Debate clave: la ley de financiamiento universitario se decide voto a voto en Diputados

Poco antes de las 20, el quinto piso del anexo principal de la Cámara de Diputados, era un hervidero de reuniones. En esa planta conviven los bloques del PRO y de la UCR. Ambos espacios estaban reunidos por separado. Había llegado el momento de las definiciones antes de la sesión convocada para este miércoles a partir de las 11 para tratar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Los números que surgen detrás de cada pronunciamiento anticipan una pelea voto a voto, pero con una leve ventaja a favor del Gobierno que dejaría en pie el veto presidencial.

El reloj no había marcado las ocho de la noche y un integrante del bloque radical recibió un llamado. La comunicación provenía de la Casa Rosada y buscaba dos cosas: informarle al destinatario que habían resuelto ofrecer, en forma unilateral, una mejora salarial para docentes y no docentes. El segundo motivo era ambicioso. El funcionario consideraba que con el anuncio le daban un tiro de gracia a la posibilidad opositora de insistir con la ley con dos tercios de los presentes. Por eso exploró la posibilidad de que el pedido de sesión fuera retirado. La respuesta fue negativa, pero con ese llamado el Gobierno anunció que, a pesar de los titubeos, había aceptado el pedido del PRO: ofrecer una oferta que mejore los magros ingresos salariales docentes y no docentes y que sirviera para reducir el nivel de resistencia a respaldar el veto que hay en el bloque amarillo y también en otros espacios.

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No se sabe si la decisión será aceptada o no por los sindicatos, pero como es unilateral, su aplicación depende de los tiempos que disponga el Ministerio de Capital Humano, a través de la subsecretaría de Políticas Universitarias. La medida fue parte de las reuniones que se concretaron este lunes, donde los representantes del PRO y del MID insistieron con la necesidad de un gesto para descomprimir y ayudar a sumar las voluntades que faltaban.

En la noche de este martes, los poroteos previos a la sesión daban cuenta del impacto de los movimientos tardíos que había impulsado el Gobierno, con más efectos políticos y simbólicos que económicos.

Una definición infartante

Según los cálculos de distintos bloques, la oposición alcanzaría a los 162 votos a favor de insistir con la ley de financiamiento universitario, mientras que el oficialismo, junto al PRO y un puñado de radicales, podría alcanzar las 84 voluntades y blindar el veto. El oficialismo necesita un tercio para lograrlo, es decir, 82 votos, y al cierre de esta nota tenían dos votos por encima de la cifra necesaria.

Una clave de la sesión de este miércoles pasa por los presentes. El artículo 83 de la Constitución establece que si el Ejecutivo desecha una parte o toda la ley, el texto vuelve a la cámara de origen. "Ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de los dos tercios de los votos, pasa otra vez a la cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y para el Ejecutivo para su promulgación".

Los dos tercios necesarios para la insistencia son sobre los presentes y por eso habrá mucha atención sobre los que falten, porque de ese modo achicarán el total de los presentes y le permitirían a la oposición sumar chances para la insistencia. Once es el número que calculan para las ausencias y las abstenciones, que suman cuórum pero son consideradas igual que un diputado que no votó.

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A once horas del comienzo de la sesión, la oposición sumaba 162 voluntades repartidas entre 99 de Unión por la Patria, 27 de los 33 integrantes de la UCR, 15 de los 16 escaños de Encuentro Federal, seis de la Coalición Cívica, cinco del Frente de Izquierda, dos del bloque SER de Santa Cruz, uno del Movimiento Popular Neuquino, uno de Juntos Somos Río Negro, tres representantes salteños del bloque Innovación Federal y uno del espacio misionero.

El inventario de votos del oficialismo anticipa una escasa diferencia favorable, que sólo definirá su eficacia cuando llegue el momento de la sesión. A favor del veto y contra la insistencia, el bloque de La Libertad Avanza contaba con sus 39 voluntades, más 33 del PRO. El bloque amarillo tiene 38 bancas y, por fuera de los 33 que estarían dispuestos a sentarse y votar contra la insistencia, se esperan tres ausentes y dos votos a favor de la ley. Los faltazos provendrían de María Eugenia Vidal, Ana Clara Romero y Héctor Stefani. Los díscolos son dos, pero hay uno confirmado: el larretista Álvaro González ya anunció que votará a favor de la ley y el exárbitro Héctor "La Coneja" Baldassi deslizó que lo haría.

Así como el radicalismo cuenta con 33 votos a favor de la ley, se repite el cisma de un grupo de integrantes que votarán como quiere el Gobierno. Con el veto jubilatorio fueron cinco. Esta vez el neuquino Pablo Cervi no se sumará, y el aporte radical al veto lo protagonizarán los legisladores Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y José Tournier.

Otro aporte determinante lo harán los tres diputados del peronismo tucumano que responden al gobernador Osvaldo Jaldo. Son tres votos que respaldarán el veto y que confirman que parte de la negociación por el veto universitario anticipó el intercambio en torno al presupuesto 2025, cuyo tratamiento en comisión comenzó este martes.

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Como los números son tan finos, también hay dos votos sanjuanidos que dependen del gobernador Humberto Orrego. Los dos escaños del bloque Producción y Trabajo serán tan relevantes como los dos que pertencen al MID, la escición del bloque de LLA con Oscar Zago a la cabeza. Se fueron tres, pero solo habrán dos votos, porque Zago, su titular, está de viaje. Los 84 se completarían con la tucumana Paula Omodeo, del monobloque CREO.

El pelotón de ausencias o abstenciones cuenta, siempre en un plano de aproximación, con dos radicales: Cervi y Fernando Carabajal. A ellos se suman los tres del PRO, tres misioneros del bloque Innovación (Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik), Ricardo López Murphy, de Encuentro Federal, Zago del MID y Lourdes Arrieta que dejó LLA para hacer un monobloque propio.

Manotazos de último momento

La propuesta que el Gobierno se vio obligado a ofrecer apunta a subir la garantía salarial docente. "Es el salario de bolsillo mínimo por cargo docente, luego de descontar los aportes obligatorios. Se aplica por cargo y no por persona. Esto significa que, si un docente tiene dos cargos, percibirá el salario mínimo correspondiente a cada uno de esos cargos. Por ejemplo: un docente que tiene dos cargos de dedicación semiexclusiva cobrará lo mismo que un docente con dedicación exclusiva", detallaron a LMNeuquén en el Ministerio de Capital Humano.

En el sistema universitario la garantía salarial no se actualiza en forma automática. "Se encuentra determinada por el salario mínimo docente para el cargo de maestro de grado, jornada simple, sin antigüedad", indicó la fuente. La decisión unilateral determinó "un salario mínimo docente para el cargo de maestro, jornada simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra" a 380.000 pesos desde abril, a 400.000 pesos desde mayo y 420.000 en julio.

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La medida es retroactiva a abril y por ahora no fueron aportados datos sobre el impacto fiscal. La ley de financiamiento universitario, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, implica el 0,34% del PBI. La respuesta del Gobierno confirma la decisión de aumentar el déficit y contradecir el argumento que utilizó el presidente para vetar la norma. No había plata para aplicar la norma que sancionó el Congreso, pero ahora sí hay fondos para el aumento unilateral de la garantía salarial docente. "Parece que el problema no es que no hay plata, sino que no quieren que legisle el Congreso, justo cuando no pudieron resolver una paritaria y tenemos este conflicto por un problema de mala praxis del Gobierno", bramó un legislador opositor cuando se enteró de la medida.