javier Mileipidió este miércoles la renuncia del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, tras los recientes episodios de inseguridad en la provincia. Entre ellos, el asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años en La Plata, que fue víctima de un robo de auto.

Milei consideró que la situación en Buenos Aires es insostenible y, en su cuenta de X, expresó que la intervención federal era una solución viable para enfrentar el problema de la violencia. Sin embargo, este proceso no es sencillo y se enfrenta a complejas barreras legales y políticas.

¿Qué implica una intervención federal?

La intervención federal es una figura contemplada en la Constitución Nacional, en su artículo 6°, que permite al Gobierno Nacional tomar el control de una provincia en situaciones excepcionales. Las causas para su aplicación son limitadas y solo pueden ser invocadas en tres situaciones: cuando se pone en riesgo la forma republicana de gobierno, para repeler invasiones exteriores, o si las autoridades provinciales piden la intervención por estar en una situación de sedición o cuando hayan sido depuestas. La intervención, en este sentido, se presenta como una medida extrema, que limita temporalmente la autonomía de la provincia y es de carácter político.

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El gobernador Kicillof fue el centro de las críticas de Milei.

Desde la reforma constitucional de 1994, el proceso de intervención federal corresponde al Congreso Nacional. Aunque el presidente puede solicitar la intervención de forma excepcional si el Congreso está en receso, debe contar con la posterior aprobación legislativa. Este proceso implica una disputa política, ya que las intervenciones federales históricamente han sido vistas con cautela debido a sus implicancias en la relación entre la Nación y las provincias.

Antecedentes y críticas al uso de la intervención

La facultad de intervenir en una provincia se remonta a 1831, con el Pacto Federal y el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, los cuales buscaban garantizar la paz y la estabilidad del país en tiempos de guerra civil. En democracia, varios casos de intervención se han registrado, aunque con pocas intervenciones legales formales. La más reciente ocurrió en Santiago del Estero, en 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó la intervención en medio de denuncias de abusos de poder y corrupción.

El constitucionalista Miguel Ángel Ekmekdjian describe la intervención como un "acto complejo" que busca suspender la autonomía de una provincia de forma temporal, mientras que otros expertos, como Germán Bidart Campos, la consideran "el recurso extremo". Daniel Sabsay, otro constitucionalista, considera que esta medida solo se justifica cuando se ve afectada la forma republicana de gobierno. Sin embargo, hasta ahora, no hay pruebas de que la situación en Buenos Aires amerite este tipo de medida.

El difícil camino hacia una intervención en Buenos Aires

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Para que la intervención federal se lleve a cabo, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) necesitaría contar con el respaldo del Congreso, lo cual no está garantizado. Desde la sanción de la Constitución Nacional en 1853, hasta 1976, se registraron 174 intervenciones, lo que refleja un uso recurrente de esta herramienta, aunque la reforma constitucional de 1994 limitó explícitamente el poder del presidente para actuar sin la aprobación del Congreso.

El gobernador Kicillof, por su parte, se mostró dispuesto a dialogar con el presidente sobre la situación en Buenos Aires, pero denunció que el oficialismo está utilizando los trágicos hechos de inseguridad como parte de su campaña electoral. Además, acusó a la Justicia de aplicar la ley de forma incorrecta, al permitir la liberación del principal sospechoso del asesinato de Kim Gómez, quien había sido detenido previamente en febrero. En este contexto, la intervención federal se presenta no solo como una solución a la violencia, sino también como un tema central en la agenda política del país.

El debate sobre la intervención federal sigue vigente, y en los próximos días, tanto el Gobierno Nacional como el provincial deberán definir cómo enfrentar esta crisis de seguridad sin recurrir a medidas extremas que podrían tensar aún más las relaciones entre la Nación y las provincias.