Javier Milei, vigilado por la Justicia: el dato clave que podría complicarlo con el escándalo cripto

Avanza la investigación sobre el escándalo cripto $LIBRA, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado exigió a la Policía Federal y a la Casa Militar los registros de acceso a la Quinta de Olivos del 14 y 15 de febrero. Esta solicitud apunta a dilucidar si Javier Milei utilizó instalaciones oficiales para publicar el posteo que desató reclamos legales.

La magistrada busca determinar el contexto geográfico del mensaje para definir su competencia en el caso, mientras el fiscal Federico Iuspa mantiene un perfil bajo sin avanzar aún en la indagatoria.

Paralelamente, el foco judicial se amplía hacia las reuniones sostenidas por el mandatario y su equipo con empresarios del ecosistema cripto. El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la causa en Comodoro Py, solicitó formalmente el cotejo del Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior. Este mecanismo, diseñado para transparentar encuentros oficiales, podría revelar la frecuencia y contenido de los contactos entre funcionarios y figuras vinculadas al lanzamiento de Libra.

Entre los nombres bajo escrutinio destacan Mauricio Gaspar Novelli, organizador del Tech Foro donde Milei interactuó con varios implicados, y Julian Peh, cuyo protocolo tecnológico habría sustentado la creación del token.

Cómo está la investigación sobre Javier Milei

La investigación profundiza en tres ejes: la naturaleza de las conversaciones, posibles acuerdos comerciales no declarados y el uso de influencia estatal para beneficiar intereses privados. Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy están bajo observación por su rol en eventos que facilitaron encuentros clave, mientras Hayden Mark Davis, dueño de Libra, suma interrogantes sobre su vinculación con Peh y autoridades locales. Taiano enfatizó en su requerimiento la necesidad de documentar exhaustivamente cada hallazgo, advirtiendo que omisiones podrían obstruir el proceso.

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Javier Milei, investigado por el escándalo cripto del token $LIBRA.

Este capítulo judicial trasciende lo administrativo al apuntar a delitos graves. El fiscal Taiano menciona en sus actuaciones posibles figuras como abuso de autoridad, estafa agravada y cohecho, sugiriendo que las pruebas recolectadas hasta ahora justifican sospechas de conductas ilícitas.

Un aspecto crítico radica en establecer si Milei actuó en su carácter institucional durante estas interacciones o si, por el contrario, operó como promotor particular del proyecto. La falta de registros oficiales sobre dichas reuniones alimenta especulaciones sobre su transparencia.

Mientras avanzan estas diligencias, el caso Libra expone tensiones entre la retórica gubernamental de desregularización financiera y los protocolos éticos para cargos públicos. Analistas jurídicos subrayan que, más allá del resultado, el proceso podría sentar precedentes sobre cómo se fiscalizan las relaciones entre funcionarios y sectores emergentes como las criptomonedas. Con al menos cinco empresarios y dos CEOs internacionales involucrados, la trama combina alta tecnología, finanzas descentralizadas y un inédito escrutinio sobre la gestión de audiencias presidenciales.

La resolución de Arroyo Salgado sobre los registros de Olivos marcará el próximo hito, ya que su contenido podría vincular directamente al presidente con acciones promocionales desde dependencias estatales. Hasta entonces, tanto la Justicia como la opinión pública aguardan respuestas que aclaren si existió un uso indebido de recursos públicos para impulsar una iniciativa privada en un mercado tan volátil como el criptográfico.