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El Gobierno Nacional presenta un ambicioso proyecto de ley para promover inversiones y empleo

Busca facilitar el crecimiento de empresas de todos los tamaños. También pretende incentivar que estas "crezcan de acuerdo a sus capacidades".

El Gobierno Nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para la "Promoción de Inversiones y Empleo". Este esfuerzo busca facilitar el crecimiento de empresas de todos los tamaños —micro, pequeñas, medianas y grandes— con un enfoque especial en las PyMEs, además de incentivar las exportaciones y formalizar el empleo en el país.

Según explicaron, esta iniciativa complementará el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Su objetivo es establecer un esquema integral de estímulos que permita a empresas de diferentes sectores invertir y crecer de acuerdo con sus capacidades.

El proyecto contempla una serie de beneficios fiscales diseñados para reducir las barreras de inversión y fomentar el crecimiento empresarial. Entre estos beneficios se encuentran:

  • La desgravación de derechos de exportación para bienes industriales.
  • La devolución anticipada del IVA.
  • Subsidios directos de hasta 150 millones de pesos para inversiones de microempresas, 600 millones para pequeñas empresas, 3.5 mil millones para medianas, y 9 mil millones de pesos en el caso de grandes compañías.
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Estos incentivos están diseñados para adecuarse a las necesidades específicas de cada segmento empresarial, promoviendo la competitividad en todos los niveles del sector productivo.

Además, enfatizaron en la importancia de formalizar el empleo como una de las prioridades del proyecto. De acuerdo a los fundamentos expresados, "a través de estas medidas buscamos no solo fortalecer a las empresas, sino también garantizar derechos laborales para los trabajadores y fomentar la generación de empleo formal".

Una apuesta por la modernización del mercado laboral en el país

En términos de políticas laborales, el proyecto incluye una actualización del marco normativo vigente, particularmente de la Ley de Contrato de Trabajo y del Decreto N° 730/73, que regula el trabajo agrario. Estas reformas están orientadas a promover una mayor flexibilidad y adaptabilidad en el mercado laboral, asegurando al mismo tiempo la protección de los derechos de los trabajadores.

Asimismo, se prevé la implementación de mecanismos para estimular la contratación formal en sectores rurales y agroindustriales, con incentivos específicos para empleadores que regularicen la situación laboral de su plantilla. También se incluyen disposiciones para fomentar la inclusión de jóvenes en el mercado laboral, con el apoyo de incentivos fiscales.

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El impacto que se espera en la economía

Según las autoridades, esta iniciativa tiene el potencial de transformar de manera significativa el panorama económico del país. Al atraer inversiones y fortalecer las capacidades productivas, el proyecto busca generar un círculo virtuoso de crecimiento, aumentando las exportaciones industriales y consolidando la posición de Argentina como un actor competitivo en el mercado global.

La propuesta se enmarca en un contexto de necesidad urgente por mejorar las condiciones del mercado laboral y revertir años de baja inversión productiva. El Gobierno considera que estas medidas no solo beneficiarán al sector privado, sino que también contribuirán al desarrollo sostenible en el ámbito público, regional y municipal.

Ante esto, se espera que el Congreso trate esta iniciativa en los próximos días, en lo que promete ser un debate clave para el futuro del país.

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