"Imbécil", "idiota" y "retardado": qué dijo el Gobierno sobre su polémica resolución

El Gobierno anunció este jueves que "modificará" la resolución 187 publicada en el Boletín Oficial hace un mes y medio, luego de la controversia que generó el uso de terminología discriminatoria para referirse a personas con problemas de salud mental.

En el Anexo I del documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se usaron los términos "idiota", "imbécil", "débil mental" y "retardado" para caracterizar a los que sufren problemas mentales, lo que causó rechazo en las organizaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad.

Tras la polémica por el uso de ese tipo de lenguaje, desde la ANDIS aclararon en un comunicado que fue un "error" haber utilizado esa terminología y sostuvieron que no hubo "ninguna intención discriminatoria".

"Se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", explicó el organismo, y añadió que ese tipo de caracterizaciones fueron utilizadas en el pasado en medicina psiquiátrica, aunque se eliminaron por su carácter peyorativo.

A pesar de la modificación, el organismo sostuvo que la "corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación".

La resolución, que había generado controversia, tiene como objetivo establecer criterios para evaluar a las personas que cobran pensiones por invalidez.

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El reclamo al Gobierno

El Gobierno volvió a quedar en el ojo de la tormenta por la utilización de términos descalificatorios en un documento oficial. Todo comenzó con la publicación de la Resolución 187/2025 por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, en la que se definen las revisiones y repartos de las pensiones no contributivas a personas con invalidez.

La presidenta del IPRODICH, Ana María Mitoire, cuestionó la resolución al asegurar que las palabras utilizadas "son retrógradas, porque tienen que ver con un modelo ya perimido, donde no se reconoce a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho en igualdad de condiciones".

Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló semanas atrás a La Nación que "las expresiones que usa la normativa refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y aún existe para las personas con discapacidad. Son términos obsoletos y peyorativos que implican una violación directa a la Convención, que en el artículo 8 establece el deber de los Estados de adoptar todas las medidas para fomentar el respeto y dignidad de las personas, luchar contra prejuicios y estereotipos. Usar estos términos es contrario a los deberes que establece este artículo en cuanto a la lucha contra la discriminación".

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Para Quiroga también "se incumple una de las obligaciones que establece la Convención: garantizar su participación en procesos vinculados a políticas públicas que tengan un impacto directo o indirecto en sus vidas".

En diálogo con el mismo medio, la presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Gabriela Troiano, califico el uso de esos términos como "un acto de violencia institucional sin precedentes". Además, deslizó que "es un acto discriminatorio que muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad y de la normativa vigente en la Argentina sobre cómo referirse a ellas. Hablar en términos tan peyorativos que denostan a la otra persona es una terminología muy violenta. Si ya está escrito en una norma, es grave".