El Gobierno pretende cerrar dos empresas estatales que dejarían a 4 mil empleados en la calle

El Gobierno dejó en claro su intención de cerrar dos empresas que dependen del Ministerio de Economía, dejando así en la calle a más de 4 mil empleados. Se trata de Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP) en un plazo mediano, argumentando que ambas entidades duplican funciones de otras secretarías del Estado.

En este sentido, un funcionario del Gabinete afirmó que “no tienen razón de ser” y que su disolución busca simplificar la estructura del gobierno.

Qué pasará con los empleados de las empresas que quieren cerrar

Corredores Viales, una sociedad anónima con 3.565 empleados, se encarga de la gestión de las principales rutas y autopistas del país, abarcando cerca de 6.000 kilómetros. La AGP, por su parte, es una sociedad del Estado con 581 trabajadores, responsable de regular el puerto de Buenos Aires y mantener los canales de acceso al mismo.

Ambas entidades dependen del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya había anunciado la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que cuenta con 269 empleados. La AGP, dirigida por Gastón Alejo Benvenuto, y Corredores Viales, presidida por José Luis Acevedo, están bajo la crítica del Ejecutivo por su solapamiento con la Dirección Nacional de Vialidad y la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.

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Diego Chaher, a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, lidera el proceso de cierre y privatización de estas entidades. Este movimiento forma parte de una serie de reestructuraciones que ya incluyó la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano, que implicará el despido de 1.388 empleados y un ahorro proyectado de $42.000 millones anuales, y la eliminación del Instituto Argentino del Transporte (IAT).

Con la reciente sanción de la Ley Bases, el presidente Javier Milei obtiene la facultad de eliminar competencias y estructuras de entidades gubernamentales, con la excepción de las dependencias del Poder Legislativo y Judicial. Lo mismo aplica para las universidades, el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.

El artículo 52 de la Ley Bases establece que los empleados públicos afectados por cierres o modificaciones tendrán un año de sueldo garantizado mientras esperan ser reubicados o capacitados para otras funciones en el Estado.

Restructuración de Casa de la Moneda y cierre de la ex Ciccone

La Casa Rosada también está considerando la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y reestructuraciones en la Casa de Moneda, en un contexto de reducción del gasto público y ajuste administrativo. Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.

casa moneda

Adorni afirmó que la ceca tiene "severas infeciencias". Además, explicó las funciones que cumple: "se encarga de imprimir billetes pasaportes, patentes de autos, estampillas”.

Además, afirmó que Compañía de Valores Sudamericana (CVS), ex Ciccone Calcográfica es "recordada por uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas”.

Adorni criticó: “La mala administración de la gestión anterior representó un despilfarro de recursos, con deudas que ascienden a US$371 millones, un patrimonio negativo de US$78 millones y un resultado bruto negativo de US$20.500.000."