El Gobierno cruzó a Gran Bretaña por Malvinas: "Buscamos preservar los legítimos derechos de los recursos naturales"
Un nuevo comunicado que lleva la firma de Javier Milei cuestiona el rechazo a la intervención de un tribunal, ante la explotación petrolera en Malvinas
Este jueves por la mañana, el Gobierno Nacional publicó un nuevo comunicado a través de las redes sociales, donde marca la postura sobre soberanía de las Islas Malvinas.
En el comunicado, se afirma que la República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) como un intento de "socavar" los derechos de alguien.
"Nada más alejado de la realidad. Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. Asi es como los Estados comprometidos con el estado de derecho resuelven sus diferencias: no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente", destacan.
"El Reino Unido y la Argentina son Estados Partes en la CONVEMAR. Al ratificarla, ambos aceptaron los procedimientos obligatorios conducentes a decisiones obligatorias previstos en su Parte XV como parte integrante de la Convención. Se trata de una obligación convencional", señalaron.
Y recordaron que una vez más, el recurso argentino al arbitraje no busca "socavar" los derechos de nadie, sino preservar los legítimos, derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales. "Un Estado que pretende hacer suyos los derechos que le confiere la Convención, pero trata sus disposiciones sobre solución de controversias como una afrenta, no está honrando la Convención: está intentando imponer su interpretación -en este caso, infundada- a los demás como una verdad absoluta".
"La comunidad internacional ha reconocido desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", indicaron desde el gobierno.
Y ratificaron que "La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas. Mientras tanto, continuaremos defendiendo nuestros derechos por los únicos medios dignos de una nación comprometida con la paz: el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional".
El mensaje de la Cancillería también es una respuesta a la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien afirmó que las actividades hidrocarburíferas británicas en el área se desarrollan "en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR".
Para el Gobierno, ese argumento se vuelve en contra de quien lo formula: "Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal".
Al mismo tiempo, señalaron que "Argentina ha puesto su caso en manos de árbitros independientes, tal como la Convención la faculta a hacerlo" y remarcó que el Reino Unido, obligado por la misma Convención, "tendrá plena oportunidad de demostrar sus afirmaciones ante ellos".
"Serán ellos quienes se pronuncien sobre el fondo de la posición de cada una de las partes", afirmó.
La resolución de la ONU por la que apeló el Gobierno Nacional
Debido a que la comunidad internacional reconoció hace décadas la disputa por el territorio, Argentina argumentó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas "invitó a los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa".
Además, que la Resolución 31/49 les pidió abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras el proceso siguiera abierto. "La exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo", indicaron.
El Gobierno aAeguró que planteó la cuestión de manera constante por los canales diplomáticos y que, ante "la persistente negativa británica a negociar", ahora lo hace "por las vías jurídicas que la propia Convención prevé"
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