El Gobierno eliminó las triangulaciones con las prepagas: adiós a las "obras sociales" sindicales

En un movimiento orientado a desmantelar esquemas de intermediación cuestionados, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, implementó una medida que impactará directamente a 1,4 millones de afiliados. A partir de ahora, estos usuarios deberán canalizar sus aportes sanitarios de manera directa a las empresas de medicina prepaga que utilizan, sin pasar por obras sociales no registradas.

La decisión, formalizada mediante la Resolución 1/2025, busca erradicar entidades consideradas “fantasmas”, muchas de ellas vinculadas a sindicatos, que operaban como meros intermediarios reteniendo porcentajes de los fondos destinados a la salud.

Según fuentes oficiales, estas obras sociales no figuraban en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS), lo que facilitaba la creación de “cajas negras” con desvíos millonarios.

El gobierno de Javier Milei estima que, históricamente, entre el 3% y 10% de los aportes de los trabajadores se perdían en este laberinto administrativo. “Era un robo legalizado: la casta sindical y empresarial lucraba con recursos que jamás llegaban a su destino real”, explicó un funcionario del área.

El impacto económico y la nueva libertad de elección

La medida no solo promete transparentar el sistema, sino también generar un ahorro inmediato para los afiliados. Al eliminar la triangulación, los aportes se transferirán íntegramente a las prepagas, lo que podría reducir los costos mensuales para los usuarios. Además, se otorga un plazo de 60 días para que cada persona decida si mantiene su vinculación con la empresa de medicina privada o retorna a una obra social tradicional.

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El Gobierno eliminó las triangulaciones en las empresas de medicina prepagas.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a cargo de Gabriel Oriolo, destacaron que el esquema anterior concentraba alrededor de 300 millones de dólares anuales en manos de intermediarios. “Durante dos décadas, estas redes desviaban recursos sin aportar valor real al sistema. Ahora, cada peso estará destinado a garantizar servicios efectivos”, afirmaron. Entre los casos más emblemáticos de irregularidades figuran obras sociales con ratios insostenibles, como la OSCNA (161.000 afiliados y solo cuatro empleados) o la OSADRA, que recauda $1.200 millones mensuales con apenas siete trabajadores.

El gobierno también confía en que las prepagas, al recibir los fondos sin intermediación, eviten aumentos e incluso reduzcan sus cuotas. “Menos burocracia debería traducirse en precios más accesibles”, señaló un asesor del Ministerio. No obstante, la resolución incluye salvaguardas: las empresas receptoras deben estar inscritas en el RNAS y garantizar igualdad de condiciones en el acceso a prestaciones.

Detalles de la implementación y casos emblemáticos

La Resolución 1/2025, firmada por Roberto Luis Olivieri Pinto, establece mecanismos para transferir aportes de trabajadores en relación de dependencia, empleados domésticos y monotributistas directamente a las entidades elegidas. La SSS desarrollará herramientas informáticas para agilizar este proceso y notificará a la Agencia de Recaudación (ARCA) para asegurar el cumplimiento.

Entre las obras sociales señaladas por su desproporción entre afiliados y estructura operativa destacan:

- OSCEAR (Empresarios de Remises): 63 empleados para gestionar $5.500 millones mensuales.

- OSCEP (Capataces Portuarios): 14 trabajadores para 71.897 afiliados.

- OSCOMM (Marina Mercante): $3.650 millones recaudados con 35 empleados.

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Las prepagas vuelven a tener cambios importantes.

Estos casos reflejan un patrón de opacidad que la nueva normativa busca erradicar. “No se trata solo de ahorrar dinero, sino de restaurar la confianza en el sistema”, enfatizó Lugones durante un encuentro con ejecutivos de prepagas.

El Gobierno apunta a un modelo más competitivo y equitativo

La reforma se enmarca en el Decreto 70/2023, que promueve la desregulación del sector salud. Entre los cambios, se eliminaron restricciones para que las prepajas ajusten cuotas según planes específicos, evitando que usuarios de servicios básicos subsidien paquetes premium. Además, se estableció un aporte uniforme del 15% al Fondo Solidario de Redistribución, buscando equilibrar recursos entre actores del sistema.

Para el oficialismo, este es un paso crucial en su agenda de reducir la influencia de grupos corporativos y empoderar a los ciudadanos. “El trabajador debe decidir cómo y en qué se invierte su dinero. La salud no puede ser un negocio opaco”, concluyó un portavoz gubernamental. Con esta medida, el gobierno no solo desafía estructuras de poder tradicionales, sino que redefine las reglas de un sistema que, según prometen, priorizará eficiencia y transparencia.