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La Mañana Edgardo Kueider

Habló Eduardo Kueider, el senador detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar: ¿Qué dijo?

El legislador fue atrapado en la frontera y esta tarde tuve un fugaz intercambio con la prensa paraguaya. Aseguró que es inocente.

El senador nacional Edgardo Kueider declaró esta tarde que el dinero que le fue incautado "no era suyo", después de haber sido detenido en la frontera con Paraguay con 200 mil dólares sin declarar. El incidente desató un fuerte revuelo en la política argentina, dado su rol clave en el Senado y sus recientes alianzas políticas.

Horas después de su detención, Kueider se defendió públicamente alegando que el dinero no le pertenecía. “Voy a dar mi versión al fiscal respecto de mi total inocencia en el caso. No tengo que explicar nada porque el dinero no era mío. Que siga la investigación como corresponde”, declaró ante los medios paraguayos.

El caso está en manos del fiscal paraguayo Edgar Benítez, quien solicitó la detención del legislador para garantizar su sometimiento al proceso judicial. Según explicó Benítez, Kueider permanecerá detenido hasta su audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Penal de Garantías.

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Oscar Orué, director de Ingresos Tributarios de Paraguay, confirmó que Kueider fue detenido durante un procedimiento de rutina y que no colaboró con la investigación. “Llevaba más de 200 mil dólares y más de 600 mil pesos argentinos. En el momento del procedimiento, no informó para qué era el dinero ni con qué fin. Eso se determinará en el sumario administrativo”, explicó.

Detalladamente, las autoridades paraguayas informaron que llevaba consigo 211.102 dólares, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes (aproximadamente 500 dólares). Al no presentar documentación que justificara la posesión de ese dinero, fue arrestado y trasladado a una sede policial.

Por su parte, el embajador argentino en Paraguay, Guillermo Nielsen, fue informado del caso, aunque las decisiones sobre el estatus legal de Kueider ahora están a cargo de la fiscalía paraguaya.

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La detención de Kueider no solo generó incomodidad en el ámbito político, sino que también puso en aprietos al oficialismo y al Ejecutivo, que intentaron desvincularse del escándalo. Su rol como un legislador clave en el Senado, sumado a su liderazgo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, complica el panorama en caso de un eventual pedido de desafuero.

Este escándalo también deja en evidencia las tensiones internas del Congreso argentino y las repercusiones de las alianzas estratégicas en la política nacional. Con un mandato vigente hasta diciembre de 2025, el futuro político y legal de Edgardo Kueider pende ahora de un hilo mientras la Justicia paraguaya avanza en su investigación.

Inconsistencias en sus declaraciones juradas

Según trascendió, entre 2018 y 2021, Kueider presentó regularmente su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, declarando en su última presentación un patrimonio de $5.455.940. Sin embargo, desde 2022, dejó de hacerlo. Este detalle despertó sospechas sobre su manejo patrimonial y su vínculo con el dinero incautado.

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El director nacional de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, también reveló que Kueider viajaba frecuentemente al país, un detalle que llamó la atención de las autoridades en el marco de esta investigación.

Antecedentes y conexiones políticas

El caso tomó mayor relevancia debido a las implicancias políticas del legislador. Kueider, quien actualmente forma parte del bloque Unidad Federal, había roto filas con el Frente de Todos en 2022, argumentando que lo hacía para defender los intereses de su provincia, Entre Ríos. Sin embargo, en las recientes votaciones en el Senado, se alineó estratégicamente con el oficialismo y se convirtió en un aliado clave del bloque libertario tras la llegada de Javier Milei al poder.

Este posicionamiento político generó tensiones en su propio espacio y ahora complica aún más su situación. El bloque de Senadores de Unión por la Patria ya solicitó su expulsión del Senado. Curiosamente, Kueider preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tendría que tratar un eventual pedido de desafuero en su contra.

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