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El Gobierno promulgó la "Ley Antimafias" con penas más duras: cuáles son los cambios

La normativa entró en vigencia este lunes. Apunta contra las grandes bandas de narcotráfico, el lavado de activos, extorsión y trata de personas.

El Gobierno Nacional dio luz verde a la ley 27.786 conocida como "Ley Antimafias" mediante el decreto 177/2025. Esta normativa se aprobó el pasado 20 de febrero en sesiones extraordinarias del Congreso de forma unánime. Se obtuvo un total de 38 votos, con el apoyo de aliados como el PRO, la UCR y bancadas provinciales, asegurando su sanción.

Su promulgación establece ahora penas más duras para miembros de organizaciones delictivas y su objetivo principal es desarticular las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión y la trata de personas.

El primer capítulo de esta ley estable que se considerará como grupo delictivo a un grupo de tres o más personas que cometan delitos graves, en lugares geográficos establecidos, con un modus operandi definido.

A su vez, se fijan nuevos criterios en relación a identificar la participación de delincuentes en organizaciones criminales, como la reiteración de hechos delictivos en un mismo territorio y el intento de ejercer control sobre determinadas áreas.

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las que empujó esta ley.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las que empujó esta ley.

Otro punto clave es la modificación del Código Penal, que introduce nuevos artículos que endurecen las penas para aquellos que participen, cooperen o ayuden en la formación de una organización ilícita. Las penas pueden variar entre ocho y veinte años de prisión para los involucrados en delitos de grave magnitud, como el narcotráfico y la trata de personas.

Por otro lado, se posibilita que los integrantes de las bandas delictivas sean juzgados de la misma forma. Se eliminan las diferenciaciones según el rol dentro de la organización y todos serán penados por igual.

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Multas y resarcimientos: cambios en una ley neuquina

En los últimos días se conoció que con el objetivo de agilizar los procedimientos en los reclamos que se realizan los consumidores de bienes y servicios, el gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto que busca modificar la Ley de Defensa del Consumidor en Neuquén. ¿Cuáles serían los beneficios que traerían estos cambios?

Tras este anuncio realizado en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el director provincial de Protección al Consumidor, Pablo Tomasini, precisó que con este proyecto se busca que la gente pueda tener un resarcimiento económico, y que además se cumplan las leyes provinciales vigentes.

"Actualmente, la Ley de Defensa del Consumidor indica que cuando tenemos la disposición de multa a las empresas, lo que pueden hacer es apelarla en Tribunales Civiles, y durante varios años Neuquén empezó a completar con leyes. Pero cuando le poníamos la multa, las empresas con artilugios nos empezaban a discutir diciendo que éramos un ente administrativo y nos estiraba un montón los procedimientos", detalló.

Entre estas leyes provinciales, se encuentra la que implica que los cambios de productos que no son consumibles(por ejemplo la ropa), hay un plazo de 30 días para cambiarlos y el cliente puede ir el día que tenga tiempo, ya que está prohibido la restricción de días específicos por parte del comercio.

Otra de las normativas provinciales establece que no puede haber cartelería en los lugares de estacionamientos - como los supermercados -donde se establezca que la empresa no se hace responsables de los robos "eso está prohibido", afirmó Tomasini en diálogo con LU5.

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