La decisión fue publicada en el Boletín Oficial. A qué se debe la intervención y por cuánto tiempo será.
Desde el día de la asunción, el Gobierno de Javier Milei puso el foco en las obras sociales y prepagas, a sabiendas de que había muchas cuestiones a revisar. Con varias ya dadas de baja, continúan revisando cualquier tipo de incongruencia y en ese contexto, se intervinieron dos obras.
Es que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) realizó una auditoría y detectó irregularidades al momento de rendir cuentas y durante la prestación de servicios. Esto llevó a que el Gobierno tome una fuerte decisión.
La intervención fue dictada en el Boletín Oficial, bajo los Decretos 911 y 912/2024. Ahí se pueden repasar algunas de las cuestiones irregulares que fueron detectadas por la Subgerencia de Control de Gestión de la SSS.
Entre otras cuestiones, se definió que el plazo de intervención será de 180 días; y que cada una de las dos obras sociales tendrá un interventor ya designado por el Gobierno. De esta figura se espera que presente al Ministerio un informe mensual sobre la gestión, buscando la "normalización" de las obras.
Se trata de la Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL).
En el caso de la primera de las dos obras sociales, se detectó que "no cumple con el Registro de Referentes de Discapacidad" y posee un considerable atraso "en la presentación de los Estados Financieros Discapacidad (EFD) y los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF)".
Según detalla el Boletín oficial, los datos sobre el origen y la aplicación de fondos, y también la información respecto a la situación financiera, era al menos "deficiente" entre marzo de 2022 y febrero de 2024, al tiempo que se encontró una falta de herramientas adecuadas para realizar la medición.
El comunicado oficial advierte que OSPILM "no entregó conciliaciones bancarias ni mayores contables, y de la lectura de las Actas del Consejo Directivo se desprende que la entidad posee en sus activos un inmueble cuya titularidad corresponde al Sindicato de Ladrilleros a Máquina".
También se les señala el hecho de que estas cuestiones habían sido detectadas en auditorías anteriores y, aún así, no hubo una modificación por parte de la obra social; y que hay una falta de información total respecto a la salud de sus afiliados, con un nulo interés por incorporar estos datos.
En cuanto a la Obra Social Del Personal Ladrillero, se advierten "demoras, pérdida de turnos médicos y, en definitiva, obstaculización de su cobertura", y "no difunde normativa, campañas de prevención, información clara sobre la modalidad de acceso a dichas prestaciones, su alcance y trámites respectivos, al igual que para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Identidad de Género, Prevención del Suicidio y Violencia de Género".
Así las cosas, el Decreto 912/2024 concluye que "no garantizan una adecuada y oportuna cobertura de salud a sus beneficiarios, siendo de tal magnitud que interfieren en el normal funcionamiento de la entidad".
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